"El trabajo garantizado consiste en lo siguiente: todo aquel que pueda
y quiera trabajar, pero no encuentre un empleo en el sector privado o
en el sector público permanente, deberá recibir un empleo de transición
en el sector público a cambio de un salario y de unas prestaciones que
le permitan tener todas sus necesidades cubiertas hasta que encuentre un
empleo mejor.
La izquierda se enfrenta a una pregunta de importancia capital. ¿Es
aplicable el trabajo garantizado según la definición anterior o por el
contrario se trata de una entelequia que o bien no es alcanzable o que
si lo es conllevaría más problemas que ventajas?
A continuación expondré las razones por la cuales estoy convencido de
que el trabajo garantizado es perfectamente posible de una manera mucho
más sencilla de lo que algunos piensan y por qué su aplicación
supondría una enorme mejora de las condiciones de vida de la clase
trabajadora.
A mi entender, las bases conceptuales del trabajo garantizado son tres.
Lo primero que hay que entender es que el desempleo es un fenómeno
monetario. Esto significa que hay personas que están dispuestas a vender
su capacidad de trabajo a cambio de un salario, pero que no encuentran a
nadie que les contrate. Por tanto, un emisor de moneda soberano, es
decir, no sujeto a ninguna restricción de gasto, podría comprar todo la
fuerza de trabajo ofrecida por los trabajadores en paro.
Lo segundo que habría que preguntarse es si existe dicho emisor
soberano de moneda. La respuesta es sí, los estados que emiten su propio
dinero. Los estados que, a diferencia de España, emiten su propio
dinero tienen la capacidad de comprar todo aquello que esté a la venta
en su moneda, incluida la capacidad de trabajo desempleada. Por tanto,
los estados soberanos podrían ofrecer un salario a los trabajadores
desempleados a cambio de su fuerza de trabajo.
Si además dichos estados soberanos ofrecieran un salario a cambio de
la fuerza de trabajo desempleada de manera permanente y por ley, el
nivel de paro de ese estado sería siempre igual a cero. Por
consiguiente, el tercer punto en el que se basa el trabajo garantizado
es la conversión del pleno empleo en una variable endógena del ciclo
económico. Esto significa que el nivel de desempleo siempre sería nulo
independientemente de las decisiones del sector privado a la hora de
contratar y de las decisiones de los consumidores a la hora de adquirir
bienes y servicios.
Una vez expuestas estas tres ideas, comunes a cualquier estado,
pasemos a la forma que tomaría el trabajo garantizado en la práctica.
Para ello tomaré a España como sujeto de análisis.
Lo primero que España debería hacer para implantar el trabajo
garantizado es recuperar su soberanía monetaria (he tratado ampliamente
esta cuestión aquí y aquí).
España decidió renunciar a la soberanía monetaria del Banco de España y
cedérsela al Banco Central Europeo (BCE). Esto fue un gran error, ya
que España es usuaria, pero no emisora del euro. Esto significa que el
estado español no puede decidir su nivel de gasto de manera soberana,
sino que tiene que acatar las reglas impuestas por la Unión Europea.
Estas reglas, recogidas sobre todo en el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento y en el Tratado de Maastricht, limitan la capacidad de gasto
de España mediante imposiciones sobre su déficit público y sobre su
capacidad de endeudamiento. Mientras España dependa del BCE para llevar a
cabo sus políticas de gasto no podrá optar por el trabajo garantizado
de manera permanente y por ley, ya que las reglas de la Unión Europea se
lo impiden.
Una vez recuperada la soberanía monetaria, España debería decidir de
manera democrática el tamaño de su sector público permanente. La
pertenencia al euro y a la Unión Europea han depauperado gravemente los
servicios públicos mediante grandes recortes presupuestarios. Una España
soberana podría revertir dichos recortes. Además, también podría
acometer las inversiones necesarias para la reindustrialización del
país, ya que el modelo productivo español basado en la hostelería, el
turismo y la especulación inmobiliaria ha demostrado ser muy precario,
tal y como ha puesto de manifiesto la actual crisis del coronavirus.
El tercer paso serían los planes de trabajo garantizado a nivel
municipal (o en su caso a nivel comarcal). Todos los municipios deberían
hacerle llegar al Ministerio de Trabajo su plan de trabajo garantizado.
En dichos planes, los municipios deberían identificar las áreas en las
que el sector público permanente necesitaría recibir un refuerzo
temporal. A mi entender, la mejor manera de llevar esto a cabo es
mediante planes integrales.
El trabajo público necesario de manera
permanente debería cubrirse mediante puestos de trabajo permanentes. No
obstante, hay tareas que solo necesitan ser acometidas cada cierto
tiempo. Son esas tareas las que mejor se ajustan a los planes de trabajo
garantizado. Por ejemplo, los servicios de limpieza permanentes
deberían asegurar la limpieza de las calles, pero cada cierto número de
años se deberán limpiar paredes y fachadas estropeadas.
Esa labor no
tiene que ser llevada a cabo de manera permanente, sino que podría ser
llevada a cabo de manera puntual mediante un plan integral de limpieza
cada cierto número de años. Ese plan integral podría ser un plan de
trabajo garantizado. Lo mismo podría hacerse para atajar dinámicas
sociales destructivas como el bullying o el fracaso escolar.
Una medida muy acertada sería hacer que los colegios e institutos
españoles dejaran de estar cerrados tres meses al año y pasaran a estar
abiertos todos los días laborables.
Así se podrían dar clases de
refuerzo para combatir el fracaso escolar y cursos de resolución de
conflictos o de estilos de vida saludables. De esta manera, fenómenos
destructivos que se sabe que tienen un componente generacional como el bullying
o el fracaso escolar podrían serían atajados y no volverían a aparecer
de manera muy acentuada hasta varios años después de haber sido tratados
mediante programas integrales basados en planes de trabajo garantizado.
Los planes de trabajo garantizado (que deberían amoldarse lo más
posible a las capacidades de los trabajadores que los compongan)
deberían ser financiados directamente por el Ministerio de Trabajo, no
por los propios municipios. Esto dificultaría la aparición de fenómenos
de corrupción.
Asimismo, los planes de trabajo garantizado deberían
estar sometidos a controles que aseguraran que el trabajo realizado
cumpliera todos los estándares de calidad que se exigen en el sector
privado y en el sector público permanente. Esto significa que un
trabajador que no cumpla con su trabajo podría ser despedido y
considerado no apto para su labor. Además, el Ministerio de Trabajo
podría poner en práctica controles de calidad externos que corroboraran
que se cumplen los estándares laborales exigidos.
Los planes anteriormente expuestos reciben el nombre de planes de
trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo y
fueron ideados por el economista australiano Bill Mitchell. La idea
principal de estos planes es doble. Por un lado, el trabajo realizado en
ellos no debe competir en el mercado con lo producido por el sector
privado.
Por otro, las herramientas para llevar cabo estos planes deben
ser lo más rudimentarias posibles. Esto evita que aparezcan presiones
inflacionarias, ya que no se compite con el sector privado ni por la
mano de obra (recordemos que se trata de trabajadores rechazados por el
sector privado), ni por los materiales utilizados.
El único efecto sobre el tejido productivo privado es que las
empresas que no puedan asegurar a sus trabajadores unas condiciones de
vida dignas desaparecerían, ya que el salario y las prestaciones del
trabajo garantizado pasarían a ser el salario y las condiciones de
trabajo mínimas. Si una empresa no ofreciera unas condiciones mejores
que el trabajo garantizado, los trabajadores decidirían no trabajar en
ella y se acogerían al trabajo garantizado.
Asimismo, si las demandas
salariales de los trabajadores del sector privado fueran demasiado
altas, las empresas podrían recurrir a los trabajadores del trabajo
garantizado para evitar dichas demandas. Esto significa que una vez
alcanzado el pleno empleo mediante estos planes, también se alcanzaría
la estabilidad de precios, ya que el nivel salarial siempre estaría
cercano al nivel salarial del trabajo garantizado. Como el factor
trabajo siempre está presente en la creación de bienes y servicios,
basta con que el estado controle el precio del trabajo para controlar el
nivel de precios del resto de la economía.
Es descorazonador ver cómo la izquierda que está en el gobierno de
España, sobre todo la perteneciente al Partido Comunista, da la espalda
al trabajo garantizado basado en las reservas de estabilización de
empleo. Debido a la pandemia del COVID-19, el Banco de España estima que
en 2021 el PIB podría contraerse un 13,6% y que el desempleo podría
llegar al 21,7%.
Unidas Podemos va a tener que optar. O bien le miente a la ciudadanía y
le dice que el desempleo masivo y el enorme sufrimiento que conlleva
son inevitables, o bien opta por plantear políticas de pleno empleo como
el trabajo garantizado, pese a que eso conlleve trabajar por la salida
del euro.
Unidas Podemos va a optar por la mentira.
Que viva el 1 de mayo y que vivan los trabajadores.
Euro delendus est" (Carlos García Hernández, elComún, 06/05/20)
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