De esta cifra, 3.000 millones se destinan, según cifras oficiales, a sostener los colegios religiosos concertados, pero también se paga con dinero público el sueldo de obispos y sacerdotes; a los profesores de catolicismo en la escuela pública (unos 15.000); el salario de más de un millar de capellanes castrenses, hospitalarios y carcelarios, e incluso gran parte de la restauración o sostenimiento del ingente patrimonio histórico artístico de esa religión, la segunda propietaria inmobiliaria después del Estado. (...)
"El laicismo es el mapa sobre el que se asientan las diferentes culturas. La laicidad es una característica esencial del Estado moderno. El Estado, laico, debe garantizar el derecho de cualquier cultura a expresarse y desarrollarse, desde la no confesionalidad de los poderes públicos. Los Acuerdos con la Santa Sede impiden que en España contemplemos hoy un mapa así de libre", añade el también director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo-Campo de Gibraltar. (...)"Es iluso creer que se avanza hacia la laicidad mientras persistan los privilegios de la Iglesia católica, acordados en Roma en la Navidad de 1979 por el ministro de Asuntos Exteriores español y el secretario de Estado de la Santa Sede". "La tentación de extender los privilegios del catolicismo a otras religiones agravaría la confesionalidad encubierta del Estado". "España es ahora un Estado aconfesional con querida.
Mañana podemos ser un Estado aconfesional con cuatro o cinco mantenidas más, es decir, habremos retrocedido en laicidad y neutralidad religiosa". Con esta contundencia se expresan los eclesiasticistas partidarios del laicismo y gran parte de los líderes de las religiones llamadas minoritarias, con tres o más millones de fieles. (...)
"La laicidad es producto de una historia de luchas por la libertad religiosa y de conciencia, una historia limitada en el tiempo -dos siglos- y en el espacio -Occidente- durante la cual la vida política y social ha logrado emanciparse fatigosamente de las primitivas hipotecas confesionales", afirma el historiador Ramón Teja, catedrático de la Universidad de Cantabria y presidente honorífico de la Sociedad de Ciencias de las Religiones.
Añade Teja: "Laicidad significa la existencia de un espacio público a disposición de todos los ciudadanos para ejercer sus derechos en condiciones de libertad y de igualdad, una ciudad de los hombres en la que haya espacio para todos, no una ciudad de Dios en la que solo haya lugar para sus creyentes". (...)
El Vaticano se comprometió en los Acuerdos de 1979 a que su Iglesia en España se autofinanciaría con el llamado "impuesto religioso". Mientras tanto, Gobierno y episcopado acordaron un mecanismo transitorio de asignación tributaria mediante el IRPF. El plazo acabó hace dos décadas. En 2007, Rodríguez Zapatero aceptó la renuncia de los obispos a su compromiso de autofinanciación, e incluso les elevó un 34% (del 0,52% al 0,7%) el porcentaje de la cuota de IRPF que los católicos pueden destinar a su confesión, sin añadir un céntimo más que el resto de los contribuyentes. (...)"El marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica es manifiestamente mejorable y en algunos casos profundamente inaceptable", sostuvo Eguiagaray cuando la Fundación Alternativas presentó en sociedad su proyecto de Estatuto de laicidad. "El sistema vigente de financiación es inconstitucional. El acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, estableció un régimen temporal de financiación estatal de la Iglesia católica que, además de haber sido incumplido por ambas partes, resulta de difícil encaje en la definición de un Estado laico o aconfesional, ya que la financiación de las confesiones religiosas no puede entenderse como contenido del derecho de libertad religiosa, amén de que su mantenimiento únicamente en favor de la Iglesia católica supone una violación del principio de igualdad", sostiene la Fundación Alternativas. (...)
"La Iglesia católica lleva incumpliendo más de 30 años el compromiso de 'lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades' (artículo 2.5 del Acuerdo de Asuntos Económicos). Recordar esto no es anticlericalismo pues si dividimos los 250 millones de euros que percibe la Iglesia en concepto de Asignación Tributaria entre: 1) 44 millones de españoles, tocan cada español a 5,6 euros al año. 2) El 80% de esos 44 millones de españoles, que según el CIS se declaran católicos, tocan cada católico a 7,1 euros al año. 3) El 20% de esos 44 millones de españoles, que son católicos practicantes, toca cada católico practicante a 28,40 euros al año, menos de 50 céntimos por cada misa dominical. (...)
El Ejecutivo tiene donde apoyarse si quisiera reformar el sistema de financiación. Esta es la tesis del profesor Fernando Amérigo, de la Universidad Complutense de Madrid y autor de La financiación de las confesiones religiosas en la UE. "A la hora de financiar a las confesiones religiosas hay dos grandes sistemas: los directos y los indirectos. Los sistemas directos (dotación presupuestaria, asignación tributaria, subvenciones directas o la creación de fondos estatales para el culto y clero) se caracterizan porque el Estado financia a las Iglesias mediante fondos públicos, es decir, considera la actividad estrictamente religiosa como parte del gasto público.
Los sistemas indirectos se basan en que el Estado facilita o promociona el sostenimiento económico de las confesiones a través de los ciudadanos de forma voluntaria. Es el caso de las desgravaciones fiscales a las donaciones, que se dan en Francia, Holanda o Portugal, o del impuesto religioso o cuota eclesiástica que se aplica en Alemania, Austria, Suecia o Finlandia.
Hay países donde las Iglesias se autofinancian -Reino Unido y Eslovenia- o donde se prohíbe la financiación de las confesiones, como Irlanda (si bien la Iglesia católica recibe allí ayudas en el sistema educativo). "Los sistemas directos son, en puridad, incompatibles con la laicidad del Estado, puesto que suponen una violación tanto de la separación como de la neutralidad", sostiene Amérigo." (El País, ed. Galicia, 03/07/2010, p. 32/3)
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