Los impuestos son el instrumento más asombrosamente poderoso para controlar la inflación, pero sobre todo para conformar la sociedad que queremos... Pero los impuestos no son necesarios para que el gobierno gaste, porque su propio banco nacional le proporciona el dinero para que haga eso

 "Quiero hablar de impuestos. No tiene nada de raro que lo haga. Como censor jurado de cuentas, llevo 40 años haciéndolo. De lo que me doy cuenta es de que la inmensa mayoría de la gente entiende muy poco lo que son los impuestos, a pesar de que casi todos gastamos más en pagarlos que en cualquier otra cosa en la vida. Sólo por eso me parece asombroso que tan poca gente entienda lo que son los impuestos o lo que hacen.

Por ejemplo, sospecho que el 98% de la gente cree que los impuestos pagan los servicios públicos, pero no es así.

Ni un céntimo de los impuestos pagados en el Reino Unido a nuestro gobierno en Westminster se utiliza para pagar el gasto público.

En cambio, cada céntimo que gasta el gobierno británico se paga con dinero que el gobierno pide prestado todo el día y todos los días al Banco de Inglaterra, que es el banco que posee. El gobierno puede gastar lo que quiera porque tiene ese banco. Lo que es especialmente cierto es que nunca tiene que esperar a que los impuestos le presten dinero para poder gastar, porque todo el dinero que quiere está a su disposición siempre que lo desee, simplemente pidiéndoselo a su propio banco.

Entonces, ¿por qué tributamos en ese caso? Bien, en primer lugar, porque el gobierno tiene que controlar la inflación, por supuesto, no podría gastar la cantidad de dinero creada para él cada día por el Banco de Inglaterra sin que la inflación se descontrolara muy rápidamente. Así pues, el gobierno cobra impuestos para recuperar el dinero que ya ha gastado y, de este modo, controla la inflación. En mi opinión, ésta es la primera razón, y la más importante, por la que cualquier gobierno cobra impuestos.

En segundo lugar, un gobierno grava a la gente porque quiere que utilicemos el dinero que crea en nuestras transacciones rutinarias en la economía. Hacemos eso si tenemos que pagar cantidades significativas de impuestos porque no podemos permitirnos el riesgo de hacer otra cosa cuando los impuestos tienen que pagarse por ley utilizando la moneda que el gobierno crea. Como resultado, el gobierno obtiene el control del dinero en nuestra macroeconomía, y como resultado obtiene bastante control de esa economía, que es exactamente lo que quiere.

Pero además de estas dos razones para gravar, el gobierno también grava para aplicar sus políticas económicas y sociales. Así, utiliza los impuestos para redistribuir la renta y la riqueza. También utiliza los impuestos para revalorizar bienes y servicios, como el alcohol, el carbón y el tabaco, cuyos precios aumenta, mientras que reduce el precio de la sanidad, la educación, la alimentación y la ropa de los niños utilizando los impuestos.

El Gobierno también utiliza los impuestos para reorganizar la economía. Concede subvenciones a las empresas que hacen cosas que quiere que sucedan, y retira esas subvenciones a las actividades que no quiere que prosperen.

 Por último, los gobiernos cobran impuestos porque saben que la gente que paga impuestos tiene más probabilidades de votar. El impuesto es lo que yo llamaría la contraprestación del contrato social entre nosotros y nuestro gobierno, y la gente quiere opinar sobre ese contrato precisamente porque paga impuestos. Los impuestos son el mecanismo que utilizamos para que el Gobierno rinda cuentas y, a su vez, para que nos rinda cuentas a nosotros.

Por todas estas razones, los impuestos son increíblemente importantes. Pero a pesar de ello, no hace lo que la mayoría de la gente cree que hace. No paga nuestros servicios públicos.

Por eso tengo que romper otro mito. El dinero de los contribuyentes no existe. Por mucho que a nuestros políticos les guste hablar del dinero de los contribuyentes, nada cambia el hecho de que no pagamos por los beneficios que obtenemos del gasto público, que en cambio está financiado por el Banco de Inglaterra. Pagamos impuestos para controlar la inflación que resultaría de ellos ese proceso de creación de dinero. Los impuestos sólo se cobran entonces para destruir el dinero que el Banco de Inglaterra crea para que el gobierno gaste, día tras día.

Cualquier político que diga lo contrario está revelando su ignorancia o está difundiendo un mito conveniente, que sabe que es falso.

Es hora de que nuestros políticos digan la verdad sobre los impuestos.

Es hora de que entendamos los impuestos.

Es hora de que nos demos cuenta de que los impuestos son el instrumento más asombrosamente poderoso para controlar la inflación, pero sobre todo para conformar la sociedad que queremos.

Pero los impuestos no son necesarios para que el gobierno gaste porque su propio banco proporciona el dinero para que el gobierno haga eso."               

(Richard Murphy . Catedrático de Contabilidad, Escuela de Gestión de la Universidad de Sheffield, Brave New Europe, 01/06/23, traducción DEEPL)

Guy Standing: La cuestión más general para la izquierda en toda Europa es cómo hacer que la fiscalidad sea popular, progresiva y funcional. La respuesta debería basarse en superar el truco populista de la derecha: que gravar los ingresos es "desincentivador" y un reflejo de la "envidia" de los perdedores de la sociedad hacia los empresarios dinámicos y la mano de obra "trabajadora". La izquierda debería optar por una política eco-fiscal, diseñada para desmantelar el capitalismo rentista. Debería aceptar que el impuesto sobre la renta de alta progresividad es obsoleto... el objetivo debería ser reestructurar la política fiscal como medio de justicia común... En los países europeos, la riqueza se grava mucho menos que la renta... Incluso un impuesto del 1% sobre la riqueza recaudaría enormes ingresos y sería más difícil de evitar que el impuesto sobre la renta

 "Durante el último siglo, los socialdemócratas han apoyado un modelo de sociedad en el que los impuestos elevados y progresivos sobre la renta y el consumo se han justificado como medio para reducir la desigualdad y la pobreza, al tiempo que se pagaba un conjunto creciente de prestaciones estatales y servicios públicos. Durante muchas décadas, esta prescripción les ha servido, asegurando victorias electorales regulares.    

Sin embargo, desde la década de 1990, esto ha dejado de ser así. Puede que la derecha política no haya ganado el argumento intelectual o moral. Pero su receta de bajos impuestos sobre la renta y el consumo ha tenido un atractivo popular cada vez mayor, drenando el apoyo a la izquierda de aquellos que ganan con los recortes de impuestos, aunque sigan apoyando los servicios y beneficios públicos.

No sirve de nada que la izquierda se lamente por el paso de esa época. Debe reinventar la política fiscal. Para ello, debe reconocer de una vez por todas que el sistema de distribución de la renta de las décadas socialdemócratas del siglo XX se ha roto irremediablemente. Tanto si el crecimiento económico es alto como si es bajo, la mayor parte de los ingresos adicionales van a parar a los propietarios de bienes -financieros, físicos e intelectuales-, mientras que cada vez son menos los que dependen del trabajo. Esto se aplica tanto a los países en los que los sindicatos son fuertes como a los que están paralizados. Es la era del capitalismo rentista.

Además, en una economía globalizada dominada por las finanzas, es fácil para los receptores de altos ingresos evitar los impuestos sobre la renta, incluso recurriendo a los paraísos fiscales. En toda Europa, la riqueza en paraísos fiscales representa alrededor del 10% del producto interior bruto; en el Reino Unido, alrededor del 20%. Los ricos apenas pagan el impuesto sobre la renta, sea cual sea el tipo.

 Sin embargo, la izquierda ha sido débil a la hora de responder a los recortes de los impuestos sobre la renta, el consumo y las sociedades. Así lo demostró simbólicamente el Partido Laborista británico en su reacción al regresivo -aunque efímero- "mini-presupuesto" introducido por el breve gobierno de Liz Truss el 23 de septiembre. El presupuesto preveía bajar el tipo básico del impuesto sobre la renta a sólo el 19%, más allá de una desgravación libre de impuestos de 12.570 libras. Inmediatamente, los laboristas dijeron que no revertirían el recorte. Aceptó un tipo impositivo bajo que haría aún más problemática la financiación de los servicios públicos, a pesar de que los sondeos de opinión mostraban que la mayoría de los británicos preferían impuestos más altos para aumentar el gasto en sanidad, educación y prestaciones sociales.

Hacer populares los impuestos

 La cuestión más general para la izquierda en toda Europa es cómo hacer que la fiscalidad sea popular, progresiva y funcional. La respuesta debería basarse en superar el truco populista de la derecha: que gravar los ingresos es "desincentivador" y un reflejo de la "envidia" de los perdedores de la sociedad hacia los empresarios dinámicos y la mano de obra "trabajadora".

La izquierda debería optar por una política eco-fiscal, diseñada para desmantelar el capitalismo rentista. Debería aceptar que el impuesto sobre la renta de alta progresividad es obsoleto. Debería dejar claro que los impuestos sobre la renta y el consumo se destinan principalmente a los servicios públicos y a las infraestructuras, incluyendo el transporte, la defensa, la vivienda, las escuelas y otras necesidades sociales. Más allá de eso, el objetivo debería ser reestructurar la política fiscal como medio de justicia común.

 Puede parecer esotérico, pero deberíamos empezar por recuperar la idea de los bienes comunes: los recursos y los bienes que nos pertenecen a todos, como comuneros. Los bienes comunes incluyen la tierra, el aire, el agua, los minerales, el mar, el fondo marino y la orilla del mar, así como los bienes comunes que nos legaron las generaciones anteriores. Sin embargo, todas las formas de bienes comunes han sido tomadas o erosionadas ilegítimamente, a través del cercamiento, el expolio, la privatización y la financiarización. La izquierda debería exigir que se compense a los comuneros por ese expolio.

Tierra, riqueza, carbono

Esto debería comenzar con un impuesto progresivo sobre el valor de la tierra (LVT), aplicado a las explotaciones que superen el tamaño típico de un jardín, para evitar que sea apodado "un impuesto sobre los jardines" y, por lo tanto, sea políticamente difícil. El impuesto progresivo sobre el valor de la tierra se justifica además por el hecho de que en Europa el valor de la tierra se ha disparado como parte de los activos no financieros, en parte debido a la globalización y a la especulación de las finanzas mundiales. La tierra representa ahora más de un tercio de la riqueza no financiera; en el Reino Unido, esta proporción ha pasado del 39% en 1995 al 56% en la actualidad.  

Lo siguiente debería ser un impuesto sobre la riqueza, excluyendo la tierra si hay un LVT. En los países europeos, la riqueza se grava mucho menos que la renta. Sin embargo, la desigualdad de la riqueza ha aumentado en relación con la desigualdad de los ingresos y la mayoría de la riqueza es heredada, por definición no ganada. Incluso un impuesto del 1% sobre la riqueza recaudaría enormes ingresos y sería más difícil de evitar que el impuesto sobre la renta.

Siguiendo el ejemplo de Suecia, también debería haber una elevada tasa sobre el carbono, que gravara las emisiones de carbono que causan el cambio climático y acidifican los océanos. Según el Fondo Monetario Internacional, sólo una quinta parte de las emisiones mundiales están cubiertas por una tarificación adecuada. Una tasa sobre el carbono transformaría la atmósfera en un bien común regulado. Y sabemos que los ricos son los causantes de la mayor parte de la contaminación, mientras que los grupos de bajos ingresos soportan principalmente los costes, incluso en materia de mala salud.

Por sí misma, una tasa sobre el carbono es potencialmente regresiva, en el sentido de que el pago de las emisiones representaría una parte mayor de los ingresos de una persona pobre. Sólo se convertiría en progresivo si todos los ingresos se reciclaran a todos los plebeyos por igual. La manera de garantizarlo es canalizar los ingresos hacia un "fondo de capital común", del que todos los residentes legales tendrían derecho a dividendos iguales.

Explotación de los bienes comunes

A continuación, la política fiscal debería centrarse en los ingresos por rentas obtenidos por la explotación de los bienes comunes. Hay que saludar a Noruega, que acaba de anunciar una renta del suelo sobre la acuicultura industrial (cría de salmón) y la energía hidroeléctrica. Dado que las grandes empresas de acuicultura sólo pagan el 40% de los costes asociados a su producción, y el resto corre a cargo de las comunidades locales y los ecosistemas circundantes, la tasa del 40% propuesta podría copiarse en otros países europeos donde la piscicultura está en auge. El principio podría extenderse a la pesca marítima, la explotación de los fondos marinos y los parques eólicos en alta mar.  

También debería haber un impuesto sobre los datos digitales. Las grandes empresas tecnológicas ganan miles de millones de dólares con la información que les proporcionamos, gratuitamente, cada vez que nosotros (o nuestros aparatos) estamos en línea. Están obteniendo ingresos por el alquiler de los bienes comunes de la información. Esos ingresos deben ser compartidos, lo que justifica una tasa sobre sus ingresos publicitarios, que se añadiría al fondo de bienes comunes propuesto.

La izquierda debería aprovechar las contradicciones ideológicas de la derecha. Justifica el capitalismo del "valor del accionista" alegando que los accionistas ("principales") presionan a los directivos ("agentes") para que persigan el crecimiento a largo plazo. Esto tenía cierto atractivo hace décadas, cuando el tiempo medio de tenencia de una acción era de siete años, pero hoy es de menos de seis meses y va en descenso.  Una tasa sobre las transacciones financieras desalentaría el comercio especulativo e incentivaría lo que la derecha dice querer. Y sería progresivo.

Del mismo modo, una tasa de concentración del mercado sería una forma de medida antimonopolio. La derecha dice que se opone al monopolio por ser contrario al "libre mercado". Sin embargo, se ha comprobado que la monopolización del poder de mercado ha multiplicado por seis el margen medio de los precios sobre los costes de producción de 70.000 empresas en todo el mundo entre 1980 y 2016. Para luchar contra esta concentración, debería imponerse una tasa sobre los beneficios de las empresas que controlan más del 20% de su mercado.
Subvenciones regresivas         

La otra dimensión de la política fiscal -los subsidios del gobierno- recibe muy poca atención en el pensamiento económico progresista, aunque en realidad se trata principalmente de impuestos negativos regresivos. Una política fiscal progresista se encargaría de eliminar las numerosas subvenciones selectivas que los gobiernos conceden a los intereses especiales. He identificado 1.190 en el Reino Unido. Si la derecha afirma creer en el "libre mercado", apoyar su distorsión mediante subvenciones es una hipocresía.

Un ejemplo atroz es la pesca, donde las enormes, perjudiciales y regresivas subvenciones, principalmente para el combustible, han permitido la "pesca de larga distancia" por parte de las pesquerías industriales, que han destruido las poblaciones de peces en todo el mundo. La Organización Mundial del Comercio pregonó un acuerdo alcanzado a mediados de 2022, pero lo único que hizo fue prohibir algunas subvenciones a la pesca "ilegal", eliminando del texto final la referencia a las "subvenciones perjudiciales". A nivel mundial, se gastan 35.000 millones de dólares en este tipo de subvenciones cada año.

El recurso a las subvenciones durante la pandemia fue una oportunidad para que la izquierda fuera coherente, aplicando una "prueba de resistencia" progresiva: que una política fiscal sólo debe apoyarse si no aumenta la desigualdad. Los planes de recortes de empleo fallaron miserablemente en esa prueba. Pero la mayoría de los partidos de izquierda los apoyaron a gritos, al igual que los sindicatos. Era previsible desde el principio que intensificarían la desigualdad -dando mucho más a los asalariados que a los precarios- y que serían objeto de un fraude masivo. Además, han apoyado a numerosas empresas "zombis".

Grandes beneficios

En general, los políticos progresistas han apoyado el rescate de empresas consideradas "demasiado grandes para caer". En efecto, los ciudadanos pagan por la socialización de las pérdidas de los inversores. Peor aún, la izquierda no se ha opuesto a la globalización del régimen de derechos de propiedad intelectual de Estados Unidos, que permite a las empresas obtener beneficios monopolísticos durante 20 años a través de las patentes y durante mucho más tiempo en el caso de los derechos de autor y los diseños industriales, incluso cuando las patentes son el resultado de la investigación y el desarrollo financiados con fondos públicos, donde el público corre el riesgo. Esto se puso de manifiesto de forma vergonzosa con los enormes beneficios obtenidos con las vacunas Covid-19. Como mínimo, el público debería tener una participación en cualquier producto patentado si se utiliza dinero público para subvencionar la I+D.          

Los progresistas también deberían oponerse a las subvenciones implícitas al capital. En virtud de las cláusulas de resolución de disputas entre inversores y Estados de los acuerdos comerciales, las multinacionales pueden demandar a los gobiernos si, en su opinión, las acciones amenazan su rentabilidad. Así, como ha sucedido, si un gobierno aplica medidas anticontaminación puede ser demandado por cientos de millones de dólares. Esto debería eliminarse, para ahorrar ingresos y aumentar el espacio fiscal.      

Del mismo modo, debería abandonarse el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Se remonta a la década de los noventa e irónicamente se elaboró para ayudar a los países ex soviéticos protegiendo a los inversores en sus industrias del petróleo, el gas y el carbón, obligando a los gobiernos a compensar a las empresas si las reformas afectan a sus beneficios potenciales. Hoy en día, cinco empresas energéticas lo utilizan para demandar a los gobiernos europeos por casi 4.000 millones de euros por las restricciones a los proyectos de combustibles fósiles. Si ganan, los europeos verán cómo sus impuestos se desvían para pagarles, al tiempo que desincentivan aún más a las empresas energéticas en sus esfuerzos por descarbonizarse.

En resumen, los progresistas de toda Europa deberían reposicionar la política fiscal para desmantelar el capitalismo rentista, contribuir a la reactivación ecológica y reducir las desigualdades. "      (Guy Standing  , Social Europe, 25th October 2022; traducción DEEPL)

Como el dinero lo crea y regula el Estado, ninguna persona o empresa puede tener dinero en sus bolsillos a no ser que el Estado lo haya creado antes... Y la forma que tiene el Estado de inyectar ese dinero creado en la economía es a través del gasto público... El flujo del circuito monetario es contrario al que solemos tener en la mente

Eduardo Garzón @edugaresp

El otro día se viralizó un tuit mío en el que explicaba que los impuestos no financian los gastos públicos, y @juanrallo hizo un vídeo para abordar el asunto (en parte, me dio la razón). Ahora hago yo otro vídeo (y un hilo) para contestarle https://youtu.be/KWG7xFCGqiU

Como el dinero lo crea y regula el Estado, ninguna persona o empresa puede tener dinero en sus bolsillos a no ser que el Estado lo haya creado antes. Porque nadie puede tener algo si todavía no existe porque todavía no se ha creado.

Y la forma que tiene el Estado de inyectar ese dinero creado en la economía es a través del gasto público. En consecuencia, el gasto público es el primer paso, y la recaudación de impuestos el segundo.

Aunque suene extraño, es fácil de entender: el Estado no podría recaudar nada si no ha creado e inyectado primero ese dinero a través del gasto público. El flujo del circuito monetario es contrario al que solemos tener en la mente.

Esto no lo niega Rallo, porque como digo, es un proceso lógico e innegable. Sin embargo, él se empeña en buscarle tres pies al gato para que sus creencias antiestatales no se vean dañadas.

Rallo reconoce que el Estado puede gastar antes de ingresar, pero señala que para que eso ocurra el Estado tiene que exigir impuestos, aunque sea después de gastar el dinero.

Para decir esto se basa precisamente en una enseñanza de la Teoría Monetaria Moderna, concretamente del chartalismo: que el dinero del Estado es aceptado por las empresas y familias sólo porque éstas necesitan pagar impuestos con ese dinero.

Lo que ocurre es que Rallo está confundiendo eso, que es totalmente cierto, con el hecho de que el Estado tenga que recaudar TODO el dinero previamente gastado.

Una cosa es establecer un sistema tributario para que la gente utilice tu moneda, y que tenga así valor, y otra muy diferente es que cada euro gastado tenga que ser recaudado en algún momento.

Una vez se aprueba ese sistema tributario y los impuestos están en vigor, la moneda ya es aceptada de forma generalizada por la gente y entonces el Estado puede gastar sin necesidad de recaudar impuestos.

Hay que distinguir entre ese primer paso de imponer tributos para dar valor a la moneda, que eso o se da o no se da, del paso siguiente de gastar dinero, porque para eso no necesita recaudar cada euro que gaste, ni antes ni después.

Además, Rallo se pone a teorizar y a considerar que sus planteamientos tienen cierta lógica, pero nunca los contrasta con la realidad económica. Así que lo voy a hacer yo, para que se vea claramente como la evidencia empírica desmonta por sí sola lo que dice Rallo.

No recaudar todo lo que se ha gastado es tener déficit público: más gasto público que ingresos públicos. Según Rallo, esa situación no puede ser indefinida, en algún momento el Estado tiene que recaudar todo lo que ha gastado o, si no, la gente dejaría de utilizar su dinero.

Bien, ¿entonces cómo explica que la inmensa mayoría de los países tengan déficit público todos o casi todos los años y que sus monedas se sigan utilizando? Porque eso es lo que ocurre siempre, como ya demostré en un vídeo anterior https://youtu.be/epaubqTWKJ8.

Por ejemplo, ¿cómo es posible que España lleve tantísimos años en déficit público y la gente siga usando la moneda que gasta el Estado? ¿Cómo es posible que pase lo mismo en Estados Unidos? ¿O en el Reino Unido? ¿O en Francia? ¿O en Italia? ¿O en Japón? ¿O en China?

Todos estos Estados están todo el rato gastando más que lo que recaudan y no pasa nada; es decir, ninguno de estos Estados recauda todo el dinero que ha gastado previamente, y, sin embargo, la gente sigue usando sus monedas, y estas tampoco han estado devaluándose.

Así que los impuestos no financian los gastos públicos, ni a priori, ni a posteriori; por lo que la aseveración de mi tuit es cierta y lo que señala Rallo en su vídeo no la pone en entredicho ni de lejos.

Este hilo es sólo un resumen del vídeo; si buscas desarrollo, detalles o matices, te sugiero verlo: https://youtu.be/KWG7xFCGqiU

 8:28 a. m. · 1 dic. 2021
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¿Para qué sirven los impuestos?

 "Los impuestos lógicamente preceden al gasto público porque los ciudadanos no pueden pagarlos si antes no han conseguido aquello que sirve para pagarlos. Como usuarios de moneda los ciudadanos solo pueden conseguirlos vendiendo bienes y servicios al Estado."                    (redmmt, 17/02/21)

Las desigualdades tienen un claro motor, un sistema fiscal injusto. El fin de la progresividad de los impuestos termina por sacudir los cimientos de la democracia... la injusticia fiscal es uno de los grandes fracasos políticos de nuestro tiempo. Las reformas de Reagan —bajó el impuesto de la renta— fueron el primer paso. Luego se pasó la carga impositiva de las rentas del capital a las del trabajo. En el siglo XXI se redujo el impuesto del patrimonio

 "La polarización fiscal también se ha agudizado. Es difícil encontrar otro territorio económico en el que las posturas de los técnicos estén más alejadas: mientras para unos la salida a la catástrofe pasa por la irremediable subida de impuestos, para los otros hay que bajarlos. 

Un ejemplo de ello: sale el libro de los dos profesores de Berkeley Emmanuel Saez y Gabriel Zucman El triunfo de la injusticia y lo subtitulan explícitamente Cómo los ricos eluden impuestos y cómo hacerles pagar. Al tiempo aparece otro texto de Rodríguez Braun, Blanco y Ávila (Hacienda somos todos, cariño, Deusto) y el subtítulo reza: Cómo nos engañan para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien.

La tesis del libro de Saez y Zucman es rotunda: las desigualdades tienen un claro motor, un sistema fiscal injusto. Lo cual pone en cuestión la idea de los economistas de la tercera vía que defendían que la redistribución de la renta y la riqueza había que hacerla a través del gasto y no de los ingresos públicos.

 Esta tesis se completa con dos sentencias: el fin de la progresividad de los impuestos termina por sacudir los cimientos de la democracia, y la injusticia fiscal es uno de los grandes fracasos políticos de nuestro tiempo.

Toda sociedad democrática ha de debatir el tamaño apropiado de su Estado y el grado ideal de progresividad fiscal para mantenerlo. En su clásico Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson sostuvieron que en sus inicios fue la democracia la que abrió las puertas a las políticas redistributivas y a la reducción de las desigualdades.

 Los hacendistas sostienen que los impuestos pueden ser un buen indicador de la salud de la democracia: si se acepta que la calidad de una democracia aumenta en la medida en que los ciudadanos sean más iguales, la presencia de un sistema tributario progresivo que reduzca las desigualdades de renta y de riqueza puede verse como una herramienta que contribuya a mejorar la calidad democrática, y también como un reflejo de ella.

Si se admite lo anterior, a continuación hay que reconocer la triste imagen de progresividad que proporcionan los sistemas tributarios actuales, resultado de un proceso político que se inició a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, y que supuso una ruptura con lo que había sucedido desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. 

Se trataba de la revolución conservadora, durante la cual aumentaron exponencialmente los niveles de desigualdad a través de dos mecanismos: un aumento de las desigualdades de las rentas (sobre todo, de los salarios y del resto de las retribuciones) y la decisión de los Gobiernos, tanto conservadores como socialdemócratas, de reducir la capacidad redistributiva del Estado.

El economista José Víctor Sevilla, que fue secretario de Estado de Hacienda, marca tres etapas muy nítidas en la regresividad de los sistemas tributarios (Informe sobre la democracia en España 2015, Fundación Alternativas). La primera empieza con la reforma impositiva de Reagan en 1981, que abre el camino hacia una masiva y generalizada reducción de los impuestos federales, que, básicamente, eran impuestos personales sobre la renta. 

Son los años de la curva de Laffer, que mantenía, contra toda evidencia, que bajando los impuestos aumentarían los ingresos públicos. Un reciente estudio de la London School of Economics, con datos de 18 países de la OCDE de los últimos 50 años, demuestra que reducir impuestos a los ricos incrementa la desigualdad y no tiene ningún efecto significativo sobre el crecimiento económico y el desempleo.

El segundo paso se da en la década de los noventa, con un desplazamiento de la carga tributaria desde las rentas del capital hacia las rentas del trabajo: reducción de la tributación sobre los rendimientos del capital extranjero, tratamientos más livianos para las ganancias del capital y los llamados sistemas de imposición dual que abiertamente gravan con tipos menores a las rentas del capital que a las rentas del trabajo. Son de esos años también los intentos de convertir los impuestos sobre la renta (impuestos directos) en un gravamen sobre el consumo (impuesto indirecto), regresivo por definición, y mucho más si se trata de un impuesto proporcional.

El tercer hito, de principios del siglo XXI, tenía el propósito de reducir o eliminar la imposición patrimonial, último reducto de progresividad en un sistema tributario. El impuesto sobre el patrimonio empezó a desaparecer de los sistemas fiscales; su importancia recaudatoria es pequeña, pero en realidad se trata de un impuesto de control interno, pues la información que proporciona permite reforzar el funcionamiento de los impuestos sobre la renta y también el del impuesto sobre sucesiones, un gravamen que bien configurado es pieza clave de la articulación de la imposición directa.

El ataque a la imposición patrimonial dio otro salto, alcanzando al propio impuesto de sucesiones, una figura importante para instrumentar una política de igualdad de oportunidades, fundamental en cualquier democracia. La presión se inició, una vez más, en EE UU durante los años de la presidencia de George W. Bush, cuando se aprobó la suspensión gradual, y en principio transitoria, de la imposición sobre las herencias, a pesar de que solo afectaba moderadamente a las grandes fortunas, aproximadamente al 1%-2% de los ciudadanos americanos. Reflexiona Sevilla sobre lo sorprendente que resulta que algo que sólo interesa al 1% o al 2% de la población, siendo además el colectivo más rico, pueda aprobarse en el Congreso y con una amplia mayoría.

Este giro regresivo de los sistemas fiscales (las reformas americanas crearon tendencia en el resto del mundo) ha contribuido a mermar la capacidad redistributiva del Estado, algo especialmente alarmante en tiempos de recesión o de una pandemia tan brutal como los que el mundo ha padecido o está padeciendo. Desde la aparición del eslogan “¡Somos el 99%!”, los ciudadanos se han familiarizado más con las divergencias entre las fortunas de los ricos y las del resto de la sociedad."             (Joaquín Estefanía, El País, 13/02/21)

El valor de los impuestos. El gasto precede a los ingresos. Si nos remontáramos al primer momento en que un gobierno decide crear su propia moneda e imponer obligaciones a sus ciudadanos en esa misma denominación, la única opción lógica posible para que los ciudadanos llegasen a pagar dichos impuestos es que el gobierno les diera una cantidad de dinero a cambio de bienes o servicios

 "Los impuestos son uno de los temas más polémicos e impopulares a la hora de discutir política pública y política fiscal. En el contexto actual, muchos especialistas y líderes de opinión coinciden en la necesidad de complementar la estrategia económica con una revisión profunda de la estructura tributaria del país.

El déficit fiscal, compuesto en buena medida por elusión y evasión fiscal (entre 6% y 8% del PIB, según diferentes estimaciones), se ha convertido en una preocupación económica de primer orden ante la necesidad de intervención del gobierno para mitigar los efectos de la crisis. Sin embargo, ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta de que nuestra manera de entender los impuestos ha estado por mucho tiempo equivocada?

Comúnmente se nos habla de los impuestos como la forma en que el gobierno se procura ingresos para financiar sus actividades, tanto a nivel de gobierno central como de sus instituciones descentralizadas y autónomas, las cuales cumplen importantes funciones sociales. Según esta lógica, el gobierno debe recibir ingresos para gastar y, en consecuencia, se dice popularmente que es financiado con el dinero de todos los ciudadanos que cumplen sus deberes tributarios. Así se ha establecido tanto en la ley como en el discurso público.

Este esquema de “primero ingresos, luego gastos” equipara las finanzas del gobierno con las del sector privado y contribuye de esta forma a una serie de mitos y malentendidos que dificultan el avance en estas discusiones¹. Una muestra de ello es la forma en que se tiende a estigmatizar a trabajadores del sector informal debido a que no aportan algunos impuestos relacionados con su actividad económica, pues se afirma que este sector contribuye así a la reducción de los ingresos públicos y, en consecuencia, al deterioro de la infraestructura y los servicios que brinda el estado. Por otro lado, este mismo discurso defiende las exoneraciones fiscales como estímulo a otros sectores. Esta asignación de valores sociales relacionada con el pago de impuestos es lo que se conoce en otros países con el término de “ciudadanía tributaria”, una práctica que tiende a ocultar problemas estructurales y a justificar la acumulación de poder entre las personas que poseen más riqueza.

Frente a esto, lo primero que debe comprenderse es que, a nivel del gobierno central, el gasto precede a los ingresos. Si nos remontáramos al primer momento en que un gobierno decide crear su propia moneda e imponer obligaciones a sus ciudadanos en esa misma denominación, la única opción lógica posible para que los ciudadanos llegasen a pagar dichos impuestos es que el gobierno les diera una cantidad de dinero a cambio de bienes o servicios.

Es decir, el gobierno, que tiene un monopolio sobre el colón, debe poner su moneda en circulación antes de cobrar impuestos, pues si el gobierno no colocara colones en manos de sus ciudadanos, estos no tendrían ninguna capacidad de pagar los impuestos establecidos por el gobierno. Si no fuera así, ¿cómo se habrían pagado impuestos para proveer al gobierno de su propia moneda?

Ahora bien, si el gobierno puede crear dinero, ¿para qué cobra impuestos?

Crear demanda para la moneda

La primera función de los impuestos y, posiblemente, la más importante de todas, es la de crear demanda para la moneda nacional. Por un lado, el gobierno crea la moneda, pero para que el país la utilice como unidad de intercambio es imprescindible que el gobierno cobre impuestos en esa misma moneda.

La obligación de pagar impuestos crea demanda para la moneda y hace que la gente la acepte como medio de pago por su trabajo o sus bienes. Un ejemplo de esta dinámica se puede ver en la época colonial en África, donde se utilizó un impuesto para forzar a las poblaciones a trabajar o producir cultivos a cambio de dinero para pagar dicho impuesto². Dinámicas similares también se desarrollaron en América Latina³.

Actualmente, esto es lo que ocurre con el dinero: primero es puesto en manos de las personas a cambio de un bien o un servicio, y posteriormente el gobierno retira una parte del dinero con el fin de sostener la demanda por la moneda. Dado que el gobierno no puede obligar a las personas a intercambiar bienes y servicios utilizando su moneda de manera efectiva, esta dinámica es la que garantiza que la moneda sea aceptada como método de pago por la población en general para que el gobierno pueda comprar los bienes de la poblacion o ponerlos a trabajar directamente.

Reducir la desigualdad

Una segunda función de los impuestos consiste en reducir la desigualdad. En la actualidad, y en contraste con diversos momentos de su historia reciente, Costa Rica es uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo^{4 5}.

Si tuviésemos como objetivo reducirla, se podría implementar un impuesto progresivo según el cual los ciudadanos con mayor riqueza paguen más impuestos, mientras que aquellos que tienen una menor capacidad adquisitiva paguen menos. Un ejemplo de un impuesto progresivo sería un impuesto escalonado sobre la riqueza.

Sin embargo, debemos ser rigurosos e insistir en que los impuestos no son una forma de financiamiento para un gobierno capaz de crear dinero. Sostener la idea de que estos impuestos progresivos financiarían el gasto público sería un contrasentido.

Imaginemos que ponemos un impuesto sobre la riqueza y lo utilizamos para financiar escuelas públicas. Este impuesto disminuye la cantidad de riqueza acumulada que tienen los sectores más adinerados de la población. Durante un cierto período, esta recaudación se utiliza efectivamente para financiar escuelas públicas. Conforme el tiempo pasa, la desigualdad continúa disminuyendo hasta que deja de existir un sector al que le podamos cobrar este impuesto. En este momento, también perdemos el financiamiento para dichas escuelas.

Esta dinámica evidencia un conflicto en el uso de impuestos para cumplir ambos objetivos: reducir la desigualdad y financiar actividades que beneficien a la sociedad. Por un lado, un impuesto utilizado para reducir la desigualdad implica reducir progresivamente la recaudación. Por otro lado, un impuesto con un objetivo de financimiento busca mantener la cantidad de dinero que se recauda. Mantener estas visiones contradictorias supone reemplazar un problema estructural con otro, de forma tal que no se consigue finalmente resolver los problemas del país en su conjunto.

Controlar la inflación

Si existe un exceso de dinero en la economía, la población podría buscar consumir más bienes y servicios de los que la sociedad puede ofrecer. Esto tendría un efecto inflacionario (los precios aumentarían) y se pueden utilizar los impuestos como un medio para remover dicho exceso.

Para esto, un impuesto progresivo es especialemente efectivo pues, automáticamente, las personas que reciban más dinero van a pagar más impuestos. Esto significa que si se tiene un impuesto progresivo, no es necesario implementar constantes reformas fiscales, pues el impuesto se ajusta conforme cambian las condiciones de la economía.

Por otro lado, si se tienen impuestos regresivos, se necesitan reformas fiscales periódicas para remover los excesos de dinero. Dichas reformas tienen por lo general un alto costo político y tienden a tomar muchos años para aprobarse.

Además, si el gobierno considera que una demanda adicional por un bien o un servicio puede resultar en inflación, puede utilizar un impuesto para bajar la demanda sobre esos productos y aumentar el espacio fiscal que tiene para invertir en los recursos reales (mano de obra y bienes) que requiere para cumplir con sus mandatos sociales.

Desincentivar comportamientos

Otra función importante de los impuestos, además de las anteriormente mencionadas, es desincentivar comportamientos negativos dentro de la economía y de la sociedad en general.

Por ejemplo, si nuestro objetivo como país es producir una economía más limpia, podemos gravar todas aquellas actividades que no se ajustan a los estándares de sostenibilidad, como las que perjudican los recursos naturales, la calidad del aire, del agua o de la tierra.

De la misma manera, se pueden utilizar los impuestos para evitar comportamientos negativos para la sociedad como la especulación financiera o el consumo de sustancias nocivas para la salud, entre otros.

Este tipo de impuestos hacen aún más evidente la contradicción en el discurso que promueve los impuestos como una forma de financiamiento, pues si financiamos objetivos comunes a través de actividades con un impacto negativo, también estamos estableciendo un incentivo para continuar con estos comportamientos.

En Costa Rica, por ejemplo, una buena parte de la recaudación viene del impuesto a los combustibles. Si disminuye el consumo de combustible, la recaudación bajaría y las actividades que están financiadas por este impuesto perderían parte de su financiamiento.

El problema de asociar impuestos con financiamiento

Es tentador utilizar el financiamiento del gasto público para justificar el cobro de impuestos. Sin embargo, tal perspectiva, hasta ahora dominante, resulta contraproducente en muchos sentidos.

Además de las contradicciones ya mencionadas, esta dinámica justifica la acumulación de riqueza en pocas manos para así cobrarles impuestos y financiar el gasto público. Esto les otorga aún más poder a las clases privilegiadas para negociar beneficios por parte del estado amparadas en su importancia para los ingresos públicos. De esta forma, la desigualdad en el país continúa ampliándose, tal como se ha visto en las últimas décadas.

Con la acumulación de poder, dichos grupos obtienen cada vez más influencia sobre el discurso público. Esta influencia les permite, por ejemplo, utilizar la ineficiencia del gasto público como justificación para no pagar impuestos. La ineficiencia del gasto público es un problema real que debe ser atendido, pero esto no implica que no se puedan y se deban tomar acciones para eliminar los altos niveles de pobreza y desigualdad.

Conclusión

Las cuatro razones arriba mencionadas son suficientes para comprender la importancia y función de los impuestos sin necesidad de utilizar como excusa el financiamiento del gasto público. Este entendimiento es ventajoso a la hora de perseguir políticas que mejoren nuestra calidad de vida y evitar que el poder se siga concentrando en pocas manos."                        

( Mauricio Chaves, Tsen Chung, Mauricio Gutiérrez, Mauricio Morúa MMT Costa Rica , redmmt, 25/01/21)

Si algo han demostrado la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, incluso el mismo Banco Central Europeo, es que los gobiernos soberanos desde un punto de vista monetario, bajo tipos de cambio flotantes y emisión de deuda soberana en moneda local, nunca quiebran... las políticas fiscal y monetaria pueden concentrarse en garantizar que el gasto doméstico sea el suficiente para mantener altos niveles de empleo

 "Si algo han demostrado la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, incluso el mismo Banco Central Europeo, es que los gobiernos soberanos desde un punto de vista monetario, bajo tipos de cambio flotantes y emisión de deuda soberana en moneda local, nunca quiebran. So easy, so simple. 

Los gobiernos que emiten sus propias monedas ya no tienen que financiar su gasto, ya que los gobiernos emisores de moneda nunca pueden quedarse sin dinero. El culto a la austeridad se deriva de la lógica del patrón oro no es aplicable a los sistemas monetarios “fiat” modernos. Por lo tanto, las políticas fiscal y monetaria pueden concentrarse en garantizar que el gasto doméstico sea el suficiente para mantener altos niveles de empleo.

 En este sentido, los gobiernos soberanos y sus agentes, por principio, obligatoriamente gastan primero y, solo después, se pagan los impuestos o se compran los títulos de deuda soberana. Los contribuyentes no financian nada. Esta es la operativa real de cómo actúan los gobiernos soberanos desde un punto de vista monetario. 

Esto contrasta directamente con la retórica que afirma que el gobierno primero debe recaudar impuestos para conseguir los euros, dólares, libras, yenes, etc., que posteriormente gastará, y que lo que no recaude debe pedirlo prestado. Pues bien, bajo estas premisas el papel de los impuestos debe mirarse desde prismas distintos, diferentes al que se deriva de la diatriba actual entre la derecha y la socialdemocracia. Ambos trabajan en un marco ortodoxo neoliberal que deberíamos dar por superado.

El papel de los impuestos

Los impuestos son importantes, sí, pero no financian absolutamente nada. Sus funciones son otras. Las obligaciones tributarias crean vendedores de bienes y servicios que desean la moneda del gobierno a cambio. Esto permite que el gobierno se provea a sí mismo mediante el gasto de su moneda, que de otro modo no tendría valor. El gobierno y sus agentes son la única fuente de los fondos necesarios para pagar los impuestos. Ese es el papel fundamental de los impuestos. Pero es necesario además dotarlos de otras dos funciones básicas.

La primera, orientar el modelo productivo. Es fundamental terminar con los efectos perversos de la financiarización, sobre todo la aparición en las últimas dos décadas de nuevos señores feudales, los rentistas. Joseph Stiglitz en El Precio de la Desigualdad (2012), especifica cómo la búsqueda de rentas que ahoga el crecimiento toma muchas formas, desde transferencias ocultas, pasando por subsidios del gobierno a grupos de presión, leyes que favorecen los oligopolios y una aplicación laxa de leyes de competencia. España es un ejemplo de aplicación de todos esos mecanismos que favorecen la acumulación de renta y riqueza en manos de los buscadores de rentas, destacando la apropiación de las rentas de la tierra.

La especulación con la tierra

Nuestro modelo de desarrollo económico ha primado en exceso la especulación con la tierra y su traslado a los precios de los pisos y locales comerciales, generando una de las mayores burbujas inmobiliarias de la historia. Mientras tanto distintos monopolios y oligopolios -el sector bancario- se frotaban las manos bajo la connivencia de las autoridades políticas. La política impositiva debe terminar con el rentismo y favorecer la actividad productiva. La solución ya fue ideada hace más de cien años por un economista de San Francisco, Henry George. Se trata de establecer un impuesto sobre el valor de la tierra (concepto muy amplio), pero con unos mínimos exentos que libren de pagarlo al 95% de la población.

La segunda función de los impuestos es limitar el poder de determinadas corporaciones e individuos. Se trata de poner un impuesto a la riqueza global. Recomiendo encarecidamente la investigaciones, las propuestas y los artículos académicos de Gabriel Zucman, autor de la obra de divulgación La Riqueza Oculta de las Naciones. En este sentido no hay que eliminar ni el Impuesto de Sucesiones ni el de Patrimonio, solo establecer un mínimo exento del que se beneficie a la mayoría de la población, pero no a los más acaudalados. Reconforta leer los argumentos que ciertos multimillonarios estadounidenses utilizaron en un manifiesto cuando George W. Bush, bajo el influjo ideológico en materia económica de los neoconservadores, quiso eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos. En él se decía: "Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito".

Lo que la izquierda debe hacer

Las propuestas impositivas para hacer frente a la pandemia del la covid-19 que se están desplegando en nuestro país parten de una discusión falsaria, con las cartas marcadas. Desde la derecha sus propuestas consisten en transferir los costes de la covid-19 a los pensionistas y a los trabajadores, vía devaluación salarial y retraso de los aumentos del salario mínimo. Estos recortes colocarían gratuitamente la carga financiera sobre los hombros más débiles y nos comprometerían a otro ciclo de austeridad destructiva en el futuro. Todo con tal de no subir los impuestos.

La izquierda está contrarrestando estas propuestas, pero sólo dentro del marco ortodoxo. Se admite que es necesario reembolsar el déficit, pero que su coste debe ser asumido por los más ricos, como parte de una reducción general de la desigualdad. Esto sólo busca reorientar la austeridad, en lugar de rechazarla por innecesaria. Al vincular su demanda de mejores servicios públicos con su deseo de hacer frente a la desigualdad, la izquierda corre el riesgo de no lograr ninguna de las dos cosas. Thatcherpromovió la idea de que el gobierno no tenía dinero propio para hacer que el gasto público dependiera del consentimiento de los ricos. Esto crea una restricción política en el gasto, que no es cierta y que la izquierda repetidamente no logra superar.

La izquierda lo que tiene que hacer es rechazar la austeridad por innecesaria asumiendo que un gobierno soberano monetariamente nunca puede quebrar. Bajo este planteamiento, además, podrá bajar el impuesto de la renta al factor trabajo, el impuesto de sociedades a Pymes, y reducir al mínimo posible el impuesto más injusto, el IVA. Por el contrario, deberá sablear a los grandes rentistas y a la riqueza desmesurada de unos pocos individuos y sociedades."                    (Juan Laborda, Vox populi, 10/12/20)

Teoría Monetaria Moderna: El gasto público precede a los impuestos: no es posible recaudar impuestos si antes el Estado no gasta

Stuart Medina Miltim @SMiltim

 Keynes insiste en que la dirección de causalidad va del gasto al ingreso, de las inyecciones a las filtraciones, de la inversión al ahorro.

1. El gasto público precede a los impuestos: no es posible recaudar impuestos si antes el Estado no gasta.

2. Las inversiones crean su propio ahorro. A nivel macro el ahorro no financia las inversiones. El ahorro de hogares y empresas es una decisión de no gastar y no invertir.

3. Las importaciones son una fuga del circuito. Si no se llena la brecha con gasto público deficitario el resultado solo puede ser una pérdida de renta y producción.

4. Los flujos de producción se pueden acumular en activos reales. Con frecuencia se confunde la acumulación de activos reales con la de activos financieros.

5. El gasto crea los flujos de ingresos que se pueden acumular en activos financieros.

10:02 a. m. · 28 sept. 2020
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La robotización de la economía y la sostenibilidad de las pensiones pueden ser compatibles... si convertimos a los robots en cotizantes

"(...) Al problema del envejecimiento de la población se le añade otro menos acuciante, pero que también supone una amenaza para la sostenibilidad de nuestra socioeconomía del futuro; este otro problema viene de la mano de la robotización masiva que se espera en las próximas décadas que tenga lugar en los puestos de trabajo.

 La robotización es un problema menos presente en nuestras mentes, pero igual de relevante que el envejecimiento, puesto que traerá la destrucción masiva de puestos de trabajo que suponían hasta ahora el reducto para los trabajadores humanos. (...)

Los grandes avances en tecnología, y más en concreto en robótica industrial y doméstica así como en Big Data e Inteligencia Artificial, harán que dentro de poco los robots copen nuestros puestos de trabajo. La cuestión es que ya no es que puedan sustituirnos, sino que tendrán la capacidad de hacer nuestro trabajo mucho mejor y de forma más eficiente que nosotros. 

La mente humana, pese a su fascinante complejidad y perfección, tiene sus limitaciones, mientras que las limitaciones de las mentes sintéticas se van difuminando conforme pasa el tiempo y la tecnología avanza. 

Dentro de unas décadas, los últimos reductos que quedarán para los humanos serán trabajos de perfil altamente creativo, el último campo en el que los robots nos batirán, y acabará cayendo también porque el progreso tecnológico ha demostrado ser un proceso exponencial, al menos por el momento. (...)

¿Qué haremos entonces los humanos en el largo plazo para ganarnos la vida? He aquí la cuestión. Lo mismo que los pensionistas en el medio plazo para poder seguir cobrando la pensión.

 La solución es precisamente el nexo de unión entre la robotización de nuestra sociedad y el problema de las pensiones, porque además la interrelación entre ambos problemas es impactante, ya que la robótica además va a sustituir a preciados cotizantes de un sistema socioeconómico cuyo principal problema a futuro, recordemos, es que va a haber pocos cotizantes jóvenes.  (...)

En la robotización de la industria y del sector servicios confluye otro factor que se vuelve transcendental para que pueda hacerles esta propuesta que les traigo hoy: el progresivo y extremo abaratamiento de la tecnología, y más concretamente de la robótica. Efectivamente, los robots son cada vez más capaces y más baratos.

Por ejemplo, ya hay hoteles en Tokio sin un solo humano, pues están atendidos íntegramente por robots, según pueden leer en esta futurista noticia. Tenemos unos robots que abaratan los costes, que van a hacer desaparecer cada vez más cotizantes, y un sistema que sin cotizantes se vendrá abajo. (...)

¿Por qué no puede ser un robot un cotizante? Que un robot elimine un puesto de trabajo humano no tiene por qué implicar que ese robot no cotice al sistema de pensiones y la Seguridad Social. La diferencia conceptual que discrimina entre un trabajador humano y uno sintético es algo arcaico que deberemos borrar en el futuro conforme nuestra sociedad progrese. 

 (...) soy consciente de que algunos me acusarán de querer fiscalizar innecesariamente el tejido productivo. Véanlo de otra manera, estas cotizaciones sociales robóticas serían un claro win-win puesto que, bien planteadas, al empresario le saldrá el ROI igualmente puesto que la robótica le va a abaratar ya de por si enormemente los costes de personal y de producción.

 A los que les parezca que este artículo peca de ser demasiado futurista, simplemente les recuerdo que la realidad siempre supera a la ficción, y muchas veces mucho más rápido de lo que se presupone; además un servidor entiende la economía y la socioeconomía como la ciencia para anticipar y paliar problemas futuros, y no como la ciencia que te explica a posteriori por qué pasó lo que pasó. (...)"                 (DerBlaueMond, El blog salmón, 10/06/16)

Los megaricos del mundo emigran en masa para huir del fisco

"Lloran y también emigran. Durante la última década, millonarios de todo el planeta han abandonado en masa sus países huyendo del fisco, de la mugre y de la violencia. Los 'visados-ganga' de Rajoy no han logrado atraerlos hasta España. Gran Bretaña y Singapur son sus destinos favoritos. (...)

De acuerdo al último informe anual del New World Wealth, más de 260.000 millonarios han abandonado sus mansiones oficiales durante la última década en pos de una vida mejor. 

Al igual que Depardieu, buena parte de ellos se han echado los baúles Gucci a las espaldas acuciados por las “despiadadas” políticas fiscales de sus países de origen. Otros, como los “megaricos” mexicanos, dicen huir de la violencia y de la mugre. En España han recalado cuatro gatos, pese a que el Gobierno de Rajoy lleva ya varios años voceando “visas de oro” de saldo en el mercado de los permisos VIP de residencia.

El detallado análisis demográfico de los movimientos de este privilegiado grupo de población indica, por un lado, que se trata de un fenómeno global. Y por otro, que afecta a un porcentaje muy significativo del total de gente acaudalada. ¿A dónde se dirigen de manera preferente los nómadas del capital? 

Durante el periodo comprendido entre 2003 y 2013, los países que han recibido un mayor número de millonarios son, de más a menos, el Reino Unido (114.000), Singapur (45.000), Estados Unidos (42.000), Australia (22.200), Hong Kong (19.700), Canadá (13.600) y los Emiratos Árabes Unidos (10.100).

El país que ha sufrido una sangría más significativa de su población pudiente es China, que ha perdido a 76.200. Le siguen la India (43.400), Francia (31.700), Italia (18.600), Rusia (14.000) y Suiza (10.600).

En definitiva, sabíamos que lloraban y ahora hemos descubierto que también emigran en masa. ¿Qué es lo que les alienta a echarse sus baúles de La Prune a las espaldas y a salir volando en Gulfstream? Buena parte de estos desertores europeos son exiliados fiscales a los que les produce sarpullidos renunciar a un pedacito de sus beneficios colosales en el nombre de conceptos tan ampulosamente etéreos como “redistribución de la riqueza” o “bien común”. “Este señor ha desertado en plena lucha contra la recesión”, dijo de Depardieu la ministra de Cultura gala, Aurelie Filipetti.

Y en efecto, así era. La mayoría de los norteamericanos ricos que han abandonado su país o han renunciado a su nacionalidad en el transcurso de los últimos diez años lo han hecho por idénticos motivos. Se da también la circunstancia de que a muchos millonarios ha dejado ya de compensarles el fijar su residencia en paraísos fiscales.

 La vigilancia internacional se ha estrechado y aquellos buenos tiempos de la “cuasi” impunidad han pasado a la historia. Puestos a buscar un lugar que los reemplace, Singapur se lleva el gato al agua. Este pequeño estado se halla en disposición de ofrecer ventajosas políticas tributarias en un entorno financiero muy sofisticado y, a diferencia de los paraísos fiscales, no está contaminado por actividades ilegales como el blanqueo de dinero.

Paradójicamente, Estados Unidos es un país tanto emisor como receptor de millonarios. Durante los últimos siete u ocho años, han comenzado a crecer las urbanizaciones “exclusivas” para hispanos en ciudades sureñas como Dallas, San Antonio, El Paso o San Diego. 

En este caso, y en el de los migrantes procedentes de otras potencias emergentes como Brasil, lo que la gente acaudalada busca es un lugar más socialmente saludable, lejos de la pobreza y sobre todo, de la inseguridad, la extorsión y los secuestros. Sus compatriotas se refieren a ellos como los “migrantes fresa”. (...)

¿Es esta migración global de millonarios un fenómeno coyuntural y efímero? Todo apunta a que no. Dos de cada tres ricos de China -el mayor exportador mundial de potentados- han asegurado en una encuesta reciente que van a abandonar el país tan pronto como se presente la oportunidad.

 Lo que les mueve, aseguran, es el deseo de proporcionar a sus hijos una educación mejor. Asimismo, muchos dicen huir de la polución y sobre todo, de la inseguridad que les produce haber amasado su fortuna en un país supuestamente comunista. En otras palabras, temen que el marco legal pueda modificarse de un día para otro y desean poner a buen recaudo su dinero.

Análogas razones han movido a muchos rusos a concentrarse en barrios de la capital británica como el popular Londongrado. El mismo Gobierno que lleva años advirtiendo de los horrores de una eventual invasión de búlgaros y de rumanos pobres ha puesto bajo los pies de los ricos moscovitas una alfombra legal que les ayude a aterrizar en el país y a quedarse para siempre. 

Derribar los muros de Fortaleza Europa es un proceso burocráticamente sencillo, a condición de que se tenga el dinero necesario para adquirir un visado VIP de residencia. A los oligarcas rusos que se han mudado al Reino Unido viene a costarles un millón de libras.

Euro arriba o euro abajo, pocos son los Gobiernos europeos que no han puesto sus ciudadanías a la venta, mientras reciben a balazos (de goma) a los parias que se encaraman por las vallas. (...)"            (Público, 18/09/2014)

¿Quién no ha oído decir que para crear empleo hay que bajar salarios? Pues es justo al revés

"Todos los datos disponibles, y sea cual sea el punto de vista desde el que se consideren, muestran que las políticas neoliberales que se vienen aplicando en los últimos años tienen un resultado muy claro: mejorar los ingresos y la riqueza de los más ricos. (...)

¿Quién no ha oído decir que para crear empleo hay que bajar salarios, que lo que le conviene a los países más pobres es acabar con el proteccionismo, que los factores demográficos son los que ponen en peligro las pensiones públicas, que el sector privado es más eficiente y barato que el público,…? (...)

Uno de los mitos más extendidos y al que quisiéramos referirnos ahora tiene que ver con los impuestos. Desde hace años se viene insistiendo desde las fuentes de opinión neoliberal que cuanto más impuestos haya peor irá la economía y el empleo y que, por lo tanto, lo que hay que hacer es rebajarlos al máximo para que, por el contrario, pueda haber más actividad económica y más puestos de trabajo.  (...)

La gente normal y corriente suele aceptar estas reformas precisamente porque su justificación es aparentemente muy razonable: ¡todo sea por mejorar la marcha de la economía y por crear más empleo!

Lo que ocurre, sin embargo, es que esa idea que defienden los neoliberales no tiene nada que ver con la realidad.

En contra de lo que nos dicen los economistas y políticos que defienden impuestos más bajos a las rentas más elevadas, esas rebajas impositivas no benefician a la economía en su conjunto, ni favorecen  el crecimiento de la actividad económica, ni el del empleo.

En esta nota nos referimos a un caso concreto de esa política que tiene que ver con los tipos marginales del impuesto sobre la renta.

El tipo marginal del impuesto es el porcentaje adicional que un contribuyente tendría que pagar por obtener un euro más de renta.

Siguiendo su doctrina anti-impuestos, los economistas neoliberales afirman que esos tipos (como en general todos los de los impuestos) deben ser muy bajos porque sin son muy altos actúan como un desincentivo para la actividad económica. 

Argumentan que si una persona sabe que va a pagar un porcentaje muy alto si obtiene rentas adicionales, entonces no estará motivada para realizar el esfuerzo que le permita obtenerlas (si va a ganar un euro más pero el 45 o el 50% se lo lleva Hacienda no le interesará ganarlo, según dicen).

Se sostiene, entonces, que los tipos marginales elevados suponen un freno para el progreso económico, para la competitividad y para el empleo.

Lo que ocurre es que la realidad no confirma estas afirmaciones.

En las gráficas de más abajo, elaboradas por el Profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide Mauricio Matus, se presenta lo que ocurre en los 32 países más ricos del mundo que forman parte de la OCDE (Fuente de los datos aquí).

 Si tomamos por un lado el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta (en el eje horizontal) y por otro (en el eje vertical) el Producto Interior Bruto per capita observamos claramente (Gráfico 1) que el hecho de tener tipos muy altos no impide ni mucho menos tener un PIB per capita elevado.

Países como Suecia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Japón, Suiza, Noruega, Francia… (que se encuentran a la derecha del eje horizontal porque sus tipos son elevados) tienen también un PIB per capita alto.

Si los neoliberales estuvieran en lo cierto, tendría que haber una relación negativa entre los tipos marginales y el PIB per capita, es decir, que a tipos más elevados debiera corresponder un menor PIB. Como se ve en los datos de la OCDE reflejados en la gráfica, eso no es lo que ocurre en la realidad.

Es verdad que de esos datos tampoco se puede deducir que tener altos tipos marginales sea bueno para que haya PIB más elevado. Pero sí demuestran que no es cierta la afirmación contraria, la que defienden los neoliberales para justificar sus políticas de rebaja de impuestos a los ricos.

 La segunda gráfica también refleja que los neoliberales tampoco llevan razón cuando afirman que tipos marginales más elevados desincentivan la creación de empleo. Si fuese así, en los países con tipos marginales más elevados tendría que haber tasas de paro más altas.

Sin embargo, en la segunda gráfica se puede ver claramente que los países con tipos marginales más elevados (los que está más a la derecha) no son ni mucho menos los que tienen tasas de paro más elevadas. Más bien todo lo contrario, están a la derecha y también abajo del eje vertical porque su tasa de paro es baja.

 Luego también es falso que tipos marginales más elevados en el impuesto sobre la renta actúen como desincentivo del empleo, tal y como  nos quieren hacer creer los neoliberales para justificar las rebajas fiscales en beneficio de los grupos de población de mayor renta.

También en este caso concreto se demuestra que la política fiscal que llevan a cabo la mayoría de los gobiernos (incluido el español) está basada en falsedades y mitos para ocultar sus verdaderos propósitos y la injusticia y el daño social que provocan."    (Ganas de escribir, 11/01/2013)