"Durante el último siglo, los socialdemócratas han apoyado un modelo
de sociedad en el que los impuestos elevados y progresivos sobre la
renta y el consumo se han justificado como medio para reducir la
desigualdad y la pobreza, al tiempo que se pagaba un conjunto creciente
de prestaciones estatales y servicios públicos. Durante muchas décadas,
esta prescripción les ha servido, asegurando victorias electorales
regulares.
Sin embargo, desde la década de 1990, esto ha
dejado de ser así. Puede que la derecha política no haya ganado el
argumento intelectual o moral. Pero su receta de bajos impuestos sobre
la renta y el consumo ha tenido un atractivo popular cada vez mayor,
drenando el apoyo a la izquierda de aquellos que ganan con los recortes
de impuestos, aunque sigan apoyando los servicios y beneficios públicos.
No
sirve de nada que la izquierda se lamente por el paso de esa época.
Debe reinventar la política fiscal. Para ello, debe reconocer de una vez
por todas que el sistema de distribución de la renta de las décadas
socialdemócratas del siglo XX se ha roto irremediablemente. Tanto si el
crecimiento económico es alto como si es bajo, la mayor parte de los
ingresos adicionales van a parar a los propietarios de bienes
-financieros, físicos e intelectuales-, mientras que cada vez son menos
los que dependen del trabajo. Esto se aplica tanto a los países en los
que los sindicatos son fuertes como a los que están paralizados. Es la
era del capitalismo rentista.
Además, en una economía globalizada
dominada por las finanzas, es fácil para los receptores de altos
ingresos evitar los impuestos sobre la renta, incluso recurriendo a los
paraísos fiscales. En toda Europa, la riqueza en paraísos fiscales
representa alrededor del 10% del producto interior bruto; en el Reino
Unido, alrededor del 20%. Los ricos apenas pagan el impuesto sobre la
renta, sea cual sea el tipo.
Sin embargo, la izquierda ha sido débil a la hora de responder a los recortes de los impuestos sobre la renta, el consumo y las sociedades. Así lo demostró simbólicamente el Partido Laborista británico en su reacción al regresivo -aunque efímero- "mini-presupuesto" introducido por el breve gobierno de Liz Truss el 23 de septiembre. El presupuesto preveía bajar el tipo básico del impuesto sobre la renta a sólo el 19%, más allá de una desgravación libre de impuestos de 12.570 libras. Inmediatamente, los laboristas dijeron que no revertirían el recorte. Aceptó un tipo impositivo bajo que haría aún más problemática la financiación de los servicios públicos, a pesar de que los sondeos de opinión mostraban que la mayoría de los británicos preferían impuestos más altos para aumentar el gasto en sanidad, educación y prestaciones sociales.
Hacer populares los impuestos
La
cuestión más general para la izquierda en toda Europa es cómo hacer que
la fiscalidad sea popular, progresiva y funcional. La respuesta debería
basarse en superar el truco populista de la derecha: que gravar los
ingresos es "desincentivador" y un reflejo de la "envidia" de los
perdedores de la sociedad hacia los empresarios dinámicos y la mano de
obra "trabajadora".
La izquierda debería optar por una política
eco-fiscal, diseñada para desmantelar el capitalismo rentista. Debería
aceptar que el impuesto sobre la renta de alta progresividad es
obsoleto. Debería dejar claro que los impuestos sobre la renta y el
consumo se destinan principalmente a los servicios públicos y a las
infraestructuras, incluyendo el transporte, la defensa, la vivienda, las
escuelas y otras necesidades sociales. Más allá de eso, el objetivo
debería ser reestructurar la política fiscal como medio de justicia
común.
Puede parecer esotérico, pero deberíamos empezar por recuperar la idea de los bienes comunes: los recursos y los bienes que nos pertenecen a todos, como comuneros. Los bienes comunes incluyen la tierra, el aire, el agua, los minerales, el mar, el fondo marino y la orilla del mar, así como los bienes comunes que nos legaron las generaciones anteriores. Sin embargo, todas las formas de bienes comunes han sido tomadas o erosionadas ilegítimamente, a través del cercamiento, el expolio, la privatización y la financiarización. La izquierda debería exigir que se compense a los comuneros por ese expolio.
Tierra, riqueza, carbono
Esto debería comenzar con un impuesto progresivo sobre el valor de la tierra (LVT), aplicado a las explotaciones que superen el tamaño típico de un jardín, para evitar que sea apodado "un impuesto sobre los jardines" y, por lo tanto, sea políticamente difícil. El impuesto progresivo sobre el valor de la tierra se justifica además por el hecho de que en Europa el valor de la tierra se ha disparado como parte de los activos no financieros, en parte debido a la globalización y a la especulación de las finanzas mundiales. La tierra representa ahora más de un tercio de la riqueza no financiera; en el Reino Unido, esta proporción ha pasado del 39% en 1995 al 56% en la actualidad.
Lo siguiente debería ser un impuesto sobre la riqueza, excluyendo la tierra si hay un LVT. En los países europeos, la riqueza se grava mucho menos que la renta. Sin embargo, la desigualdad de la riqueza ha aumentado en relación con la desigualdad de los ingresos y la mayoría de la riqueza es heredada, por definición no ganada. Incluso un impuesto del 1% sobre la riqueza recaudaría enormes ingresos y sería más difícil de evitar que el impuesto sobre la renta.
Siguiendo el ejemplo de Suecia, también debería haber una elevada tasa sobre el carbono, que gravara las emisiones de carbono que causan el cambio climático y acidifican los océanos. Según el Fondo Monetario Internacional, sólo una quinta parte de las emisiones mundiales están cubiertas por una tarificación adecuada. Una tasa sobre el carbono transformaría la atmósfera en un bien común regulado. Y sabemos que los ricos son los causantes de la mayor parte de la contaminación, mientras que los grupos de bajos ingresos soportan principalmente los costes, incluso en materia de mala salud.
Por sí misma, una tasa sobre el carbono es potencialmente regresiva, en el sentido de que el pago de las emisiones representaría una parte mayor de los ingresos de una persona pobre. Sólo se convertiría en progresivo si todos los ingresos se reciclaran a todos los plebeyos por igual. La manera de garantizarlo es canalizar los ingresos hacia un "fondo de capital común", del que todos los residentes legales tendrían derecho a dividendos iguales.
Explotación de los bienes comunes
A continuación, la política fiscal debería centrarse en los ingresos por rentas obtenidos por la explotación de los bienes comunes. Hay que saludar a Noruega, que acaba de anunciar una renta del suelo sobre la acuicultura industrial (cría de salmón) y la energía hidroeléctrica. Dado que las grandes empresas de acuicultura sólo pagan el 40% de los costes asociados a su producción, y el resto corre a cargo de las comunidades locales y los ecosistemas circundantes, la tasa del 40% propuesta podría copiarse en otros países europeos donde la piscicultura está en auge. El principio podría extenderse a la pesca marítima, la explotación de los fondos marinos y los parques eólicos en alta mar.
También debería haber un impuesto sobre los datos digitales. Las grandes empresas tecnológicas ganan miles de millones de dólares con la información que les proporcionamos, gratuitamente, cada vez que nosotros (o nuestros aparatos) estamos en línea. Están obteniendo ingresos por el alquiler de los bienes comunes de la información. Esos ingresos deben ser compartidos, lo que justifica una tasa sobre sus ingresos publicitarios, que se añadiría al fondo de bienes comunes propuesto.
La izquierda debería aprovechar las contradicciones ideológicas de la derecha. Justifica el capitalismo del "valor del accionista" alegando que los accionistas ("principales") presionan a los directivos ("agentes") para que persigan el crecimiento a largo plazo. Esto tenía cierto atractivo hace décadas, cuando el tiempo medio de tenencia de una acción era de siete años, pero hoy es de menos de seis meses y va en descenso. Una tasa sobre las transacciones financieras desalentaría el comercio especulativo e incentivaría lo que la derecha dice querer. Y sería progresivo.
Del mismo modo, una tasa de concentración del mercado sería una forma de medida antimonopolio. La derecha dice que se opone al monopolio por ser contrario al "libre mercado". Sin embargo, se ha comprobado que la monopolización del poder de mercado ha multiplicado por seis el margen medio de los precios sobre los costes de producción de 70.000 empresas en todo el mundo entre 1980 y 2016. Para luchar contra esta concentración, debería imponerse una tasa sobre los beneficios de las empresas que controlan más del 20% de su mercado.
Subvenciones regresivas
La otra dimensión de la política fiscal -los subsidios del gobierno- recibe muy poca atención en el pensamiento económico progresista, aunque en realidad se trata principalmente de impuestos negativos regresivos. Una política fiscal progresista se encargaría de eliminar las numerosas subvenciones selectivas que los gobiernos conceden a los intereses especiales. He identificado 1.190 en el Reino Unido. Si la derecha afirma creer en el "libre mercado", apoyar su distorsión mediante subvenciones es una hipocresía.
Un ejemplo atroz es la pesca, donde las enormes, perjudiciales y regresivas subvenciones, principalmente para el combustible, han permitido la "pesca de larga distancia" por parte de las pesquerías industriales, que han destruido las poblaciones de peces en todo el mundo. La Organización Mundial del Comercio pregonó un acuerdo alcanzado a mediados de 2022, pero lo único que hizo fue prohibir algunas subvenciones a la pesca "ilegal", eliminando del texto final la referencia a las "subvenciones perjudiciales". A nivel mundial, se gastan 35.000 millones de dólares en este tipo de subvenciones cada año.
El recurso a las subvenciones durante la pandemia fue una oportunidad para que la izquierda fuera coherente, aplicando una "prueba de resistencia" progresiva: que una política fiscal sólo debe apoyarse si no aumenta la desigualdad. Los planes de recortes de empleo fallaron miserablemente en esa prueba. Pero la mayoría de los partidos de izquierda los apoyaron a gritos, al igual que los sindicatos. Era previsible desde el principio que intensificarían la desigualdad -dando mucho más a los asalariados que a los precarios- y que serían objeto de un fraude masivo. Además, han apoyado a numerosas empresas "zombis".
Grandes beneficios
En general, los políticos progresistas han apoyado el rescate de empresas consideradas "demasiado grandes para caer". En efecto, los ciudadanos pagan por la socialización de las pérdidas de los inversores. Peor aún, la izquierda no se ha opuesto a la globalización del régimen de derechos de propiedad intelectual de Estados Unidos, que permite a las empresas obtener beneficios monopolísticos durante 20 años a través de las patentes y durante mucho más tiempo en el caso de los derechos de autor y los diseños industriales, incluso cuando las patentes son el resultado de la investigación y el desarrollo financiados con fondos públicos, donde el público corre el riesgo. Esto se puso de manifiesto de forma vergonzosa con los enormes beneficios obtenidos con las vacunas Covid-19. Como mínimo, el público debería tener una participación en cualquier producto patentado si se utiliza dinero público para subvencionar la I+D.
Los progresistas también deberían oponerse a las subvenciones implícitas al capital. En virtud de las cláusulas de resolución de disputas entre inversores y Estados de los acuerdos comerciales, las multinacionales pueden demandar a los gobiernos si, en su opinión, las acciones amenazan su rentabilidad. Así, como ha sucedido, si un gobierno aplica medidas anticontaminación puede ser demandado por cientos de millones de dólares. Esto debería eliminarse, para ahorrar ingresos y aumentar el espacio fiscal.
Del mismo modo, debería abandonarse el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Se remonta a la década de los noventa e irónicamente se elaboró para ayudar a los países ex soviéticos protegiendo a los inversores en sus industrias del petróleo, el gas y el carbón, obligando a los gobiernos a compensar a las empresas si las reformas afectan a sus beneficios potenciales. Hoy en día, cinco empresas energéticas lo utilizan para demandar a los gobiernos europeos por casi 4.000 millones de euros por las restricciones a los proyectos de combustibles fósiles. Si ganan, los europeos verán cómo sus impuestos se desvían para pagarles, al tiempo que desincentivan aún más a las empresas energéticas en sus esfuerzos por descarbonizarse.
En resumen, los progresistas de toda Europa deberían reposicionar la política fiscal para desmantelar el capitalismo rentista, contribuir a la reactivación ecológica y reducir las desigualdades. " (
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