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6/11/23

Juan Torres López: Lo que sí me parece que constituye un error importante de las políticas económicas que tradicionalmente han defendido las izquierdas es confiar en tan gran medida y tan permanentemente en la redistribución y en el control de los mercados... Es imprescindible avanzar en la desmercantilización de actividades que, en el seno del mercado, generan ineficiencias, costes exagerados, externalidades insoportables e injusticias por doquier. Se debe promover la creación de empresas basadas en la cooperación para poder fomentar y expandir nuevas formas de producción, distribución comercial y consumo al margen de los mercados que dominan los grandes capitales o, lo que es peor, grupos financieros con objetivos no productivos, sino meramente especulativos. En especial, habría que diseñar y apoyar estrategias para sacar de estos circuitos a los medios de pago, el crédito y los recursos naturales, garantizando que su uso social responda a su naturaleza de bienes comunes y de interés público (lo que, por cierto, no tiene nada que ver con ser gratuitos)... La respuesta a los problemas que produce el mal funcionamiento de los mercados en la economía capitalista no puede ser la ingenua de querer forzarlos, sino ir más allá y poner en marcha nuevas formas de producción de la riqueza y relaciones sociales basadas en la cooperación y la solidaridad que den prioridad al uso de los recursos que satisfaga las necesidades humanas y garantice la vida presente y futura en el planeta

 "Cuando se empieza a discutir la posible formación de un nuevo gobierno de coalición progresista en España vuelve a hablarse de medidas económicas que suelen concitar bastante desacuerdo entre economistas.

Con los precios de muchos bienes y servicios básicos, como los alimentos o la vivienda, todavía subiendo, aunque el índice general se haya frenado, desde la izquierda se proponen controlarlos legalmente. Para mejorar las condiciones del empleo se reclama que suba de nuevo el salario mínimo y, cuando se ha comprobado el aumento extraordinario de márgenes en algunas empresas y de los grandes patrimonios, se proponen aumentos impositivos para compensar el enriquecimiento tan desigual que se viene produciendo.

Son propuestas que la izquierda defiende por razones fundamentalmente de equidad, aunque no sólo por ellas, sino considerando además que la desigualdad es también un freno para el crecimiento económico. Y medidas, por otra parte, que los economistas liberales o más ortodoxos critican porque consideran que atentan contra las leyes de la oferta y la demanda, en el caso de los controles, provocando así problemas más graves que los que se desea resolver; o, cuando se trata de medidas fiscales redistributivas, porque creen que expulsan la inversión y destruyen empleo, pues disminuyen los beneficios empresariales.

Estas últimas críticas liberales no tienen demasiado fundamento, ni desde el punto de vista teórico ni tomando en consideración la evidencia empírica.

En el caso de los topes a los precios o de la fijación de salarios mínimos el argumento liberal se basa en afirmar que, si los gobiernos establecen precios por encima (salario mínimo) o por debajo (precios máximos) del precio de equilibrio, lo que ocurrirá será que haya exceso de oferta (paro) o de demanda (escasez de bienes).

Se trata de una argumentación que no puede tomarse del todo en serio por una razón muy sencilla, aunque sorprendentemente muy desconocida, incluso entre los propios economistas, acostumbrados a que los manuales de economía y muchas investigaciones la oculten utilizando razonamientos, intelectualmente hablando, del todo fraudulentos.

En realidad, es material y matemáticamente imposible determinar una sola función de oferta y otra de demanda en un mercado y, por tanto, no es posible establecer que haya «un» precio de equilibrio que pueda ser «violentado» por esos topes máximos o salarios mínimos.

Se trata de algo que Sonnenschein, Mantel y Debreu demostraron en 1972 y 1973, pero que se oculta en la inmensa mayoría de los manuales de economía en donde supuestamente aprendemos los economistas: no se puede obtener una función de demanda de todo el mercado agregando las individuales.

Incluso se podría ir más allá. Es también prácticamente imposible determinar una función de demanda individual real. Como es sabido, esta es la que indica la cantidad de un bien o servicio que un consumidor está dispuesto a adquirir a los diferentes precios del mercado, suponiendo que no varían otros factores que, sin embargo, sabemos con toda seguridad que sí influyen en su decisión, como su renta, sus preferencias o gustos y el precio de otros bienes vinculados con el consumo del que desea adquirir.

La mejor prueba de lo que acabo de señalar es que resulta imposible encontrar un solo libro de economía en cualquier biblioteca del mundo que muestre una función de demanda real, no ya de mercado sino incluso de un solo individuo, que tenga la forma que dicen los manuales que ha de tener.

La conclusión de todo esto, por tanto, es que el efecto de ese tipo de medidas mencionadas es, en la realidad, indeterminado. Y, de hecho, eso es lo que se descubre cuando se realizan análisis empíricos a posteriori para saber qué ha ocurrido tras haberse establecido topes máximos a los precios en algunos mercados o cuando se han fijado salarios mínimos.

Las investigaciones dedicadas a analizar este último caso, empezando por las pioneras de David Card y Alan Krueger en Estados Unidos, han mostrado que no es cierto que la fijación de un salario mínimo traiga necesariamente consigo aumento del desempleo, tal y como pontifican los economistas liberales. Cuando se han analizado los efectos de controles sobre los precios en diferentes tipos de mercados se ha concluido lo mismo: en unos casos, se han contenido sin mayores problemas; en otros, sólo a corto plazo o no han tenido efecto; en algunos, se ha reducido la oferta, provocando escasez, aunque eso no ha ocurrido en todas las experiencias. Y algo parecido sucede en el caso de las subidas de impuestos. También es sencillamente incierto que cualquier subida (y menos cuando se ha tratado de aumentos en circunstancias extraordinarias) haya provocado siempre los indeseables efectos sobre la inversión y el empleo que aseguran los liberales que en cualquier ocasión se producen. Es más, ni siquiera tienen por qué provocar disminución de beneficios, puesto que las empresas pueden reaccionar aumentando la productividad o ampliando su mercado y sus ventas, como de hecho ha ocurrido en diferentes etapas históricas y, generalmente, en las economías más avanzadas; las que lo son, precisamente, porque han sido capaces de reducir la desigualdad en mayor medida con políticas fiscales progresivas.

¿Quiere decir todo lo anterior que las medidas de control y de redistribución que propone la izquierda son las más adecuadas?

La respuesta es clara, por las mismas razones que acabo de señalar para rechazar la crítica liberal. Pueden tener efectos positivos, pero igualmente pueden ser negativos, en función de las circunstancias, los tipos de mercado, el plazo considerado o la forma de implementarlas.

Quizá podría decirse, en general, que estas medidas pueden estar tanto más justificadas cuanto más excepcional sea la situación, si bien tampoco se puede descartar que esta excepcionalidad provoque un efecto perverso más potente. La realidad es que no se sabe de antemano qué efecto van a tener. No se puede, pues, generalizar, sino que parece obligado analizar cada caso con ponderación, detenimiento y rigor. El infierno, como es sabido, está lleno de buenas intenciones.

Lo que sí me parece que constituye un error importante de las políticas económicas que tradicionalmente han defendido las izquierdas es confiar en tan gran medida y tan permanentemente en la redistribución y en el control de los mercados.

Estos últimos son instituciones anteriores al capitalismo y que seguirán existiendo si este es alguna vez sustituido por otro sistema económico, y lo que a mi juicio deberían hacer las políticas progresistas no es intentar forzarlos sino, por un lado, procurar que funcionen siempre con la máxima competencia y tratar de establecer derechos o poderes de apropiación que eviten el gran número de imperfecciones que provoca el ilimitado afán de lucro que los guía en el capitalismo; por otro, que no dependa de los mercados el uso de recursos que no han sido creados para convertirse en mercancías. Y, con respecto a la distribución del ingreso y la riqueza, me parece que lo que debería hacerse es procurar que los procesos de producción no se lleven a cabo generando la gran desigualdad que hoy día generan. Es decir, no confiar tan ciegamente en que cualquier distribución primaria puede resolverse a través de medidas redistributivas.

Naturalmente, esto último es mucho más difícil que establecer por decreto un control de precios, conceder un subsidio o aumentar los impuestos. Pero, por muy complicado que sea, me parece que es el reto al que deben enfrentarse las políticas progresistas de nuestro tiempo si quieren salir adelante ante la exagerada desigualdad y la extraordinaria concentración del poder y la riqueza hoy día existentes. Y, sobre todo, si lo que se busca es transformar el sistema económico y no limitarse a parchearlo cuando hace aguas por todas partes.

Es imprescindible avanzar en la desmercantilización de actividades que, en el seno del mercado, generan ineficiencias, costes exagerados, externalidades insoportables e injusticias por doquier. Se debe promover la creación de empresas basadas en la cooperación para poder fomentar y expandir nuevas formas de producción, distribución comercial y consumo al margen de los mercados que dominan los grandes capitales o, lo que es peor, grupos financieros con objetivos no productivos, sino meramente especulativos.

En especial, habría que diseñar y apoyar estrategias para sacar de estos circuitos a los medios de pago, el crédito y los recursos naturales, garantizando que su uso social responda a su naturaleza de bienes comunes y de interés público (lo que, por cierto, no tiene nada que ver con ser gratuitos). Para poder impulsar una deseable economía del cuidado y la austeridad en su sentido auténtico, circular, sostenible y eficiente es imprescindible crear formas y medios de pago descentralizados, sistema de crédito sin interés, mecanismos efectivos para internalizar todo tipo de externalidades, incluidas las que suponen inequidad y sufrimiento humano y, por supuesto, la medioambientales, además de mecanismos que garanticen rentas mínimas y protección a toda la población, sin depender del mercado que sólo busca el beneficio privado.

Las izquierdas han actuado y actúan casi siempre considerando que la intervención del Estado es por sí sola suficiente, y que los enemigos del progreso y el bienestar son el capital y las empresas, ignorando que ambos son imprescindibles en cualquier tipo de sistema económico mínimamente avanzado. Lo que produce miseria, despilfarro, insatisfacción o destrucción del medio ambiente… no es ni el capital ni las empresas, sino el permitir su apropiación y uso sin más objetivo que el lucro privado, sin considerar su efecto sobre terceros y dejar que actúen al margen de cualquier responsabilidad o criterio ético. Y también, no se olvide, una mala intervención pública.

La respuesta a los problemas que produce el mal funcionamiento de los mercados en la economía capitalista no puede ser la ingenua de querer forzarlos, sino ir más allá y poner en marcha nuevas formas de producción de la riqueza y relaciones sociales basadas en la cooperación y la solidaridad que den prioridad al uso de los recursos que satisfaga las necesidades humanas y garantice la vida presente y futura en el planeta."            

(Juan Torres López, Ganas de escribir)

10/10/22

La guerra de Ucrania acaba con las medidas neoliberales en Europa... La caída de aquellos dos tótems –mutualización de deuda y suspensión y reforma de las reglas fiscales– durante la pandemia han sido sólo el aperitivo de lo que está llegando... En estos siete meses no han hecho sino caer tabúes liberales... Y los que quedarán por caer: Intervención de los precios del gas, reforma del mercado eléctrico, emisión de deuda conjunta, impuestos a las grandes empresas... La crisis actual está alumbrando salidas que ponen en jaque muchos de los principios liberales que han marcado el curso de la economía europea

 "De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”. La vieja máxima popularizada por Carlos Marx parece estar vengándose después de varias décadas de hegemonía neoliberal en la organización de las sociedades y economías europeas. La ortodoxia liberal, que ha venido decretando disciplinas fiscales por la vía del gasto y no de los ingresos; rebajas de impuestos sin fin; y rechazo a la intervención de precios, está cada vez más desenfocada en la Unión Europea.

Primero fue la pandemia, que dio dos pasos decisivos: el primero, un fondo de recuperación de 750.000 millones fundamentado, por primera vez, en deuda comunitaria conjunta, aquello que Angela Merkel dijo hace una década que no pasaría jamás. El segundo paso decisivo fue la suspensión de las reglas fiscales, es decir la barra libre del gasto público, aún a costa del aumento de la deuda y el déficit. Una suspensión del Pacto de Estabilidad que ha conducido, además, a su reforma.

La caída de aquellos dos tótems –mutualización de deuda y suspensión y reforma de las reglas fiscales– durante la pandemia han sido sólo el aperitivo de lo que está llegando después a raíz de la invasión rusa de Ucrania, decretada por Vladímir Putin el 24 de febrero pasado.

En estos siete meses no han hecho sino caer tabúes liberales... Y los que quedarán por caer.

¿Laissez faire, laissez passer? Pues bien, la Unión Europea ha acordado, ni más ni menos, que se ponga un tope a los beneficios caídos del cielo de las empresas de energía dedicadas a la nuclear, las renovables y el lignito. Es decir, se interviene el mercado para limitar beneficios empresariales. En otras palabras: lo público decide cuánto puede ganar el sector privado.

Pero no sólo es eso. ¿No se decía que el dinero está mejor en los bolsillos de los contribuyentes que en la Hacienda pública? Pues ahora resulta que la Comisión Europea lo que dice es que no son tiempos para bajar impuestos. Y recuerda algo que muchos han querido olvidar, salvo la troika, que recortaba gastos sociales y pedía subir el IVA: es decir, que el equilibrio fiscal tiene mucho que ver con los ingresos fiscales; con los impuestos. Y, por eso, cuando la primera ministra británica, Liz Truss, anuncia una rebaja de impuestos radical a las rentas más altas, hasta los mercados financieros reaccionan en contra con tanta dureza que tiene que retirar la medida para no hundir la libra y la prima de riesgo del país.

¿Y qué le dice Bruselas a la ortodoxia liberal que encarnan Truss y hasta el propio PP de Alberto Núñez Feijóo? Que en estos días de crisis energética y con una inflación disparada, los ingresos son fundamentales para auxiliar a empresas y familias. Es decir, que no toca adelgazar las arcas públicas, sino más bien al contrario. ¿Y en qué se traduce eso? En que los 27 Estados miembros de la Unión Europea han decidido que hay que gravar un mínimo del 33% a los súperbeneficios de las empresas de combustibles fósiles. Un mínimo del 33% a los beneficios extraordinarios.

“En estos momentos no está bien recibir beneficios de la guerra y que paguen el pato los consumidores. Los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan”, ha sentenciado Ursula von der Leyen: de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades... Un razonamiento que, por analogía, abre la puerta a mayores tributaciones para sectores con ingresos multimillonarios –la banca– o personas ricas y súperricas, en la línea de lo que ya ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial con impuestos extraordinarios de hasta el 90% a los más ricos“.

“Es muy interesante la manera en la que en Alemania, donde la inflación provocó muchos de los males que azotaron a este país y tuvieron consecuencias en el resto de Europa, optaron en los años 50 por un impuesto sobre la riqueza muy ambicioso y progresivo sobre el grupo más rico”, recordaba el economista Thomas Piketty en elDiario.es: “Con esta medida impositiva pudieron reducir su deuda pública sin inflación, aunque además se beneficiaron de la cancelación de la deuda. Tenemos retos nuevos y sería necesario tomar decisiones innovadoras con la deuda pública como ya hizo Europa en el siglo pasado. Esta cancelación de la deuda permitió a Europa construir su nuevo modelo de desarrollo y reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial”.

Y para atajar la inflación, Europa está recurriendo, de un lado, a intervenir el mercado energético, cuyos precios disparados tienen gran peso en la escalada de la inflación. Pero, también, a una herramienta creada para tiempos en los que los precios subían más por la demanda que por problemas de suministros, es decir, la subida de tipos por parte del BCE que amenaza con asfixiar una economía que se aproxima a la recesión.

Tope al precio del gas

El propio economista de la Comisión Europea Declan Costello, quien estuvo detrás del rescate a Grecia, se refería recientemente en Madrid a “áreas en el ámbito de la fiscalidad, sean medioambientales, societarias, de riqueza, que pueden ayudar a abordar este déficit”.

Y tirando de ese hilo, de un mercado que se está beneficiando de una guerra mientras la población europea se empobrece, cae otro mito: el de la no intervención pública de los mercados y los precios. En efecto, la Unión Europea está decidiendo desligar el precio del gas de la factura de la luz en dos momentos: ahora, con urgencia, interviniendo el mercado y, en el corto plazo, acometiendo su reforma.

Pero, ¿qué más podría pasar? Que uno de los epicentros calvinistas y ordoliberales de Europa, Países Bajos, alberga el índice gasístico que contamina el precio de lo que se comercia en Europa. El TTF Dutch, que también tiene los días contados. ¿Cómo? Porque los líderes de la UE ya están discutiendo cómo poner un tope al precio del gas mientras se crea un nuevo índice europeo.

Y esa intervención de los mercados, además viene de la mano de otra derrota neoliberal: debe seguir unas reglas, debe salvaguardar la competencia leal y no debe poner en riesgo la unidad del mercado interior de la UE. ¿Y eso qué significa? Pues que no vale que el más fuerte y poderoso, Alemania, reparta 200.000 millones de euros que blinden a sus empresas frente a las del resto de la UE.

Por eso, precisamente por eso, regresa el debate sobre un nuevo fondo europeo financiado con deuda común. Y la idea ya no viene de Grecia o España, sino que es la propia Comisión Europea la que lo ha metido en la agenda a través de su comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien el lunes pasado lo mencionó en la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo. Gentiloni defendió la creación de un instrumento similar al SURE, puesto en marcha en la pandemia para financiar programas de protección del empleo como los ERTE y los autónomos. Aquel estaba dotado con 100.000 millones –21.300 fueron para España– captados en los mercados por la Comisión Europea y se basaba en créditos blandos.

Este nuevo instrumento financiero que ha puesto sobre la mesa Gentiloni serviría para sufragar la respuesta a la crisis actual e inversiones en infraestructuras con vistas a la transición y autonomía energética europea. No obstante, países autodenominados frugales, los ricos de Europa, como Holanda y Suecia, por ejemplo, rechazan esta idea. Este viernes, la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, decía en Praga algo repetido por el Gobierno neerlandés, que no hay necesidad de un nuevo apoyo financiero en tanto que quedan fondos por gastar del instrumento de recuperación de la pandemia, y llamaba a los Estados miembros a ahorrar en los buenos tiempos para poder brindar apoyo en los malos.

Una tesis ortodoxa ya empleada recurrentemente en 2020 y que terminó derrotada por la realidad con la creación del fondo de 750.000 millones de deuda común.

La pandemia, la crisis, la guerra, el curso de la historia del tiempo presente está acabando con tabúes liberales en Europa al son de “cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”.                (Andrés Gil, eldiario.es, 08/10/22)

16/9/22

"En un mundo con precios al alza, necesitamos más intervención gubernamental"... Sin embargo, como subraya Weber, hay que hacer mucho más para afrontar la situación actual, teniendo en cuenta que no se trata de algo puntual, sino más bien de un adelanto de las cosas que están por venir en un mundo en el que el cambio climático y el desorden geopolítico van a generar una oleada de crisis de precios... Los gobiernos deberían crear organismos capaces de supervisar el suministro de materiales esenciales en tiempo real, a la vez que considerar la posibilidad de poner algunos de estos sectores bajo control público... Necesitamos tener la capacidad de monitorizar las situaciones en tiempo real en lugar de tener esa información una vez al año... En un mundo desglobalizado corremos el riesgo de sufrir enormes shocks de precios y la teoría económica no nos ha preparado para afrontarlo... Los productos esenciales deben ser gestionados en interés público porque son demasiado importantes para dejarlos únicamente en manos de la lógica del mercado, especialmente cuando las señales de precios no consiguen igualar la oferta y la demanda como estamos experimentando actualmente... Necesitamos una planificación de emergencia, o lo que podríamos llamar planes de civilización para garantizar que somos capaces de intervenir y abordar los problemas que estamos padeciendo. Ésta es la medida más urgente, además de otras políticas que pueden ser necesarias como las inversiones públicas y la propiedad pública. Pero creo que a estas alturas carecemos incluso de la capacidad básica de previsión y optimización de lo que está ocurriendo en la economía

"Los controles de precios son una respuesta necesaria a la crisis energética. Pero el problema es estructural y sólo son una medida para ganar tiempo". Isabella Weber, una joven economista de Amherst (Massachusetts), se ha hecho ya un nombre como parte de una generación de nuevos expertos en esta disciplina que rompen con los viejos dogmas neoliberales. Un artículo de opinión que escribió para The Guardian a finales de diciembre de 2021 suscitó un gran debate en el que los economistas sus colegas de la corriente principal la atacaron ferozmente por querer interferir en el mecanismo de los precios, que consideran sagrado. 

Sin embargo, desde la guerra de Ucrania muchos de estos críticos tuvieron que enmendar su posición. Ahora se debate abiertamente sobre el control de los precios de la energía, con países como Francia que han establecido un tope a los mismos y con los miembros de la Unión Europea acordando recientemente un tope al consumo. Sin embargo, como subraya Weber, hay que hacer mucho más para afrontar la situación actual, teniendo en cuenta que no se trata de algo puntual, sino más bien de un adelanto de las cosas que están por venir en un mundo en el que el cambio climático y el desorden geopolítico van a generar una oleada de crisis de precios. 

Los gobiernos deberían crear organismos capaces de supervisar el suministro de materiales esenciales en tiempo real, a la vez que considerar la posibilidad de poner algunos de estos sectores bajo control público.

 Paolo Gerbaudo.- Tras la Gran Moderación, nos enfrentamos de nuevo a la inflación, una tendencia que ha cogido por sorpresa a muchos economistas. Se están estableciendo paralelos históricos con los años 70. ¿Cuándo podremos encontrar una guía para entender la situación actual y cómo debemos afrontarla?
 

Isabella Weber.- Es una combinación de diferentes factores y debiéramos considerar una serie de paralelismos históricos en lugar de uno solo. Quizá el más cercano sea el de la inflación tras la Segunda Guerra Mundial y la transición tras el cierre de la economía durante el conflicto. En el transcurso de la guerra había una normativa estricta sobre lo que se podía producir, dando prioridad a las manufacturas que eran estratégicas para el esfuerzo bélico. Una vez que la economía se abrió, se produjeron cuellos de botella, ya que la gente volvió a consumir e invertir en productos no relacionados con la guerra, lo que provocó un aumento de los precios de los productos que se habían restringido durante la contienda. Del mismo modo, cuando la pandemia empezó a remitir, la gente volvió a comprar bienes que no había adquirido durante los confinamientos, como los electrodomésticos. Esto se vio agravado por el hecho de que algunos consumidores habían conseguido ahorrar dinero durante ese periodo y el poder de compra adquirido se agotó rápidamente. Al cabo de un tiempo, estos embotellamientos de la oferta acostumbran a aliviarse, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial; las existencias comienzan a reponerse y los precios bajaron. Pero, mientras tanto, lo que hay es un ciclo de auge y caída. Precisamente para evitarlo, algunos economistas, entre los que me incluyo, hemos pedido medidas para suavizar la transición. 

P. G.- Sin embargo, ahora la inflación no está sólo relacionada con la interrupción de los suministros. Se ha visto agravada por una grave inflación energética provocada por la guerra en Rusia. Esto cambia la situación. 

I. W.- Ya antes de la guerra tuvimos subidas de precios y evidencias sobre el comienzo de un nuevo ciclo inflacionista de las materias primas. Rusia, que es un importante proveedor de energía para Europa, no reaccionó a la señal aumentando la oferta y acometiendo nuevas inversiones, pues ya se estaba preparando para la guerra en Ucrania. Las señales de precios no lograron ajustar demanda y oferta. Desde que estalló el conflicto esta situación se ha agravado, con encarecimientos no sólo de la energía, sino también de los alimentos y las materias primas. En cierto modo, esto recuerda a las crisis del petróleo de la década de 1970, aunque quizá ahora la situación sea aún peor. A medida que la guerra económica se intensifica, algunas economías que eran especialmente dependientes del suministro ruso, como la alemana, pueden caer en una especie de terapia de choque que perjudicaría gravemente a sus trabajadores y empresas. Además de la crisis de precios, también corremos el riesgo de tener escasez real, lo que exige medidas gubernamentales para evitar el caos. Todo esto acontece en una situación en la que la liberalización de los mercados complicaría aún más la situación. 

P. G.- Los políticos de derechas, como Christian Lindner en Alemania, piden ahora medidas de austeridad para hacer frente a la inflación. ¿Pero van a resolver la situación respuestas monetaristas como las que se aplicaron en los años 70? 

I. W.- Creo que para entender la actual situación inflacionista hay que superar la concepción monetarista del funcionamiento de la economía, que pone excesivo énfasis en las finanzas sin prestar suficiente atención a la economía real y al papel de los materiales básicos. Esto es algo que tampoco tiene en cuenta el paradigma keynesiano. Su planteamiento era que hasta que no se alcanza la plena capacidad, en particular en el empleo, no se genera inflación. Pero eso pasa por alto la escasez de bienes primarios. Si se produce esta situación, puedes llegar a los límites de capacidad mucho antes de alcanzar los límites de uso de la capacidad agregada. El papel de los materiales esenciales en la economía es algo que la teoría económica debe explicar mejor de lo que lo hacen los modelos actuales. La mayoría de las personas que analizaron la inflación pensaron que sería transitoria y que no había de qué preocuparse. Pero esto subestimó la importancia de esos materiales esenciales y la relación insumo/producto. Algunos sectores necesitan más redundancia, más existencias de reservas para evitar la escasez que padecemos actualmente.

P. G.- ¿Hasta qué punto lo que estamos viviendo es una excepción o la plasmación de lo que está por venir? ¿Un mundo desglobalizado en el que el suministro de mano de obra y materiales baratos está menos garantizado, y marcado por los desastres medioambientales, supondrá continuas presiones inflacionistas? 

I. W.- En un mundo desglobalizado corremos el riesgo de sufrir enormes shocks de precios y la teoría económica no nos ha preparado para afrontarlo. La desglobalización puede ser una fuerza inflacionista, especialmente si se produce de forma caótica. Tenemos una economía global extremadamente interconectada en la que muchos países dependen de las exportaciones monopolísticas. Si el comercio se interrumpe, puede provocar un aumento de los precios. Además, hay que tener en cuenta el impacto a largo plazo del cambio climático. Debido a las altas temperaturas, podemos tener efectos negativos en las infraestructuras básicas, como el derretimiento de las carreteras, y hay todo tipo de procesos industriales que deben realizarse dentro de una determinada franja de temperatura. También podemos encontrar problemas con la electricidad y todas aquellas actividades económicas que dependen de la disponibilidad de la misma, de modo que se pueden producir efectos dominó que se extiendan de un sector a todos los demás. Antes de la crisis actual, la globalización estaba dominada por las redes de producción just-in-time. Si la demanda aumentaba, la oferta podía acompañarla fácilmente. Pero ahora se da la situación contraria. Las redes de suministro ya no funcionan justo a tiempo, sino que se han vuelto más just-in-case (por si acaso) para hacer frente a los riesgos de interrupción. La dinámica ha pasado de la competencia por las cuotas de mercado a una otra que da prioridad a asegurar la continuidad de las operaciones contra las interrupciones, y esto puede ser un factor inflacionario más. 

P. G.- Usted ha propuesto controles de precios contra la inflación como medida para superar la crisis, y ha sido criticada por muchos economistas. ¿Puede explicar cómo esos controles pueden ayudar a superar las dificultades actuales? 

I. W.- Cuando lo planteé en diciembre de 2021 ya nos encontrábamos en un escenario en el que los precios habían subido mucho. Pero en respuesta a esta señal no se produjo un aumento de la oferta porque Rusia ya se estaba preparando para la guerra. Muchos seguían pensando ingenuamente que pronto volveríamos a la normalidad. Con el conflicto, la evidencia de que no se vislumbra una vuelta a la normalidad anterior a la pandemia ha calado en mucha gente. Mi propuesta es aplicar controles de precios para evitar los trastornos. Pero no estoy pensando en los severos controles de la Segunda Guerra Mundial, sino en una combinación más compleja de políticas. Los responsables políticos europeos ya están debatiendo un tope de precios, que consistiría en un acuerdo entre los compradores europeos de gas para no adquirirlo por encima de un determinado valor. Ello tendría que combinarse con un programa de ahorro a escala europea, que ayudaría a evitar un racionamiento caótico en invierno. Además, hay que garantizar una cantidad básica de gas a todos los hogares a un precio controlado para que la gente no se arruine. Pero, en cualquier caso, los controles de precios no son la solución del problema a largo plazo, tan sólo una medida para ganar tiempo. Es como si alguien sangrara por el brazo y fuera trasladado al hospital. Si no se hace nada para reducir la demanda o aumentar la oferta, el problema se arrastrará.

P. G.- ¿Cuál es entonces la solución a largo plazo para los problemas actuales? ¿Qué deben hacer los gobiernos? 

I. W.- Tenemos que aceptar que en un mundo de cambio climático y desintegración del orden mundial, de enfermedades epidémicas, etc., las instituciones financieras ya no son capaces de estabilizar la economía por sí solas. Necesitamos nuevas instituciones políticas que tengan la capacidad de supervisar los sectores esenciales de los  que se pueda reunir toda la información necesaria; en particular, la energía y las materias primas. Necesitamos tener la capacidad de monitorizar las situaciones en tiempo real en lugar de tener esa información una vez al año. Esto es algo que podría aplicarse con bastante facilidad. El grupo de trabajo sobre la cadena de suministro de la Administración Biden ha empezado a hacerlo. Pero hay que generalizar este enfoque y disponer de políticas de estabilización por sectores. Tenemos que entender, para cada mercado, quiénes son los grandes actores y si nos enfrentamos a un problema nacional o internacional.

 Necesitamos una planificación de emergencia, o lo que podríamos llamar planes de civilización para garantizar que somos capaces de intervenir y abordar los problemas que estamos padeciendo. Ésta es la medida más urgente, además de otras políticas que pueden ser necesarias como las inversiones públicas y la propiedad pública. Pero creo que a estas alturas carecemos incluso de la capacidad básica de previsión y optimización de lo que está ocurriendo en la economía, y esto nos deja poco prevenidos ante los shocks. Tenemos que abordar el papel de lo esencial en la economía, como la energía y los materiales básicos. Durante demasiado tiempo hemos dado por sentada su importancia. Los productos esenciales deben ser gestionados en interés público porque son demasiado importantes para dejarlos únicamente en manos de la lógica del mercado, especialmente cuando las señales de precios no consiguen igualar la oferta y la demanda como estamos experimentando actualmente."             (Pablo Gerbaudo, Agenda Pública, 30/07/22)

26/8/22

¿Quién es el culpable del repunte de la inflación? La inflación es el resultado final de las políticas económicas y recetas expedidas por los economistas conservadores, liberales, y social-liberales (otrora socialdemócratas)... El aumento del poder de mercado y de la concentración empresarial ha sido documentado... ha habido un cambio estructural que ha debilitado la competencia. En ausencia de competencia, las empresas adquieren poder de mercado y consiguen precios elevados. Esto tiene implicaciones para el bienestar y la asignación de recursos. Además de reducir el bienestar de los consumidores, el poder de mercado disminuye la demanda de mano de obra y frena la inversión en capital, distorsiona la distribución de las rentas económicas y desalienta la dinámica empresarial y la innovación

 "Ustedes ya saben nuestro diagnóstico sobre qué ha provocado el repunte de precios, y que es previo a la invasión de Ucrania, que simplemente ha exacerbado y perpetuado dicho incremento. Nuestra hipótesis de partida es que la inflación es el resultado final de las políticas económicas y recetas expedidas por los economistas conservadores, liberales, y social-liberales (otrora socialdemócratas).

En primer lugar, la expansión y el acceso a los mercados derivados de materias primas a especuladores y a fondos institucionales. Como consecuencia, en determinados momentos, la evolución de sus precios no obedece a fundamentales económicos sino a burbujas especulativas y procesos de propensión o aversión al riesgo de los inversores, si bien no son simétricos, impactando mucho más en los precios, al alza, durante las fases de toma de riesgos excesivos, como la actual. Destacan por encima de todos los episodios 2004-2008, 2021-actualidad.

En segundo lugar, la reestructuración radical de determinados sectores industriales, sustentada en el dogmatismo del libre mercado, siendo el eléctrico un ejemplo destacadísimo. El sistema marginalista en el que se fundamenta ha fracasado. El coste marginal se ha alejado del coste medio, produciéndose una rápida escalada de los precios de la electricidad en los hogares y empresas. Sobre ello ya hemos hablado largo y tendido desde estas líneas.

Finalmente, un aspecto olvidado en los análisis, y que recobra fuerza como factor explicativo del repunte actual de precios, aprovechando la excusa de la guerra de Ucrania, es el aumento de poder de mercado de determinadas empresas, y que se da no solo en determinados sectores, sino en la economía en general.

En este blog pretendemos resumir aquella investigación que estudia el aumento del poder de mercado y sus efectos negativos sobre la participación del factor trabajo y del capital productivo en favor de los beneficios puros, mediante el establecimiento de precios muy por encima de su coste marginal. El aumento del poder de mercado medio permite explicar el descenso de las cuotas tanto del factor trabajo como del capital productivo, así como la disminución del dinamismo del mercado laboral, y los aumentos de inflación que se observan en el 2022.

Por otra parte, la disminución de la competencia es en parte responsable de que el sector empresarial haya invertido poco, en relación con lo que sugerían ciertos modelos de inversión neoclásicos, desde principios de la década de 2000. Además, las empresas de las industrias con los mayores aumentos de concentración del mercado han disfrutado de mayores márgenes de beneficio, vía precios, rendimientos anormales positivos de las acciones y operaciones de fusiones y adquisiciones más rentables, lo que sugiere que el poder de mercado se está convirtiendo en una importante fuente de valor (la teoría postkeynesiana de la empresa ya incorporaba este hecho hace varias décadas). Por último, los datos de la industria muestran que los aumentos de la concentración están asociados a descensos de la cuota del factor trabajo.

Efectos macroeconómicos

El aumento del poder de mercado y de la concentración empresarial ha sido documentado, especialmente en el caso de Estados Unidos (Gutiérrez y Philippon, 2017; Covarrubias et al., 2019; Grullon et al., 2019; De Loecker et al., 2020), aunque también hay estudios con datos no estadounidenses (Gutiérrez y Philippon, 2018). Los resultados obtenidos sugieren que ha habido un cambio estructural que ha debilitado la competencia. En ausencia de competencia, las empresas adquieren poder de mercado y consiguen precios elevados. Esto tiene implicaciones para el bienestar y la asignación de recursos. Además de reducir el bienestar de los consumidores, el poder de mercado disminuye la demanda de mano de obra y frena la inversión en capital, distorsiona la distribución de las rentas económicas y desalienta la dinámica empresarial y la innovación. Esto tiene ramificaciones para la política económica, desde la política antimonopolio, la política monetaria y la redistribución de la renta.

Uno de los principales problemas de esta investigación económica empírica es cómo medir la intensidad de la competencia en un mercado y el poder de mercado de las empresas individuales. Heidorn y Weche (2021) detallan diferentes posibilidades. Una alternativa es el cálculo de medidas de concentración para evaluar el grado de competencia en un mercado. Las más utilizadas son el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) y los coeficientes de concentración (CR).

Sin embargo, sacar conclusiones sobre la intensidad de la competencia a partir de las medidas de concentración puede ser engañoso. Por ejemplo, los mercados pueden estar concentrados debido a la realización de economías de escala y de alcance. Por lo tanto, es posible que los competidores de los mercados concentrados no disfruten de un gran poder de mercado, sino que se enfrenten a una fuerte competencia. Una alternativa natural para medir el poder de mercado de las empresas de forma más directa es estimar los beneficios económicos a partir de los datos de producción. La idea teórica subyacente es que el poder de mercado se manifiesta en los precios que superan los costes marginales de forma similar al índice de Lerner.

Gutiérrez y Philippon (2017), utilizando los márgenes precio-coste (índice de Lerner), así como estimando el coste de utilización de la mano de obra y el capital, muestran para Estados Unidos que los márgenes comerciales han aumentado para los líderes de la industria. Aunque ninguna de estas estimaciones es perfecta, son totalmente informativas, ya que ambas sugieren que los márgenes comerciales aumentaron más en las industrias que se han concentrado más.

Covarrubias et al. (2019), utilizando medidas de concentración (CR8) y márgenes comerciales, analizan el aumento de la concentración en las industrias estadounidenses durante los últimos 40 años, distinguiendo dos períodos de tiempo distintos. Durante la década de 1990, y con bajos niveles de concentración inicial, encuentran evidencia de un aumento de la concentración eficiente impulsada por la competencia de precios, el aumento de la inversión intangible y la mayor productividad de los líderes. Sin embargo, después del año 2000, los datos sugieren una concentración ineficiente, una menor competencia y un aumento de las barreras de entrada a medida que los líderes se afianzan y la concentración se asocia con una menor inversión, mayores precios y menor productividad.

Grullon et al. (2019) examinan la evolución de la concentración del mercado de productos de las industrias estadounidenses a lo largo de los últimos 40 años, y documentan que las industrias estadounidenses se han concentrado más desde principios del siglo XXI. Muestran que el aumento de la concentración del mercado, utilizando el índice de concentración Herfindahl-Hirschman (HHI), y la desaparición de las empresas públicas, coinciden con la consolidación a gran escala de las empresas que cotizan en bolsa.

De Loecker et al. (2020) en, desde mi modesto punto de vista, el artículo de investigación más interesante sobre el aumento de poder de mercado, documentan la evolución del mismo basándose en datos a nivel de empresa para la economía estadounidense desde 1955. Constatan que los márgenes de beneficio han aumentado desde niveles del 21% por encima del coste marginal en los años 80 hasta el 61% actual. El aumento se produce básicamente en la cola superior de la distribución de márgenes. En cambio, y sorprendentemente, la mediana no ha cambiado. Además, hay una reasignación de la cuota de mercado de las empresas con márgenes bajos a las que tienen márgenes altos. Este aumento se produce sobre todo dentro del sector. También hay un aumento de la tasa media de beneficios del 1% al 8%.

Las consecuencias económicas del aumento del poder de mercado son diversas, y van desde la disminución de las cuotas de trabajo y de capital (Autor et al., 2020; Barkai, 2020, De Loecker et al., 2020), a favor de los beneficios puros (Barkai, 2020), así como la disminución del dinamismo del mercado laboral (De Loecker et al., 2020), hasta una menor inversión empresarial en relación con la Q de Tobin (Gutiérrez y Philippon, 2017; Crouzet y Eberly, 2019). Además, las empresas de los sectores con mayor aumento de la concentración del mercado han disfrutado de mayores márgenes de beneficio, rendimientos anormales positivos de las acciones y operaciones de fusiones y adquisiciones más rentables, lo que sugiere que el poder de mercado se está convirtiendo en una importante fuente de valor (Grullon et al., 2019).

¿Y en España, qué ocurre?

Intuitivamente, viendo la composición del Ibex 35, dominan sectores que han aumentado la concentración y el poder de mercado, desde el bancario, a los otrora monopolios naturales -sector eléctrico, petroleras…-, pasando el lobby de la construcción. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por ejemplo, multó este verano con 203,6 millones de euros a seis de las mayores constructoras españolas por alterar la competencia en las licitaciones de construcción de infraestructuras durante 25 años, desde 1992 al 2017.

 Quizás sea la concentración empresarial, asociada al poder de mercado, la principal razón del incremento de los precios en los últimos meses en nuestro país. Debería abrirse una amplia discusión sobre el papel de los organismos reguladores de la competencia, la composición de sus miembros, y la necesidad de dotarles con todos los instrumentos necesarios para su labor. Deben disponer de equipos amplios que identifiquen el aumento de poder de mercado, y tener la capacidad ya no solo para imponer multas acordes con el daño causado por prácticas oligopolísticas, sino, sobre todo, llegado el caso, trocear y vender negocios y unidades de empresas demasiado grandes para quebrar e imponer precios. Permítanme que sea escéptico sobre ello, las puertas giratorias trabajan a pleno rendimiento."              (Juan Laborda , Vox populi, 25/08/22)

19/8/22

No se trata de recaudar más para poder gastar más sino de decidir qué gasto queremos que haga el Estado primero, y qué actividades y personas deben ver reducido su poder de compra en función de criterios de pleno empleo, distribución de renta y riqueza y estabilidad de precios... La inflación quizá sea un impuesto a los pobres, pero se suele combatir dejando a parte de esos pobres sin empleo, o sea, sin renta. Es decir, para que unos conserven su poder de compra otros deben perderlo completamente... La política de estabilización de precios debe basarse en un análisis riguroso de sus causas en primer lugar. Rara vez es un problema de exceso de demanda y por eso la peor respuesta es deprimir la demanda

Stuart Medina Miltim @SMiltim

Cosas que la teoría monetaria moderna te obliga a cuestionar.

Un superávit comercial no es un éxito. Significa que estás enviando recursos reales al extranjero a cambio de meros apuntes contables. Rusia sabe para qué sirven esos registros si no puedes movilizarlos por culpa de las sanciones.

El superávit fiscal no refleja una gestión prudente del gobierno sino una obcecación que reduce la posición financiera neta del sector privado y puede llevar la economía a una recesión. La posición financiera del Estado debe responder a la necesidad de estabilizar la coyuntura.

Para crear empleo se dice que la economía debe crecer. Pero quizá se pueda evitar esa ley de hierro con un plan de empleo garantizado.

Los impuestos no financian el gasto público pero sin ellos el dinero no vale nada. Si entiendes esto puedes repensar la función de los tributos.

No se trata de recaudar más para poder gastar más sino de decidir qué gasto queremos que haga el Estado primero y qué actividades y personas deben ver reducido su poder de compra en función de criterios de pleno empleo, distribución de renta y riqueza y estabilidad de precios.

La inflación quizá sea un impuesto a los pobres pero se suele combatir dejando a parte de esos pobres sin empleo, o sea, sin renta. Es decir, para que unos conserven su poder de compra otros deben perderlo completamente.

La política de estabilización de precios debe basarse en un análisis riguroso de sus causas en primer lugar. Rara vez es un problema de exceso de demanda y por eso la peor respuesta es deprimir la demanda.

La política monetaria es poco o nada útil para gestionar el ciclo económico. Mejor dejar los tipos de interés permanentemente en el 0%.

3:06 p. m. · 11 ago. 2022 de Cudillero, España
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