"El
sistema económico y social dominante está provocando una exclusión
laboral y social creciente. La carencia de ingresos sigue siendo la
primera causa explicativa de todas las situaciones de exclusión y aquí
se intenta reflexionar sobre las medidas paliativas que pueden aplicarse
de forma inmediata para atender las necesidades elementales de las
familias en esa situación de pobreza monetaria.
En sociedades avanzadas como la nuestra, la idea de
garantizar a toda persona unos mínimos vitales está admitida desde hace
tiempo. Y todas las encuestas parecen mostrar un amplio consenso en
favor de algún sistema de rentas mínimas para aquellos colectivos que
realmente lo necesiten.
De hecho, el sistema de pensiones, los subsidios de
desempleo, las prestaciones asistenciales, los programas autonómicos de
rentas mínimas, los mínimos personales y familiares en el IRPF, las
diversas prestaciones que aparecen y desaparecen como cheques bebé,
rentas de emancipación. Representan un sistema complejo de rentas
mínimas casi generales.
Podría decirse que tenemos un sistema de rentas mínimas
universales… para quienes han trabajado y pocos más. En un país como
España, donde la protección familiar está a la cola de Europa y la
pobreza infantil supera el 30%, es necesario terminar con esa enorme
injusticia: como grandes colectivos, las mujeres no incorporadas al
mundo laboral y los niños son los grandes olvidados de nuestro confuso,
complejo e ineficaz sistema de garantía de rentas de carácter
incompletamente universal.
Los inconvenientes son conocidos:
— Altos costes administrativos de gestión de los programas
de sostenimiento de rentas, tanto para la administración pública
correspondiente como para el propio sujeto beneficiario.
— Importante el retraso que se sufre desde el momento en
que se inician los trámites de solicitud y el efectivo disfrute de la
prestación (doce meses de media), con el consiguiente efecto de
desprotección temporal.
— Desincentivo al empleo y estímulo al fraude y la economía
sumergida. Habitualmente incompatibles con la obtención de empleo u
otros ingresos, provocan la “trampa de la pobreza”.
— Estigmatización social de los perceptores y posibles
daños psicológicos y morales consecuentes. Incluso, determinadas
personas parecen evitar pasar por la vergüenza de solicitarlo y se
autoexcluyen de la ayuda.
— Desigualdad territorial e incentivo a no moverse por gestionarse a nivel autonómico.
La enumeración de los inconvenientes anteriores, en lista
ni siquiera exhaustiva, muestra a las claras que es necesaria una
alternativa más eficiente. Una de las propuestas más eficientes para
erradicar la pobreza sería la de habilitar una renta básica de
ciudadanía.
Aunque existe consenso en que debe garantizarse una renta mínima a quien
lo necesite, el debate sobre la renta básica (que lleva años en el
mundo académico) saltó a la opinión pública ligado a contiendas
políticas partidistas, lo que genera prevenciones difíciles de rebasar.
Por ello, podría ser conveniente reformular la propuesta, fundiendo la
garantía de mínimos y la renta básica en una propuesta que recoja lo
fundamental de ambas, políticamente aceptable y financieramente viable:
una Renta Mínima Automática (REMA).
La REMA sería un ingreso que se garantizaría inicialmente,
de forma incondicional y automática, a todo ciudadano, sin contrapartida
ni compromiso alguno y con independencia de las circunstancias
personales o de otros recursos y de la situación laboral o familiar. El
disfrute efectivo final exigiría que no se superara (gradualmente)
determinado nivel de renta.
La cuantía percibida absorbería todas las prestaciones no
contributivas. En las contributivas, de entrada, se percibiría una parte
como renta básica y el resto (hasta lo que exceda el importe actual)
como parte variable. En el subsidio de desempleo, inicialmente, el
impacto sería igual al descrito. No obstante, sería necesaria una
reflexión más detallada respecto al funcionamiento futuro, para no
provocar un quebranto excesivo al pasar a la situación de desempleo.
Frente a los inconvenientes señalados para los subsidios existentes, la REMA aporta indudables ventajas:
— Incondicionado y automático, sin necesidad de solicitud
ni aprobación previa, se recibe antes de que aparezca la necesidad. Ello
evita los retrasos de los sistemas vigentes con la consiguiente grave
desprotección durante ese tiempo.
— Además, exige una gestión mínima frente al actual
laberinto burocrático y evita también la estigmatización de la pobreza.
La REMA supone eliminar la maraña de programas y normas reguladoras
existentes en la actualidad, lo que favorece también el acceso y la
universalidad y reduce costes de gestión. Por su propia esencia, los
posibles fraudes actuales desaparecen. Ya se ha dicho que es compatible
con otros ingresos, por lo que elimina la trampa de la pobreza y los
posibles incentivos a la economía sumergida disminuyen sustancialmente.
Por lo tanto, parece fuera de duda que es positivo
sustituir los programas actuales por un único sistema universal más
justo, más eficiente, más sencillo, más barato.
Se preguntan algunos, ¿también a los ricos? Lo primero que
conviene recordar es que los ricos ya reciben una renta básica en el
impuesto sobre la renta. El mínimo personal y familiar (y otros
beneficios relacionados) implican que cada contribuyente descuenta de su
importe de lo que tendría que pagar en concepto de renta mínima vital.
Un subsidio que afecta, claro, a los que hacen declaración: un colectivo
donde hay más ricos que pobres. Y eso parece no escandalizar.
La verdad es que el derecho a una renta mínima garantizada
corresponde a todo ciudadano por el mero hecho de serlo. De antemano, no
sabemos si la persona es necesitada o no, cómo le irán las cosas a lo
largo del tiempo…
Hemos visto que uno de los principales problemas de
las rentas mínimas actuales es el enorme coste, en tiempo, esfuerzo,
dinero, personal…, dedicado a la comprobación del grado de necesidad.
Parece mucho más fácil y eficaz entregar el dinero sin preguntar, y
ajustar cuentas periódicamente. Si le va bien tendrá que devolver, si le
fue mal, gracias a la renta previa pudo sobrevivir dignamente sin
necesidad de más trámites.
Obviamente, no faltan críticas e inconvenientes respecto a
la posible implantación de una renta básica. La primera de ellas, el
efecto adverso que pudiera tener sobre los incentivos para el esfuerzo y
la búsqueda de empleo.
La mayoría de la literatura que presume este
posible incentivo perverso de cualquier subsidio sustenta el
razonamiento fundamentalmente en la trampa de la pobreza, por el hecho
de que encontrar trabajo implica perder el subsidio. Precisamente la
REMA elimina ese problema.
La existencia de las horas extraordinarias y la elevada
aceptación por parte de la mayor parte de los trabajadores refuerza la
idea de que en nuestras sociedades existen estímulos muy poderosos para
incrementar el esfuerzo laboral si con ello conseguimos más ingresos. En
cualquier caso, por su compatibilidad, el efecto desincentivo será, sin
lugar a dudas, menor que en cualquiera de los subsidios a los que
sustituye.
Por otro lado, probablemente gastamos más en intentar dejar
fuera de subsidios al vago (con dudoso éxito y graves molestias y
retrasos para los necesitados) que lo que nos costaría pagarles
directamente una renta mínima. Y en la situación presente, los
perceptores tienen derecho a una renta mínima porque el mercado de
trabajo es incapaz de ofrecerles empleo. Ni siquiera indigno.
¿Puede provocar un descenso de salarios? La renta mínima
refuerza el derecho de los trabajadores a rechazar las malas ofertas de
trabajo así como la capacidad de mantener presiones sindicales. También
posibilita elegir entre trabajos remunerados y no remunerados: el hecho
de que estos últimos no se contabilicen en el PIB no significa que no
contribuyan al bienestar general, sino más bien todo lo contrario.
La igualdad de género resalta que puede suponer un
incentivo para el mantenimiento de la mujer en el hogar para todo el
conjunto de economía de los cuidados. La primera respuesta es obvia: la
renta básica no soluciona ni este ni otros muchos problemas y
exclusiones. La lucha debe hacerse con otros medios y otras políticas.
Y
lo mismo debe decirse para la lucha por el pleno empleo o el “empleo
garantizado”, indebidamente considerada alternativa cuando sería, en su
caso, complementaria. En todo caso, tener una renta personal da siempre
más libertad que no tenerla. Y habría que preguntar a las potenciales
beneficiarias si prefieren esperar a que se llegue a una solución
estructural del problema.
Pero, ¿es financieramente viable? Una renta incondicionada
para todos los ciudadanos, se dice, exige un montante de recursos
inabordable o/y poner en peligro otros programas del Estado de
bienestar. Evidentemente, la implantación de la renta básica no debe
implicar perjuicio para las prestaciones en especie, sin perjuicio de la
necesaria revisión de las prestaciones monetarias.
Partamos de una cantidad de 400 euros mensuales (4.800
anuales) para una persona adulta, un 30% de esa cantidad para los
menores. La cifra no es quizás la deseable idealmente. Pero obsérvese
que, para una familia de dos adultos y dos menores, la renta básica
supondría 12.480 euros al año, 1.040 euros al mes. Nos situaríamos en un
tramo medio dentro del conjunto de la UE.
Al ahorro correspondiente de las cuantías por prestaciones
absorbidas, hay que añadir igualmente el ahorro que se produce en el
IRPF. La simplificación supone también una reducción importante de
recursos administrativos que hoy se dedican a la gestión y control de
esas prestaciones. Si la REMA fuera acompañada de una reforma en
profundidad de las prestaciones contributivas, el ahorro podría ser
todavía mayor. A todo lo anterior deberíamos añadir las deducciones por
maternidad, nacimiento o adopción.
La redistribución que implica la implantación de la REMA
provocará un estímulo al consumo, con el consiguiente efecto
multiplicador sobre la demanda agregada y, por ende, sobre la
recaudación tributaria.
Todo lo anterior puede suponer una financiación automática
no inferior al 50% del coste total. Con coste cero (simplemente por
absorción de partidas ya existentes), podríamos garantizar la renta
mínima aproximadamente para el 50% de la población con menos recursos.
Necesitaríamos la anulación/recuperación del otro 50%. La
opción de restringir la renta mínima al 50% de menores ingresos
implicaría un grave error de salto y haría discutible la supresión del
mínimo personal y familiar del IRPF para el 50% restante.
Por ello, una
opción de igual resultado, pero mejores efectos, sería calcular la
devolución de forma gradual, de forma que empezara a recuperarse la
renta pagada a partir de, por ejemplo, la tercera o cuarta decila de
renta, de forma progresiva, alcanzando la totalidad para las dos
últimas. Así, la renta básica jugaría de forma completa para el tercio
de población realmente necesitada, y de forma muy relevante para el
tercio siguiente.
La gradualidad evitaría que ganar un euro más suponga
una pérdida importante. En esta opción, el máximo de devolución sería
equivalente a la renta básica efectivamente recibida, es decir,
supondría tan solo su reducción total o parcial, según el nivel de
renta.
La utilización del IRPF para el ajuste permite la
universalidad inicial de la renta mínima, el automatismo y la
simplicidad de su gestión. En la práctica, la retención en origen ya
tendría en cuenta el doble juego de ingreso de renta mínima y
devolución, con un resultado efectivo nulo en algunos casos y de
incremento de la retención para los niveles de ingresos más elevados
(puesto que ya no tendrían mínimos personales y familiares). No
existiría un problema de financiación por desfase temporal.
No obstante, la manifiesta injusticia en contra de las
rentas salariales que supone el actual IRPF, aconsejaría recuperar una
parte de ese 50% objetivo, por una vía diferente: debería aprovecharse
la circunstancia para equilibrar la presión soportada por esas rentas
con la casi exención de las de origen financiero. Un gravamen sobre
estas rentas permitiría la REMA, aunque sea parcialmente, para todas las
rentas de trabajo. Esta opción reforzaría aún más la progresividad y
equidad del sistema impositivo en su conjunto. Pero nos lleva a otro
debate.
Es inaplazable el debate sobre una renta mínima de
ciudadanía. No ya sobre su conveniencia, que parece evidente,
imprescindible y socialmente asumida, sino sobre la mejor forma de
aplicarlo de forma eficiente y generalizada. Aunque debe trabajarse
sobre las causas y raíces de la pobreza y la exclusión social, es
necesario y urgente un buen programa paliativo que garantice, de forma
simple y automática, una vida digna a toda la ciudadanía.
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Esta pieza es un resumen de la ponencia presentada en las primeras jornadas del Foro de Economía Progresista. , (Juan A. Gimeno es presidente de Economistas sin fronteras. , CTXT, 02/11/16)
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