En concreto, el ensayo ganador estudia los casos de cuatro municipios en los que hubo conflictos entre los campesinos y las autoridades franquistas: Trasmiras, en Ourense; y Oza dos Ríos, Cerceda y Ordes, en la provincia de A Coruña.
Durante la época franquista los ayuntamientos consideraron que la gestión de estos terrenos les correspondía a ellos, que "supuestamente velaban por los intereses de todos los vecinos". Así, y ante la necesidad del Estado de disponer de terrenos para la explotación forestal, se decidió repoblar los montes y destinar la madera a la industria.
Para cualquier familia gallega de mediados del siglo pasado, disponer de estas tierras era imprescindible. Se usaban para crear abono o recoger leña. Además, también se repartía terreno entre los comuneros con pocas propiedades para el cultivo.
El auge de la industria de la celulosa a finales de la década de los cincuenta aceleró y multiplicó las apropiaciones de terrenos comunales, pero las repoblaciones ya comenzaron en los cuarenta. Las protestas de los campesinos no se hicieron esperar.
En un primer momento, se enviaban instancias administrativas. "Primero se dirigían al Gobierno local y luego a las Diputaciones. Pero no se quedaban ahí, si no había una respuesta también se enviaban instancias al Ministerio de Agricultura e incluso al jefe de Estado", explica Freire.
Y es que, aunque la propiedad de los terrenos correspondía a los vecinos, los beneficios de la explotación forestal eran para el Estado. Si la decisión de repoblar el monte no se abandonaba a tiempo, los campesinos se enfrentaban con sachos y picos a las autoridades en el momento de plantar los árboles.
Según la autora del ensayo ganador del premio, el 80% de los que reivindicaban la propiedad de las tierras en aquellos enfrentamientos eran mujeres. "La represión contra el hombre era más dura", cuenta la historiadora, a las mujeres no se las detenía porque así se daría a conocer la lucha de aquellas campesinas que no adoptaron el rol que el franquismo les imponía: sumisión y no salirse del ámbito doméstico.
La crispación entre las autoridades y los campesinos llegó a ser tanta que se les prohibía la entrada en los montes a los vecinos, tampoco estaba permitido recoger las piñas de los montes comunales para hacer fuego, así como entrar con el ganado al recinto.
En muchas ocasiones, cuando no se conseguía parar el proyecto a tiempo, se recurría a la quema de los montes o se soltaba al ganado en los terrenos para que no dejasen brotar los árboles plantados.
Las protestas también llegaron al mar a finales de los cincuenta. Las mariscadoras de la Ría de Pontevedra se unieron a las quejas cuando se dio a conocer la instalación de la industria de pasta de celulosa en el lugar, lo que supondría la extinción del marisco en la ría. Las quejas de estas campesinas fueron disueltas a base de cañonazos por parte de las autoridades.
A pesar de ello, las mujeres que participaron en estas reivindicaciones no fueron castigadas con la dureza que se esperaría. "Supongo que se trataba de una forma de ocultar la participación de mujeres en el ámbito público, algo contrario a lo que propugnaba el régimen", explica Freire.
Solo una campesina estuvo detenida durante seis meses por haber participado en una protesta en Mazaricos. "El caso de esta localidad fue uno de los más sonados, ya que dos hombres murieron tiroteados por la Guardia Civil", cuenta Freire." (El País, Galicia, 15/03/2011, p. 8)
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