"Llegamos a una triste conclusión: la verdadera sociedad civil se abstiene y el poder político está en manos de una coalición entre la sociedad política y la falsa sociedad civil. Ciertamente, un grave problema para la democracia.
Más recientemente, entre otros muchos autores (véase Sauca / Wences, Lecturas de la sociedad civil, Trotta, Madrid, 2007), ha sido el conocido pensador alemán Jürgen Habermas quien ha suministrado una noción de sociedad civil que probablemente es la que más se acerca a la actualmente difundida entre nosotros. Sintetizando mucho el esquema básico es el siguiente. En toda sociedad se distinguen dos esferas, la sociedad política y la sociedad civil. La primera está compuesta por el conjunto de poderes públicos, es decir, aquellas instituciones con capacidad de tomar decisiones jurídicas y, por tanto, coactivas y vinculantes.
La sociedad civil, por su parte, está compuesta por todas aquellas organizaciones y grupos sociales que pueden configurar la opinión pública libre y que sin ejercer poder jurídico alguno tienen capacidad para crear consensos sociales que influyan y condicionen las decisiones de los poderes públicos. Así, la sociedad civil es autónoma de la sociedad política, es un espacio libre de las interferencias de los poderes públicos. El conjunto de ambas esferas sociales, la civil y la política, expresan los deseos y las aspiraciones del conjunto de la sociedad.
En abstracto, como modelo teórico, tal distinción puede resultar válida. Una cosa es el Estado, es decir, todo poder público, en nuestro caso, el Estado central, las comunidades autónomas y los entes locales, con la UE al fondo; otra cosa es la sociedad organizada, es decir, aquellas instituciones, grupos sociales y asociaciones de naturaleza privada, especialmente las de relevancia económica y cultural, con capacidad de influencia en los poderes públicos.
Es el caso, entre otros, de los sindicatos, las patronales, los grandes y medianos empresarios, las asociaciones y fundaciones, los colegios profesionales, los medios de comunicación, las entidades culturales y académicas, las iglesias y los clubs deportivos.
Sin embargo, la práctica del actual Estado social hace que ambas esferas, Estado y sociedad, se interrelacionen cada vez más en detrimento de su mutua autonomía. En efecto, el Estado social, el actual Estado de bienestar, es un poder público cada vez más intervencionista, lo cual comporta que las instituciones, asociaciones y empresas que componen la sociedad civil estén cada vez más reguladas, sus actividades cada vez más sometidas a autorizaciones y condicionadas por las subvenciones que reciben.
Ello da lugar a una inversión de las funciones. La sociedad civil, en lugar de representar a los deseos y aspiraciones de la sociedad e influir así en los poderes públicos, se ha convertido en un instrumento de control social por parte de estos poderes respecto de la sociedad. Es decir, los poderes públicos utilizan a la sociedad civil para sus propios fines haciendo ver que estos son los auténticos deseos de la sociedad civil. Mediante esta inversión de funciones, los políticos aparentan reforzar la legitimidad democrática de sus decisiones: no es que lo hayamos decidido nosotros, dicen, es que lo pide la sociedad." (Fundación para la Libertad, citando a Francesc de Carreras, LA VANGUARDIA, 14/1/2010)
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