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26/9/19

Una Introducción al modelo de la Economía Participativa (Parecon)

"Este artículo presenta brevemente el modelo político y económico que Michael Albert y Robin Hahnel han llamado Parecon (Participatory Economics o Economía Participativa). El modelo ha suscitado gran interés dentro del movimiento libertario y en todos aquellos teóricos y activistas que están generando y proponiendo alternativas al sistema socioeconómico dominante.
La Economía Participativa, que nació a principios de los 90, pretende promover que todas las decisiones económicas a la hora de producir y consumir sean tomadas de una forma democrática y participativa. 

Como democrática, los autores no entienden la actual estructura de democracia representativa, sino aquella en la que las personas participan directa y activamente en todas las cuestiones que afecten, en mayor o menor grado, sus vidas. Pero voy a dejar que sea M. Albert quien defina su modelo:

“El Parecon rechaza la propiedad privada de los medios de producción, la organización corporativa del trabajo y los mercados y/o la planificación centralizada. En vez de ser los capitalistas o los gerentes los que gobiernen a los trabajadores, Parecon es una economía donde los trabajadores y los consumidores cooperan para determinar sus preferencias económicas y se benefician de éstas, de forma que promueven la equidad, la solidaridad, la diversidad y la autogestión. El Parecon no entiende de clases.”

El análisis que M. Albert y R. Hahnel hacen a la hora de comparar diferentes estructuras político-socioeconómicas toma como punto de partida cinco “valores económicos”: equidad, diversidad, solidaridad, autogestión y eficiencia.(...)

El modelo de la Economía Participativa

Antes de nada, voy a explicar las instituciones que constituyen el modelo y sus características básicas para poder entender así mejor la crítica que posteriormente vayan a hacerle:

1.- Consejos de productores y consumidores: estos serían los órganos fundamentales para la producción y el consumo. Las personas toman el papel de productores (en la fábrica, oficina o lugar donde trabajen) revelando públicamente las características cuantitativas (que podrían representarse mediante un sistema de precios) y cualitativas de su trabajo: el tiempo y los materiales necesarios para producir, el grado de esfuerzo que la tarea implica, las habilidades necesarias para realizar la tarea, las condiciones laborales, etc. 

La toma de decisiones se haría democráticamente y dependiendo de su relevancia tendría que aprobarse por una votación por mayoría, 2/3 del total o si fuera necesario, por consenso. Los consumidores tendrían que aportar la misma información pero agregando las preferencias de cada individuo, barrio, pueblo, ciudad, región o federación, en un plan propio. 

Esto es porque existen diferentes niveles de necesidades, no es lo mismo necesitar un cepillo de dientes, que una biblioteca pública para el municipio o una carretera que una dos ciudades; cada agrupación haría una propuesta con su cesta de consumo teniendo en cuenta el trabajo que cada unidad hubiera realizado y lo que se ha necesitado para producir dichos bienes, al igual que las condiciones de los trabajadores que producen dichos bienes.

2.- Planificación participativa: En asambleas de barrio, ciudad, región y federación, se toman y coordinan las decisiones que afectan a cada nivel, uniendo propuestas y resolviendo los conflictos que puedan surgir de las diferentes preferencias. 

Así, siempre y cuando se asegure una cesta de consumo mínimo por cada barrio y por cada individuo, independientemente del trabajo mejor o peor realizado; a través de los precios, que reflejaban las características cuantitativas del proceso productivo, y la información cualitativa que los trabajadores hayan aportado, las asambleas intentarán enlazar la oferta y la demanda repetidas veces, haciéndoles a los agentes modificar sus propuestas hasta que lleguen a un punto en común. Albert y Hahnel proponen que exista un Comité de Asistencia a la Iteración que trabaje exclusivamente para coordinar este proceso.

3.- Combinaciones equilibradas de empleo: El modelo de la Economía Participativa no aboga por la especialización, que supone la existencia de personas con mayor capacitación para obtener información y habilidades, sino por que cada persona realice una pluralidad de tareas y se promueva la rotación en el lugar de trabajo.

 De esta forma, el cirujano no sólo se dedicaría a operar al paciente, también tendría que, por ejemplo, destinar una parte de su trabajo a limpiar y organizar el laboratorio o a hacer la labor de secretario. Cada cual sería libre de decidir dónde trabajar, pero debido a que el empleo no estaría restringido exclusivamente a una tarea, los trabajadores tendrían que realizar una pluralidad de actividades asumiendo diversas responsabilidades.

4.- Remuneración: Ya que en el Parecon no existe la propiedad privada sobre los medios de producción (aunque sí que se concibe la posesión de ciertos bienes, concepto que Proudhon bien describió), la variable que proponen como retribución al trabajo que cada individuo aporta a la sociedad es el esfuerzo. 

Es decir, proponen que la remuneración tendría que calcularse según las horas de trabajo empleadas y, teniendo en cuenta también, cuánto de satisfactoria fuese la tarea realizada. Así, habría que establecer ciertas medidas estándares basándose en las horas de trabajo y la información cualitativa enviada por cada puesto de trabajo. 

Por ejemplo: en un mismo puesto de trabajo que agrupe una serie de tareas similares, obtendría una mayor remuneración aquel que trabajara proporcionalmente más horas aparte del mínimo necesario, sin tener en cuenta la productividad de cada trabajador. Esta remuneración extra la habría obtenido para poder consumir alguna facilidad que estuviera fuera de la cesta básica de consumo otorgada a cada persona por el mínimo de horas que se le exige. Tampoco tendría por qué cobrar más un editor que trabaja seis horas que un minero que trabaja cuatro, ya que el trabajo del último es más arduo y menos gratificante que el del primero.

¿Cómo responden estas cuatro características ante los principios de equidad, diversidad, eficiencia, solidaridad y eficiencia?

“Una buena definición de equidad es que cada persona recibe por lo que ha hecho lo que merece. […] El Parecon recompensa el esfuerzo y sacrificio. Si uno piensa que hacer esto es justo, favorecerá el Parecon en esta puntuación. […] No todo el mundo obtendrá lo que siempre merece, pero las desviaciones no serán sistémicas, no enriquecerán a ningún sector a expensas de otro.”

En cuanto a la solidaridad, ya que nadie se puede beneficiar a expensas de terceros, además de que si alguien mejora sus condiciones laborales también mejorarán las de los demás (debido a las combinaciones equilibradas de empleo), podemos decir que cuando una persona gana, ganan los demás. Esta dinámica promueve la solidaridad y la reciprocidad, al igual que suscita el deseo de querer que los demás mejoren su condición porque dichas mejoras nos repercutirán a su vez positivamente.

La rotación y la capacitación de las personas en las diferentes tareas que puedan realizarse en un lugar de trabajo promueven la diversidad, al igual que enriquece los conocimientos y habilidades de los trabajadores. Este dinamismo limita la estratificación y potencia que las personas lleguen a realizarse y disfruten de la variedad.

Así habla Albert de la autogestión: “Las decisiones en este modelo se toman según el método que mejor permita a la persona influenciar proporcionalmente sobre las decisiones de acuerdo a cuánto le repercutan sobre sí mismo. ¿Puede conseguirse esto todo el tiempo? Por supuesto que no. Pero, ¿proporciona el Parecon el contexto, la información y los incentivos para lograr dicho objetivo? Sí, es una característica clave del modelo.”

Para terminar, la respuesta que dan al criterio de eficiencia es completa pero muy extensa, por lo que me ceñiré a decir que, debido a que el Parecon pretende integrar en la toma de decisiones a los agentes que se benefician o perjudican de la actividad económica, las decisiones a las cuales se llegue, revelarán preferencias más exactas que las que la economía de mercado o la planificación centralizada pueda ofrecer con su sistema de precios. 

El resultado de los procesos de negociación será más exacto al introducir información cuantitativa (precios) y cualitativa (condiciones laborales, etc.), y los recursos que se destinen tendrán un mayor grado de adecuación con las necesidades y preferencias de los individuos y la sociedad.

Algunas conclusiones

Antes de terminar, me gustaría comentar brevemente una cita de R.Hahnel durante su conferencia en las Jornadas del Centenario de la CNT (22 de abril de 2010, Barcelona):

“la perspectiva anarquista no ve la necesidad de planificar detalladamente los procedimientos que ayuden a productores y consumidores, quienes deberían tener autonomía en algunos aspectos pero no en otros. Actividades de planificación que están fuertemente interrelacionadas y que deben realizarse simultáneamente de forma equitativa y eficiente. Por desgracia, como economista profesional debo decir que me parece que todo el debate dentro de la Izquierda acerca de cómo organizar una economía autogestionada peca de… ¿cómo decir esto sin caer en el insulto?… ingenuidad y desinformación, le sobra la tozudez del creyente pero carece de soluciones concretas para problemas reales.”

Como él bien expresa, la izquierda radical ha tenido y tiene (todavía) miedo en plantear abiertamente un programa político-económico completo. Puede ser porque nadie quiera caer gratuitamente en disquisiciones fútiles. De hecho, probablemente sean conscientes Hahnel y Albert de que el Parecon, tal y como lo proponen, nunca llegue a existir, ni llegue siquiera a aproximarse a la sociedad del futuro (sea lo que sea) en lo más mínimo. Supongo que la gente no quiere arriesgarse a presentar (para no imponer) públicamente una visión de cómo tenemos que interactuar en el mundo, y de cuáles son las pautas que debemos seguir para llegar a la deseada libertad, porque nadie posee ni poseerá dicha llave.

Pero tampoco quita que haya que intentar imaginar y visualizar aquel objetivo por el que trabajamos y luchamos, ya que puede facilitar el trabajo del presente y la creación de estrategias y tácticas de actuación eficaces. En este caso, los dos economistas americanos se han zambullido en el difícil trabajo de estructurar y delimitar las diferentes pautas y órganos que podrían regir una futura sociedad. No hay que restar importancia al esfuerzo que han realizado para explicar por qué es deseable una “visión económica anarquista”, ya que este trabajo puede llegar a aportar ideas que clarifiquen algunos de los principios por los cuales nos podríamos mover, al igual que, como ya he dicho antes, algunas de las estrategias que podríamos establecer para cambiar, si es posible, nuestra sociedad.

Recomiendo, por lo tanto, la lectura del libro Parecon: Vida después del capitalismo, porque puede resultar útil para que desaparezcan de nuestra conciencia ciertas reticencias a nuevos modelos, y podamos plantear sin miedo y con mayor claridad programas políticos mejor estructurados y presentarlos como una alternativa bien fundamentada al sistema socioeconómico predominante. (...)"             (Jon Las Heras Cuenca, Economía crítica y crítica de la economía, 20/05/12)

23/9/19

El modelo de la Economía Participativa es una alternativa al capitalismo y al socialismo de mercado, porque es un sistema de planificación participativa bastante completo, ya que permite analizar cómo se toman las decisiones... En Cuba podrían hacer un cambio en el sistema de planificación que sería magnífico y que podría hacerse bastante rápido...

"(...) DIAGONAL: ¿Podrías definirnos las ideas que, junto a Michael Albert, has desarrollado en el modelo de la Economía Participativa?

ROBIN HAHNEL: Es una alternativa al capitalismo y al socialismo de mercado, porque es un sistema de planificación participativa bastante completo, ya que permite analizar cómo se toman las decisiones. Refleja las posiciones del socialismo libertario desde hace años y en sus diversas tradiciones. Tiene varias partes: con respecto al trabajo, hay un consejo de trabajadores, donde cada persona tiene un voto de cara a la toma de decisiones. 

También se propone que los consumidores se organicen formando consejos en sus barrios. Proponemos que los consejos de trabajadores y los consejos de consumidores, en sus barrios, realicen sus propuestas de lo que quieren hacer, desde el punto de vista de producir o consumir, y ellos mismos negocien cómo van a unir eso en un plan anual factible. 

Desde mi punto de vista, esta idea de planificación enfatiza que los trabajadores y consumidores participen en la formulación de sus propias actividades. Esto se distingue de otras concepciones de planificación mediante representantes que van a reuniones de planificación a gran escala.

En nuestra opinión esto no da suficiente autonomía a los trabajadores en sus propias empresas y a los consumidores en sus barrios.

D.: Y en los consejos de trabajadores, ¿cómo se reparten los frutos y ganancias del trabajo?

R.H.: Esto también es parte de nuestra propuesta, en la que se remunera a los trabajadores según su esfuerzo. Esto se decide por los propios trabajadores dentro del consejo, en función, por ejemplo de las horas trabajadas. A veces las horas de unos no suponen lo mismo que las horas de otros: nadie mejor que el propio consejo y las personas con las que uno trabaja para evaluar esto. Es necesario reconsiderar cómo se organiza el trabajo para construir una economía socialista libertaria. 

 Algunas tareas aumentan el poder de la persona para participar en la toma de decisiones. Hay que reorganizar el trabajo para que todos tengan acceso a tareas que dan el poder de participar. Hay que alternar las tareas para que no haya personas que siempre tengan que asistir a reuniones y evaluar situaciones mientras otras están siempre trabajando con las manos.

Si dejamos la organización de esta manera, llegamos a la forma tradicional tanto del capitalismo como del socialismo soviético del siglo XX, donde, aunque cada trabajador tenga su voto, se da una democracia formal, pero no real. Hay que transformar el trabajo si queremos una situación en la que se dé una participación efectiva para que cada persona tenga acceso y oportunidades en la toma de decisiones.

D.: ¿Qué estrategias de transición pueden establecer los movimientos sociales para avanzar hacia este modelo?

R.H.: Depende mucho de los países y las condiciones de sus movimientos sociales. Desde mi punto de vista, esta sociedad socialista libertaria que proponemos es una sociedad democrática, por tanto la mayoría de la gente tiene que estar a favor de este sistema. Tenemos que buscar la manera de hablar, comunicar y convencer a la mayoría de que este sistema es preferible al capitalismo. Desde mi punto de vista, hay que aumentar los movimientos reformistas pero populares. 

El movimiento sindical, el movimiento de consumidores, el movimiento de mujeres, el movimiento contra la guerra... necesitamos que estos crezcan, aunque pienso que esto, realizado de forma aislada, nos llevaría al fracaso, como sucedió con el movimiento que dio lugar a la socialdemocracia en el siglo XX, que se limitó a su carácter reformista y nada más. 

Yo pienso que al mismo tiempo que se fortalecen estos movimientos reformistas dentro del capitalismo se fortalecen las ideas de cambio, pero a la vez tenemos que potenciar experimentos de cooperación equitativa, organizando cooperativas de consumidores, cooperativas de productores y una larga variedad de instituciones no capitalistas. Hay que ir en una vía paralela, ya que una vez que una parte importante de la población entienda que sería mucho mejor organizar la economía de una forma totalmente diferente a la del capitalismo, se deben empezar a organizar los consejos en los centros de trabajo y en los barrios.  

Creo que no es realista en la mayoría de países, especialmente en EE UU, pensar que podemos empezar a construir ahora los consejos que un día nos permitirán organizar la economía y la sociedad de una forma nueva. Tenemos mucho trabajo que hacer antes de llegar a la situación donde pueda empezarse este proceso. 

En otros países puede ser muy distinto. Por ejemplo, en Venezuela lo pueden hacer y lo hacen ahora. En Cuba podrían hacer un cambio en el sistema de planificación que sería magnífico y que podría hacerse bastante rápido. Pero en la mayoría de los países capitalistas todavía tenemos mucho trabajo para aumentar la influencia de este tipo de propuestas.

Robin Hahnel, creador de la ‘parecon’

La economía política de la economía participativa es el título de una investigación que Robin Hahnel y su colega Michael Albert publicaron en 1991. Este libro fue visto, en pleno derrumbe del modelo soviético, como una alternativa al centralismo socialista, al socialismo de mercado y al capitalismo contemporáneo. Hahnel, junto a Albert, es el creador del modelo económico denominado ‘economía participativa’ (llamada parecon en inglés), una teoría de raigambre libertaria que se basa en un tipo de gestión común, ya que, en palabras de Hahnel, “la gente aborrece los vacíos de gestión”.


Esta propuesta se basa en los principios de equidad, solidaridad, diversidad y autogestión participativa."                 (Entrevista a ROBIN HAHNEL, Jon Bernat Zubiri-Rey , Diagonal, 15/06/10)

25/10/16

¿Una vía hacia la democracia económica? La sueca...

"Una de las principales contradicciones del capitalismo es el choque frontal entre la democracia política y la democracia económica. Mientras la primera está relativamente asegurada en el marco del parlamentarismo representativo heredado de las revoluciones liberales del XIX, la segunda es reprimida de raíz por la estructura económica capitalista, basada en la propiedad privada de los medios de producción y la explotación. 

Para comprender esta contradicción y entender los mecanismos que podrían paliarla o, incluso, hacerla desaparecer, es imprescindible que nos detengamos brevemente en una pregunta aparentemente sencilla: ¿en qué consiste exactamente la democracia económica?

Si bien se trata de una cuestión ardua que conlleva un debate de gran calado, en el ámbito que aquí me ocupase podría definir la democracia económica en términos sencillos como el poder de decisión de los ciudadanos, en general, y de los asalariados, en particular, sobre la producción, la distribución, el excedente y la acumulación. 

La ampliación y profundización de este tipo de democracia permitiría aumentar la influencia de la clase trabajadora sobre los objetivos de la economía, lo que haría posible un mayor peso de las necesidades humanas, sociales y medioambientales en la toma de decisiones frente a las exigencias de lucro y crecimiento a corto plazo a las que obliga la lógica capitalista. 

Gracias a ello, cuestiones cruciales para el desarrollo y el bienestar, como el trabajo, la educación, la sanidad, la igualdad de ingresos y riqueza o la sostenibilidad, ocuparían un lugar mucho más relevante a la hora de planificar e implementar la actividad económica.

Dos son las vías clásicas que la investigación y la política han venido proponiendo para un mayor acercamiento a la democracia económica: el principio de la paridad y el de la propiedad. El primero apuesta por construir marcos legislativos conducentes a limitar el poder de decisión que emana de la propiedad del capital en favor de una mayor influencia de los trabajadores, aunque sin modificar la estructura básica de dicha propiedad. 

Para ello, propone las clásicas leyes de cogestión, entre las que destaca el conocido referente de la Mitbestimmung alemana. Esta ha sido la corriente dominante en la socialdemocracia en las décadas pasadas, aunque actualmente no atraviesa su mejor momento.

Por su parte, el principio de la propiedad se enfrenta de lleno con el núcleo duro del capitalismo: la propiedad privada de los medios de producción. Esta alternativa considera que la cogestión no acaba ni con la desequilibrada distribución de riqueza característica del sistema ni tampoco con las bases estructurales de la desigualdad de poder entre trabajo y capital en la que se basa la explotación. 

Sin embargo, no por ello se trata de una estrategia revolucionaria ni frontalmente anticapitalista, ya que nada tiene que ver con la abolición del capitalismo desde su raíz que defiende, por ejemplo, el marxismo. Bien al contrario, esta vía acepta las reglas básicas del mercado como sistema de asignación de recursos y productos, de manera que no acaba con las múltiples contradicciones asociadas a la competencia, a la realización y a la valorización del capital.

Entre los diversos instrumentos posibles dentro del marco del principio de la propiedad destaca, por ser el más desarrollado en el terreno teórico y práctico, el de los fondos de inversión colectiva. 

Podrían definirse como “la acumulación gradual de capital en varias empresas a nombre de determinados grupos de trabajadores o de ciudadanos a nivel local, regional, nacional o supranacional para su beneficio colectivo a través de un mecanismo mediante el que estos grupos adquieren fracciones crecientes de la propiedad de dichas empresas a través de fondos de inversión que funcionan como depositarios del capital”[1].

Aunque existen otros ejemplos históricos muy interesantes, como el caso del Statens Pensjonsfond noruego o los Fonds de solidarité FTQ de Québec, el experimento probablemente más avanzado y potencialmente radical en este sentido fue el de los Fondos de Inversión de los Asalariados (Löntagarfonder) aprobados por el gobierno socialdemócrata sueco en la década de los ochenta del siglo pasado.

 Revisaré a continuación sus elementos básicos con el fin de delinear sus virtudes, sus límites, sus contradicciones y, sobre todo, sus enseñanzas para posibles estrategias futuras en pos de la democracia económica.

Los fondos de inversión de los asalariados: orígenes y aplicación

Lo primero que hay que decir es que estos fondos puestos en marcha en Suecia no son, de ninguna manera, una idea sueca. En realidad, se trata de una estrategia originada y desarrollada en otros países europeos con anterioridad, aunque sin que en ninguno de ellos llegara a ponerse en marcha. 

El primer proyecto en esta línea, conocido como Plan Gleitze, fue teorizado en la RFA en los años cincuenta y entró en el debate político en los setenta, aunque sin éxito. Otras iniciativas similares fueron probadas en la misma época en otros lugares como Dinamarca, los Países Bajos o el Reino Unido, sin llegar tampoco a implementarse.

El proyecto diseñado inicialmente en Suecia en los setenta en el seno de la poderosa Confederación de Sindicatos (LO), conocido como Plan Meidner por el nombre de su principal promotor[2], era francamente radical, sobre todo si tenemos en cuenta el tradicional pragmatismo reformista que siempre ha caracterizado a la socialdemocracia escandinava. 

En pocas palabras, obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas. 

Los réditos obtenidos por estos fondos serían usados exclusivamente para comprar nuevas acciones o para financiar programas de formación en gestión para los trabajadores. Dado que no se contemplaba ninguna forma de titularidad individual de los valores adquiridos ni su venta, el proyecto asumía un principio básico de propiedad colectiva.

De haberse puesto en marcha, el Plan Meidner habría tenido un impacto dramático sobre la propiedad corporativa. Según sus normas de funcionamiento, cuanto más rentable fuera una empresa, más rápidamente pasaría su propiedad a manos de los  sindicatos[3]. 

Esto llevaría a un proceso hacia la socialización democrática del capital sin parangón en ninguna otra nación capitalista. Como escribió David Harvey: “Probablemente en ninguna parte del mundo occidental el poder del capital se vio más amenazado en la esfera democrática durante la década de 1970 que en Suecia”[4].

A nadie puede sorprender, pues, que la reacción del capital fuera unánime y furibunda. Gracias a su capacidad económica y su influencia política y mediática, las empresas fueron capaces de convocar (y financiar) grandes manifestaciones en las calles, insistentes campañas de rechazo al proyecto en la prensa y todo tipo de contraataques desde los diversos partidos de la derecha[5].

Más allá de las formas y las exageraciones, lo cierto es que el principal argumento contra el Plan Meidner no era descabellado, puesto que esta iniciativa suponía la ruptura total del llamado “compromiso histórico” que capital y trabajo firmaron en Saltsjöbaden en los años treinta y que llevaría a más de cuatro décadas de crecimiento y acumulación más o menos equilibrados y de casi absoluta paz social. 

En este acuerdo, el capital aceptaba la hegemonía política de la socialdemocracia y el papel preponderante de los sindicatos en la construcción de un modelo de corte corporativista a cambio de la renuncia por parte de éstos a promover cualquier tipo de medida que pusiera en peligro la propiedad capitalista y su monopolio en la gestión económica y en las decisiones relativas al empleo. Obviamente, los fondos salariales de inversión suponían una impugnación innegable de estos principios.

A raíz de esta campaña, ni la clase trabajadora ni la opinión pública llegaron a identificarse con este proyecto, del mismo modo que en las filas del Partido Socialdemócrata de Suecia (SAP), fielmente apegadas a su ancestral pragmatismo, tampoco reinaba el entusiasmo, precisamente. Como dijo Robin Blackburn: “El Plan Meidner era muy radical y ellos [los socialdemócratas] no lo eran”[6].

Así, tras tres profundas revisiones destinadas a hacer digerible esta propuesta sindical entre los cuadros del partido con el fin de posibilitar su implantación legislativa, el plan acabó convirtiéndose en una pálida y deformada sombra de lo que originalmente se pretendía. 

El nuevo proyecto, finalmente aprobado en el Parlamento en 1983 y puesto en marcha al año siguiente, renunciaba de raíz a que los fondos pudieran alcanzar la mayoría del capital social en ninguna empresa, convirtiéndolos en poco más que nuevas versiones de los clásicos fondos de pensiones (ATP) que ya existían en Suecia desde los años sesenta. 

 Estos fondos realmente existentes, en lugar de nutrirse de ampliaciones de capital condicionadas a las ganancias de las empresas, se financiaban con impuestos que, además, en su mayor parte, procedían de los salarios, de manera que renunciaban a cualquier tipo de redistribución de la propiedad corporativa[7].

Finalmente, tras alcanzar unos resultados situados a años luz de las pretensiones iniciales, estos fondos fueron abolidos en 1991 por una coalición de derechas que logró desbancar temporalmente al SAP del gobierno. Con ello, no sólo se acabó con una de las más prometedoras iniciativas que jamás ha propuesto el reformismo en pos de la democracia económica, sino que se dañó muy gravemente la propia posibilidad de mantener el debate público acerca de este tipo de cuestiones en el futuro. 

Objetivos de los fondos de inversión de los asalariados

Los fondos de inversión de los asalariados pretendían alcanzar cuatro objetivos de carácter político; a saber: aumentar la influencia de los asalariados en la gestión de las empresas, fomentar la socialización del capital, fortalecer la posición de poder de los sindicatos y estimular la solidaridad y la conciencia de clase entre los trabajadores. 

Además, el proyecto original buscaba conseguir dos hitos económicos: luchar contra la creciente concentración de capital y riqueza que, a pesar de la igualación de ingresos del trabajo, se venía dando en Suecia desde los años treinta y resolver algunos de los principales efectos perversos que la llamada política salarial solidaria.

 Entre estos últimos, destacaban los beneficios extraordinarios que generaba a las grandes corporaciones exportadoras, el estancamiento en el crecimiento de los salarios de los empleados de mayor cualificación y el trasvase masivo de ingresos desde el trabajo hacia el capital[8]. La versión finalmente puesta en marcha incluía un cuarto objetivo muy relacionado con la situación de crisis económica por la que atravesaba Suecia en los años setenta: la formación de capital destinado a la inversión productiva. 

Mediante este último fin, se pretendía contrarrestar el irrefrenable desplome de la inversión derivado de la caída de los beneficios corporativos y, además, orientar la acumulación hacia destinos funcionales para la creación de empleo, el crecimiento y el incremento de la competitividad.

En particular, este cuarto objetivo económico tenía la virtud de facilitar un ritmo de inversión más estable y una menor dependencia respecto de las expectativas sobre las tasas de ganancia, lo que podía resultar útil para amortiguar los efectos perjudiciales de las recesiones sobre el crecimiento y el empleo. 

Además, esta suerte de mecanismo anticíclico, al estar gobernado por los sindicatos, podría incorporar criterios de inversión menos especulativos y a más largo plazo. Gracias a ello, coadyuvaría a centrar el foco de atención en mayor medida en cuestiones como la lucha contra el paro, la subida del salario directo y relativo o la mejora de las condiciones de trabajo.

Esta estrategia podría servir para hacer frente a las recurrentes e inevitables crisis propias de la dinámica de acumulación capitalista mediante una vía alternativa a las líneas básicas de acción de las ortodoxias tradicionales: la keynesiana y la neoliberal. Como es bien sabido, la “solución” keynesiana centra sus esfuerzos en luchar contra la falta de demanda agregada necesaria para favorecer el crecimiento y el empleo a través del concurso del gasto público, como si todas las crisis fueran de naturaleza subconsumista.

Por su parte, la “solución” neoliberal defiende invariablemente una política fiscal y monetaria restrictiva con la intención de reducir los costes laborales para mejorar la competitividad exterior del capital y, así, relanzar las tasas de ganancia y de acumulación. 

Las consecuencias de la primera opción sobre el déficit presupuestario, la deuda pública, los tipos de interés y (en el mejor de los casos) la inflación son, sin duda, difíciles de negar, aunque los efectos de la segunda resultan mucho más perjudiciales para la clase trabajadora.

En efecto, este tipo de estrategias neoliberales de austeridad, típicas de la época “gloriosa” del patrón oro de finales del siglo XIX y devueltas a la actualidad europea de la mano de la UEM y el FMI, fomentan el estancamiento o, incluso, la caída del salario directo, gracias al aumento del paro y la mayor agresividad del poder del capital frente a los trabajadores, y también del indirecto, en forma de recortes en servicios públicos, lo que conduce a una mayor explotación de clase, a una creciente desigualdad, y, finalmente, al aumento de la pobreza.

Si abandonamos marcos teóricos ajenos a la realidad y asumimos la evidencia empírica que relaciona el declive de las tasas de inversión con la caída de las expectativas de crecimiento de los beneficios[9], entonces entenderemos fácilmente cómo los fondos de inversión de los asalariados, al favorecer una mayor estabilidad en los ritmos de acumulación, puede ser una herramienta enormemente útil para afrontar las crisis del capitalismo con algo menos de sufrimiento para la clase trabajadora[10]. 

Todo ello teniendo en cuenta, obviamente, que no se trata de una estrategia que vaya a acabar con las contradicciones del sistema ni con la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, sino de un mecanismo que puede aportar cierto alivio ante las peores consecuencias de las recesiones[11].

Por estos motivos, considero que sería muy positivo para la clase trabajadora europea y mundial que los sindicatos abrieran un debate serio y abierto sobre la cuestión de los fondos de inversión de los asalariados. La lucha contra la barbarie así lo exige."                  (Mario Del Rosal , Público, en Rebelión, 12/10/16)

17/6/15

Economía Colaborativa: un salto cuántico. La solución lógica del sistema es la cooperación

"Rachel Botsman define la Economía Colaborativa como “Una economía basada en redes difusas de individuos y comunidades conectados,  frente a instituciones centralizadas, transformando la manera en que podemos producir, consumir, financiarnos, y aprender”[1]. (...)

Creo que no podemos hablar todavía de Economía Colaborativa como un Sistema Económico, definido por oposición a la “Economía Competitiva”, que caracteriza los regímenes económicos capitalistas y comunistas. 

La diferencia  estriba en que el sistema de economía competitiva – tanto capitalista como comunista – basa su estructura productiva en un cuerpo de decisores concreto y restringido que toma las decisiones de producción[2] y el sistema de economía colaborativa basa su relación y estructura en un contrato social distinto sobre los medios de producción, con otras reglas de relación, que llamamos Procomún (Commons, en inglés). 

El concepto de Procomún no es nuevo – tiene varios siglos -, pero el desarrollo de la economía en red, permite su redefinición y adaptación, al no estar ya limitado por restricciones geográficas y haber quedado desbordadas las limitaciones legales por las tecnologías de información y comunicación. 

Los procomunes colaborativos están constituidos por comunidades de “geometría variable”, donde cada individuo tiene capacidad de decisión autónoma y directa sobre la aportación y utilización del procomún. 

 Adicionalmente, las iniciativas colaborativas no son solo mercantiles o estatales, más bien al contrario: propenden a la apertura de espacios de acción y relación – infraestructuras – no mercantiles ni estatales, superpuestas y coincidentes  con los escenarios productivos estatales y mercantiles tradicionales, con la ambición no oculta de sustituir suavemente algunos de estos actores.
 
 Las iniciativas de Economía Colaborativa, aisladas pero en gran crecimiento, no constituyen por sí mismas – todavía – un Campo de Fuerza social donde quedaran patentes y públicas estas nuevas reglas de relación: estas actividades, aunque generalizadas y con gran difusión, simplemente coexisten en el Campo de Fuerza de la economía tradicional competitiva, subsumidas en él. 

Y el cambio, la nueva correlación de fuerzas hacia un entorno que podamos denominar “predominantemente colaborativo” se dará cuando las fuerzas resultantes en este campo social hayan mutado según nuevas potencias de pensamiento y actuación.

Si bien no hemos alcanzado una “Sociedad de Economía Colaborativa”, lo que sí podemos afirmar de las sociedades occidentales es que estamos viviendo en una Economía de la Información en Red[3], donde se promueven iniciativas colaborativas, que podrán mutar el sistema si consiguen una masa crítica suficiente[4]. 

En ese momento, la economía colaborativa, apalancada en la extensión del coste marginal nulo[5] sobre la producción de bienes e información, constituiría  una evolución de la economía de la información en red, como mutación paulatina de una economía de producción centralizada y altamente asimétrica a un sistema económico de información, conocimiento, aprendizaje y producción difusos más equilibrado. Y aquí reside la piedra angular de dicho cambio: en cómo estas alteraciones modifican nuestro concepto y uso de la libertad.

Según Yochai Benkler, hablando de la economía de la información en red, “El conocimiento, la información y la cultura son cruciales para la libertad y el desarrollo humano”[6].Dice el DRAE que libertad es la  Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. (...)

El primer cambio diferencial en la economía masiva centralizada hacia la descentralización se dio en el concepto de valor añadido: a las sucesivas capas de diseño, servicio, investigación, desarrollo, innovación, organización o mercadotecnia que se añaden al producto básico se les denomina valor añadido. Este valor añadido es aportado en su mayor parte por habilidades intelectuales. 

Progresivamente, a las destrezas físicas en la producción se añadían otras habilidades que tenían más que ver con la condición intelectual[9]. Esta revalorización de la importancia del conocimiento humano logra la reformulación del concepto de “trabajo”, que pasa a denominarse “capital intelectual”. (Dicho de paso, esta diferenciación es lo que permite la brecha creciente entre las remuneraciones de los “trabajadores” y los “capitalistas intelectuales”, y es realizada de forma arbitraria y subjetiva en muchas empresas).

Otro salto diferencial posterior en la configuración del espacio social se da gracias a la economía de la información en red, que posibilita la conexión real de una gran parte de la humanidad, con la obvia capacidad de advertir esta conectividad y la facultad de interrelación directa y sin intermediarios. 

La transmisión libre y sin coste marginal de información, cultura y conocimiento, permite la difusión del capital intelectual sin las rigideces discrecionales y restricciones impuestas por los propietarios del capital financiero, a la hora de valorar las aportaciones del capital intelectual a la producción. Muchas personas deciden compartir mutuamente – también con extraños – su capital intelectual de forma libre y fuera del ámbito mercantil o estatal. 

Esto provoca que el estrecho marco de las relaciones laborales y mercantiles en relación con la retribución del valor del capital intelectual quede desbordado por flujos conjuntos de capital intelectual (también mutado en capital cultural y social), circulando libremente y sin coste por la red.

La paradoja aparente de la transición entre capital intelectual competitivo y colaborativo nos la resuelve de forma elegante Esko Kilpi: el capital intelectual se incorpora al mercado como una “sexta fuerza competitiva” en el esquema de Porter. Y como el trabajo intelectual es especializado, aparece un nuevo rol: la complementariedad. 

Esto lo hemos comprobado todos, por ejemplo, en los diálogos entre parejas de humoristas, que consiguen mayores cotas de ingenio en esta cooperación intelectual que trabajando a solas. Kilpi cita a Barry Nalebuff para explicarlo más gráficamente: “La gente valora más un perrito caliente cuando hay mostaza”. 

La economía de la información en red posibilita la extensión “multi-recíproca” de la complementariedad intelectual de forma explosiva, cambiando nuestro sistema de trabajo: parte de nuestra ocupación consiste en encontrar el capital intelectual complementario para el desarrollo de nuestra actividad. Y la forma de encontrarlo, pasa por exhibir y compartir nuestro conocimiento e información abiertamente[10].  (...)

Durante muchos años, la ventaja del capital financiero residía en su liquidez: la capacidad de circulación y transformación en otros tipos de capital con gran velocidad, favorecida por la desregulación financiera de los años 80.

 Esta extraordinaria y asimétrica fluidez relativa (frente a otros tipos de capital), junto con el curioso sistema de generación de la masa monetaria – cuya soberanía ha sido entregada a las instituciones financieras y especulativas privadas -, es lo que provocó la crisis financiera privada, resuelta con una crisis de deuda pública, en una constatación palmaria de la asimetría decisora tanto en el ámbito público como el privado[12]. 

Ahora, gracias a la economía de información en red, esta fluidez no es una cualidad exclusiva del capital financiero. Y sin duda la constatación general de la incertidumbre económica individual ha acentuado el enfoque de muchas personas hacia iniciativas colaborativas.

La economía de la información en red pone en marcha otro paradigma: la configuración de las redes sociales de información, conocimiento, consumo y producción, al principio muy centralizadas[13], hace innecesaria la “masa crítica”: los individuos compartimos -podemos compartir con total fluidez – nuestra energía productiva (capital humano, intelectual y social, y parte del capital comercial e infraestructuras) de forma directa[14]. 

Al igual que la energía – que fluye en forma de ondas a gran velocidad, en cualquier dirección, y se concreta en partícula al interactuar con la materia –, los seres humanos podemos poner en común e interrelacionar nuestras potencias en un ecosistema adhocrático de pactos no jerárquicos, basados en el procomún, en los que nuestra cesión de soberanía – sobre los rendimientos de nuestras acciones, pero también sobre nuestra implicación social, laboral, mercantil y personal en manera y cantidad – es explícita, voluntaria y matizada.

 Ya no necesitamos cesiones incondicionales e imprecisas (normalmente asimétricas) de soberanía a ciertas instituciones públicas o privadas, en aras de equilibrio social (o “productividad”). En este sentido, la reasignación de la soberanía y el poder de conocimiento y decisión hacia el individuo se acerca a una estructura más anarquista (o liberal libertaria, como la llama Y.Benkler[15]).

Esta reorganización y difusión del poder – de la libertad – en la sociedad y los mercados, desde las empresas e instituciones políticas hacia los individuos se denomina “empoderamiento personal” por los expertos (como derivación del “empowerment” inglés). Prefiero la palabra “refuerzo” que a su significado de vigorización o fortificación, añade el sentido psicológico de “estímulo del comportamiento”.

El refuerzo individual, consecuencia de cambios en el campo social hacia un sistema de economía colaborativa, solo puede ir en detrimento del poder acumulado por otros agentes sociales. Aquí la resistencia al cambio dependerá de la “Gravedad Institucional” de cada organización. 

La gravedad institucional en los sistemas sociales vuelve a ser una resultante del tamaño, posición, energía potencial (exposición a la obsolescencia tecnológica y organizacional) y energía cinética (ostentación de privilegios – como externalidades no equivalentes al bienestar social aportado al sistema[16] – productos de la inercia). 

Pero también cuentan los bosones de la libertad individuales – las miradas conscientemente libres – campando y observando por el campo social con otro sentido de la libertad, condicionando con fuerza creciente este espacio social.  (...)

Estoy hablando de la oportunidad de plantear y estudiar abiertamente las regulaciones legales que incorporen de derecho el estatus colaborativo al sistema socio-económico, lo que ya viene ocurriendo de hecho. 

Aquí encontraremos especiales resistencias. La primera (y principal) consiste en la autolimitación que deberán realizar instituciones estatales, cediendo poder y acción a los individuos auto-organizados, pero tutelando la “renegociación de las condiciones de libertad, justicia y productividad” [18] en la economía colaborativa. 

Los ejemplos que tenemos no son muy alentadores: referido a la regulación de las criptomonedas en Nueva York, por parte del Departamento de Servicios Financieros (NYDFS), Brian Forde nos indica que la tentación de burocratización en la propuesta presentada por parte del superintendente es enorme, en aras de una pretendida defensa del consumidor.  (...)

Después de la regulación, otro paso simple pero no fácil: aplicar los sistemas difusos de economía de la información en red también a la gobernanza política y a la información y conocimiento en tiempo real de la gestión de las instituciones públicas. 

Esto no significa el gobierno asambleario, sino la responsabilidad directa y transparente de los gobernantes sobre las decisiones: escrutinio abierto sobre la res publica. Una vez implantado este mecanismo, los sistemas públicos de decisión tenderán a disminuir sus externalidades hacia estamentos privilegiados.

La segunda muralla de resistencia la constituyen los grandes grupos de presión, ergo, las grandes corporaciones, que pretenden mantener mercados y posiciones oligopolistas, ya sea por la inercia de antiguos monopolios naturales o gracias a oligopolios creados artificialmente mediante legislaciones ad hoc (como la regulación energética en España, por ejemplo). 

Un ejemplo evidente lo constituye el sector de la intermediación cambiaria de divisas, altamente especulativo y extractivo (por lo tanto, altamente ineficiente) que va a ser rápidamente puesto en obsolescencia por la irrupción de las cripto-monedas y otros sistemas monetarios estables de compensación.   (...)

Estamos atrapados en un planeta que pensábamos ilimitado, al que seguimos sin reparar las costuras abiertas del hambre, la desigualdad, la contaminación y el deterioro ambiental, las guerras y la explotación sin piedad de personas y recursos. La inercia de instituciones y poderes que hemos puesto en marcha, espoleadas por el espíritu competitivo y la codicia nos acerca peligrosamente al límite. 

Las estructuras centralizadas (masivas) tradicionales nos atrapan en un Dilema del Prisionero, en el que algunos juegan falazmente con ventaja, pues son a la vez carcelero y prisionero. Digo falazmente, porque no hay salida para unos pocos si el planeta se rompe.

Gracias al Sistema de Economía Colaborativa, podemos dar un salto cuántico y resolver el dilema de forma lógica: con todos los prisioneros conectados y con igual grado de información, el dilema desaparece y la solución lógica del sistema es la cooperación."        (Joaco Alegre, Economistas frente a la crisis, 04/06/2015)

Economía Colaborativa: un salto cuántico. La solución lógica del sistema es la cooperación

"Rachel Botsman define la Economía Colaborativa como “Una economía basada en redes difusas de individuos y comunidades conectados,  frente a instituciones centralizadas, transformando la manera en que podemos producir, consumir, financiarnos, y aprender”[1]. (...)

Creo que no podemos hablar todavía de Economía Colaborativa como un Sistema Económico, definido por oposición a la “Economía Competitiva”, que caracteriza los regímenes económicos capitalistas y comunistas. 

La diferencia  estriba en que el sistema de economía competitiva – tanto capitalista como comunista – basa su estructura productiva en un cuerpo de decisores concreto y restringido que toma las decisiones de producción[2] y el sistema de economía colaborativa basa su relación y estructura en un contrato social distinto sobre los medios de producción, con otras reglas de relación, que llamamos Procomún (Commons, en inglés). 

El concepto de Procomún no es nuevo – tiene varios siglos -, pero el desarrollo de la economía en red, permite su redefinición y adaptación, al no estar ya limitado por restricciones geográficas y haber quedado desbordadas las limitaciones legales por las tecnologías de información y comunicación. 

Los procomunes colaborativos están constituidos por comunidades de “geometría variable”, donde cada individuo tiene capacidad de decisión autónoma y directa sobre la aportación y utilización del procomún. 

 Adicionalmente, las iniciativas colaborativas no son solo mercantiles o estatales, más bien al contrario: propenden a la apertura de espacios de acción y relación – infraestructuras – no mercantiles ni estatales, superpuestas y coincidentes  con los escenarios productivos estatales y mercantiles tradicionales, con la ambición no oculta de sustituir suavemente algunos de estos actores.
 
 Las iniciativas de Economía Colaborativa, aisladas pero en gran crecimiento, no constituyen por sí mismas – todavía – un Campo de Fuerza social donde quedaran patentes y públicas estas nuevas reglas de relación: estas actividades, aunque generalizadas y con gran difusión, simplemente coexisten en el Campo de Fuerza de la economía tradicional competitiva, subsumidas en él. 

Y el cambio, la nueva correlación de fuerzas hacia un entorno que podamos denominar “predominantemente colaborativo” se dará cuando las fuerzas resultantes en este campo social hayan mutado según nuevas potencias de pensamiento y actuación.

Si bien no hemos alcanzado una “Sociedad de Economía Colaborativa”, lo que sí podemos afirmar de las sociedades occidentales es que estamos viviendo en una Economía de la Información en Red[3], donde se promueven iniciativas colaborativas, que podrán mutar el sistema si consiguen una masa crítica suficiente[4]. 

En ese momento, la economía colaborativa, apalancada en la extensión del coste marginal nulo[5] sobre la producción de bienes e información, constituiría  una evolución de la economía de la información en red, como mutación paulatina de una economía de producción centralizada y altamente asimétrica a un sistema económico de información, conocimiento, aprendizaje y producción difusos más equilibrado. Y aquí reside la piedra angular de dicho cambio: en cómo estas alteraciones modifican nuestro concepto y uso de la libertad.

Según Yochai Benkler, hablando de la economía de la información en red, “El conocimiento, la información y la cultura son cruciales para la libertad y el desarrollo humano”[6].Dice el DRAE que libertad es la  Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. (...)

El primer cambio diferencial en la economía masiva centralizada hacia la descentralización se dio en el concepto de valor añadido: a las sucesivas capas de diseño, servicio, investigación, desarrollo, innovación, organización o mercadotecnia que se añaden al producto básico se les denomina valor añadido. Este valor añadido es aportado en su mayor parte por habilidades intelectuales. 

Progresivamente, a las destrezas físicas en la producción se añadían otras habilidades que tenían más que ver con la condición intelectual[9]. Esta revalorización de la importancia del conocimiento humano logra la reformulación del concepto de “trabajo”, que pasa a denominarse “capital intelectual”. (Dicho de paso, esta diferenciación es lo que permite la brecha creciente entre las remuneraciones de los “trabajadores” y los “capitalistas intelectuales”, y es realizada de forma arbitraria y subjetiva en muchas empresas).

Otro salto diferencial posterior en la configuración del espacio social se da gracias a la economía de la información en red, que posibilita la conexión real de una gran parte de la humanidad, con la obvia capacidad de advertir esta conectividad y la facultad de interrelación directa y sin intermediarios. 

La transmisión libre y sin coste marginal de información, cultura y conocimiento, permite la difusión del capital intelectual sin las rigideces discrecionales y restricciones impuestas por los propietarios del capital financiero, a la hora de valorar las aportaciones del capital intelectual a la producción. Muchas personas deciden compartir mutuamente – también con extraños – su capital intelectual de forma libre y fuera del ámbito mercantil o estatal. 

Esto provoca que el estrecho marco de las relaciones laborales y mercantiles en relación con la retribución del valor del capital intelectual quede desbordado por flujos conjuntos de capital intelectual (también mutado en capital cultural y social), circulando libremente y sin coste por la red.

La paradoja aparente de la transición entre capital intelectual competitivo y colaborativo nos la resuelve de forma elegante Esko Kilpi: el capital intelectual se incorpora al mercado como una “sexta fuerza competitiva” en el esquema de Porter. Y como el trabajo intelectual es especializado, aparece un nuevo rol: la complementariedad. 

Esto lo hemos comprobado todos, por ejemplo, en los diálogos entre parejas de humoristas, que consiguen mayores cotas de ingenio en esta cooperación intelectual que trabajando a solas. Kilpi cita a Barry Nalebuff para explicarlo más gráficamente: “La gente valora más un perrito caliente cuando hay mostaza”. 

La economía de la información en red posibilita la extensión “multi-recíproca” de la complementariedad intelectual de forma explosiva, cambiando nuestro sistema de trabajo: parte de nuestra ocupación consiste en encontrar el capital intelectual complementario para el desarrollo de nuestra actividad. Y la forma de encontrarlo, pasa por exhibir y compartir nuestro conocimiento e información abiertamente[10].  (...)

Durante muchos años, la ventaja del capital financiero residía en su liquidez: la capacidad de circulación y transformación en otros tipos de capital con gran velocidad, favorecida por la desregulación financiera de los años 80.

 Esta extraordinaria y asimétrica fluidez relativa (frente a otros tipos de capital), junto con el curioso sistema de generación de la masa monetaria – cuya soberanía ha sido entregada a las instituciones financieras y especulativas privadas -, es lo que provocó la crisis financiera privada, resuelta con una crisis de deuda pública, en una constatación palmaria de la asimetría decisora tanto en el ámbito público como el privado[12]. 

Ahora, gracias a la economía de información en red, esta fluidez no es una cualidad exclusiva del capital financiero. Y sin duda la constatación general de la incertidumbre económica individual ha acentuado el enfoque de muchas personas hacia iniciativas colaborativas.

La economía de la información en red pone en marcha otro paradigma: la configuración de las redes sociales de información, conocimiento, consumo y producción, al principio muy centralizadas[13], hace innecesaria la “masa crítica”: los individuos compartimos -podemos compartir con total fluidez – nuestra energía productiva (capital humano, intelectual y social, y parte del capital comercial e infraestructuras) de forma directa[14]. 

Al igual que la energía – que fluye en forma de ondas a gran velocidad, en cualquier dirección, y se concreta en partícula al interactuar con la materia –, los seres humanos podemos poner en común e interrelacionar nuestras potencias en un ecosistema adhocrático de pactos no jerárquicos, basados en el procomún, en los que nuestra cesión de soberanía – sobre los rendimientos de nuestras acciones, pero también sobre nuestra implicación social, laboral, mercantil y personal en manera y cantidad – es explícita, voluntaria y matizada.

 Ya no necesitamos cesiones incondicionales e imprecisas (normalmente asimétricas) de soberanía a ciertas instituciones públicas o privadas, en aras de equilibrio social (o “productividad”). En este sentido, la reasignación de la soberanía y el poder de conocimiento y decisión hacia el individuo se acerca a una estructura más anarquista (o liberal libertaria, como la llama Y.Benkler[15]).

Esta reorganización y difusión del poder – de la libertad – en la sociedad y los mercados, desde las empresas e instituciones políticas hacia los individuos se denomina “empoderamiento personal” por los expertos (como derivación del “empowerment” inglés). Prefiero la palabra “refuerzo” que a su significado de vigorización o fortificación, añade el sentido psicológico de “estímulo del comportamiento”.

El refuerzo individual, consecuencia de cambios en el campo social hacia un sistema de economía colaborativa, solo puede ir en detrimento del poder acumulado por otros agentes sociales. Aquí la resistencia al cambio dependerá de la “Gravedad Institucional” de cada organización. 

La gravedad institucional en los sistemas sociales vuelve a ser una resultante del tamaño, posición, energía potencial (exposición a la obsolescencia tecnológica y organizacional) y energía cinética (ostentación de privilegios – como externalidades no equivalentes al bienestar social aportado al sistema[16] – productos de la inercia). 

Pero también cuentan los bosones de la libertad individuales – las miradas conscientemente libres – campando y observando por el campo social con otro sentido de la libertad, condicionando con fuerza creciente este espacio social.  (...)

Estoy hablando de la oportunidad de plantear y estudiar abiertamente las regulaciones legales que incorporen de derecho el estatus colaborativo al sistema socio-económico, lo que ya viene ocurriendo de hecho. 

Aquí encontraremos especiales resistencias. La primera (y principal) consiste en la autolimitación que deberán realizar instituciones estatales, cediendo poder y acción a los individuos auto-organizados, pero tutelando la “renegociación de las condiciones de libertad, justicia y productividad” [18] en la economía colaborativa. 

Los ejemplos que tenemos no son muy alentadores: referido a la regulación de las criptomonedas en Nueva York, por parte del Departamento de Servicios Financieros (NYDFS), Brian Forde nos indica que la tentación de burocratización en la propuesta presentada por parte del superintendente es enorme, en aras de una pretendida defensa del consumidor.  (...)

Después de la regulación, otro paso simple pero no fácil: aplicar los sistemas difusos de economía de la información en red también a la gobernanza política y a la información y conocimiento en tiempo real de la gestión de las instituciones públicas. 

Esto no significa el gobierno asambleario, sino la responsabilidad directa y transparente de los gobernantes sobre las decisiones: escrutinio abierto sobre la res publica. Una vez implantado este mecanismo, los sistemas públicos de decisión tenderán a disminuir sus externalidades hacia estamentos privilegiados.

La segunda muralla de resistencia la constituyen los grandes grupos de presión, ergo, las grandes corporaciones, que pretenden mantener mercados y posiciones oligopolistas, ya sea por la inercia de antiguos monopolios naturales o gracias a oligopolios creados artificialmente mediante legislaciones ad hoc (como la regulación energética en España, por ejemplo). 

Un ejemplo evidente lo constituye el sector de la intermediación cambiaria de divisas, altamente especulativo y extractivo (por lo tanto, altamente ineficiente) que va a ser rápidamente puesto en obsolescencia por la irrupción de las cripto-monedas y otros sistemas monetarios estables de compensación.   (...)

Estamos atrapados en un planeta que pensábamos ilimitado, al que seguimos sin reparar las costuras abiertas del hambre, la desigualdad, la contaminación y el deterioro ambiental, las guerras y la explotación sin piedad de personas y recursos. La inercia de instituciones y poderes que hemos puesto en marcha, espoleadas por el espíritu competitivo y la codicia nos acerca peligrosamente al límite. 

Las estructuras centralizadas (masivas) tradicionales nos atrapan en un Dilema del Prisionero, en el que algunos juegan falazmente con ventaja, pues son a la vez carcelero y prisionero. Digo falazmente, porque no hay salida para unos pocos si el planeta se rompe.

Gracias al Sistema de Economía Colaborativa, podemos dar un salto cuántico y resolver el dilema de forma lógica: con todos los prisioneros conectados y con igual grado de información, el dilema desaparece y la solución lógica del sistema es la cooperación."        (Joaco Alegre, Economistas frente a la crisis, 04/06/2015)

28/1/15

¿Qué es la economía colaborativa?

"El término “Economía Colaborativa” proviene de la expresión inglesa “Sharing Economy”, divulgado separadamente por Lisa Gansky[1] y Rachel Bootsman con Roo Rogers[2] en 2010.

Denomina acciones de distinto tipo, con una característica común: todas están basadas en las tecnologías de la información y comunicación, que permiten la creación de redes sociales y portales, donde se pueden realizar interacciones entre individuos de forma masiva.

Bajo este paraguas, se incluye por el momento 4 epígrafes: Conocimiento abierto, consumo colaborativo, finanzas compartidas y producción colaborativa. Como factor principal, la construcción de inmensas bases de datos que se gestionan de forma colectiva e interactiva y que se pueden compartir y actualizar en tiempo real por los usuarios.

Esto nos acerca a una concepción del ser humano como insecto social, que por primera vez comparte una superestructura de datos/información/conocimiento transmisible y utilizable por todos los individuos. Una suerte de inteligencia colectiva. A esto lo llamamos mesh (malla) o red (red social). Y cada usuario constituye un nodo (nudo) de la red, de múltiples redes superpuestas. Como una red neuronal. (...)

La red facilita la estructuración de la sociedad en grupos, de forma relacional, tal como la concibe Pierre Bourdieu. El mecanismo relacional es intrínseco a la red.

Por este motivo, además de la citada mejora de la eficiencia económica, la utilización – ya sea remunerada o altruista – de la economía colaborativa en redes sociales aumentará de forma exponencial (viral).

En el futuro, es de prever que coexistirán modelos de trabajo basados en el lucro personal y empresarial, con otros más altruistas, orientados a la cooperación y desarrollo de las personas, en todos los ámbitos de la economía colaborativa.

 La tarea a realizar consiste en la adecuada regulación de las actividades, de tal manera que se interfiera lo mínimo posible en la libertad y creatividad humanas, base del conocimiento y desarrollo, evitando también situaciones de un desequilibrio excesivamente ineficiente entre actores, en los distintos campos de juego de la economía, la producción, el conocimiento y las finanzas.

La valoración de nuestras acciones, métodos, actitudes y respuestas en la red será más visible y matizada. Las interacciones de “amistad” y “me gusta/no me gusta” empiezan a ser la prehistoria de la red.

Las grandes corporaciones se han visto obligadas a gestionar su reputación en redes sociales: nuestros votos monetarios empiezan a tener un poder, también como elementos para la toma de decisiones de inversión y de los sistemas y modos de producción y contratación de nuestros proveedores, aunque éstos sean de gran tamaño.

La difusión más abierta y libre de los sistemas y mecanismos de consumo, producción, conocimiento y finanzas puede ayudar al desarrollo de las personas. ¿De algunas? ¿De todas?

Libertad, como capacidad de conocer y pensar. Igualdad, como capacidad de actuar libremente. Fraternidad, como capacidad de amar. ¿También en la red?"          (Joaco Alegre, Economistas frente a la crisis, 13/12/2014)