"Piketty es una buena referencia para dar solvencia técnica a un discurso alternativo. Sin embargo, eso no le convierte en un analista político acertado si lo que se pretende es orientar «cómo se puede superar el capitalismo» , algo que necesita sortear la perspectiva técnica para adentrarse en el camino de lo políticamente factible. No obstante, su aportación sirve para orientar un relato y sintetizar los elementos y espacios donde merece la pena incidir.
Nos encontramos en un momento histórico que propicia una visión pesimista sobre la capacidad de las lógicas inclusivas para convertirse en dominantes. Pero esta realidad puede también leerse de otra manera: es la ausencia de alternativas democráticas, visibles y prácticas, al sistema capitalista y a sus crisis periódicas las que están detrás del pesimismo antropológico que se instala en la sociedad.
De un lado, es evidente que hace demasiadas décadas que la sociedad no tiene un referente por el qué luchar; de otro, que no hay posibilidad de cambio social sin una propuesta alternativa de bien común.
El estado de la participación de los trabajadores en las empresas, un referente de lo que supone la democratización económica, puede servir de termómetro de las propuestas alternativas. Se trata de un debate maduro soportado con argumentos múltiples desde todas las perspectivas posibles: económicas, jurídicas, institucionales o políticas. Pero eso no significa, en absoluto, que haya avanzado en su aceptación social, sino todo lo contrario: en la medida en que han prosperado las propuestas participativas, han surgido, también, las resistencias a implantar los más mínimos cambios a la lógica tradicional del busines as usual.
La resultante es un vector que se nutrió principalmente de las diversas iniciativas nacidas en la segunda mitad del siglo XX (codeterminación, participación en beneficios, trabajadores accionistas, autogestión, proyectos cooperativos…) al que se han añadido experiencias locales de menor nivel. Esos impulsos se han visto arropados (y escoltados) desde las instituciones europeas, propiciando determinados cambios normativos, aunque nunca con carácter de directiva con unos mínimos de implantación obligatoria.
Todo ello se ha visto acompañado, especialmente en momentos de crisis, de una retórica buenista y vacía, dominante en los mass media, sobre empresas responsables y/o sostenibles que se diluye tan fácilmente como se alimenta.
Por otro lado, incluso en los países que fueron adalides de formas de cogestión, como Alemania, los institutos patronales empresariales no ocultan sus reservas respecto a lo que consideran un elemento de rigidez que les resta competitividad en los mercados globales, a pesar de que, como señaló Merkel en 2005, es evidente que la cogestión ha constituido “una ventaja y no una desventaja competitiva”, además de un factor decisivo de su liderazgo industrial.
Para terminar de completar este rápido
diagnóstico es imprescindible incorporar, como hecho objetivo que
explica lo anterior, un entorno en el que destaca la debilidad de las fuerzas sindicales,
obligadas por factores tecnoeconómicos y políticos a actuar a la
defensiva en estas tres últimas décadas, en batallas de resistencia para
conservar derechos. Solo ahora, al menos en España, arropados por el
gobierno progresista, empiezan a impulsar un empleo de más calidad y a
dibujar una nueva batería de derechos que nos preparan para un modelo
productivo mas tecnológico e inclusivo.
El socialismo participativo de Piketty
Es en ese contexto donde tienen valor las aportaciones de Piketty como forma de dar solvencia técnica a un discurso alternativo, aportando material a las fuerzas sociales para elaborar un relato de un futuro posible. Porque, es evidente que, sin vislumbrar el futuro, es imposible convertir en fuerza material las ideas transformadoras.
¿Cuáles son los rasgos que atribuiríamos al sistema económico en un entorno postcapitalista? ¿Cómo imaginamos la producción de riqueza y cómo su interrelación con el tiempo de ocio y el buen vivir? ¿Cómo imaginamos la propiedad de las empresas y cuales sus mecanismos de control, quiénes sus dirigentes y cómo la forma de elegirlos, cómo se tomarían las decisiones diarias y cómo las estratégicas?
Piketty propone “superar el sistema actual de propiedad privada” mediante dos pilares básicos: “por un lado, mediante la propiedad social y la división de los derechos de voto en las empresas y por otro, mediante la propiedad temporal y la circulación de capital”. Combinando ambas líneas de trabajo, afirma, “estaríamos ante una verdadera superación del capitalismo”.
Ocurre que no siempre la solvencia académica del análisis y la factibilidad política de sus conclusiones van de la mano, no siempre las soluciones técnicas, por muy brillantes que parezcan, son socialmente viables. Pretender como solución, por ejemplo, un gravamen al patrimonio con un tipo anual del 10% a los de dimensiones cien veces por encima del promedio, o del 90% anual para los patrimonios diez mil veces por encima del patrimonio medio, se antoja un brindis al sol. Una sociedad que pudiera implantar esa medida habría recorrido un larguísimo camino respecto al punto que nos encontramos. Y desde luego, suena a utopía lejana pensar que la lógica del capitalismo actual, obsesionado por la desfiscalización, pudiera asumirlas.
En cualquier caso, dejando al margen propuestas concretas, marca un camino sugerente que conviene repasar para extraer de él la máxima utilidad.
Democratizar el poder en la empresa (o cómo romper la lógica entre propiedad y dominio).
Piketty recupera en este ámbito buena parte de las iniciativas ya implantadas en el pasado con el propósito de revitalizar el poder colectivo de los asalariados en el seno de la dirección y la gestión de las empresas.
Lo hace desde una síntesis entre la propiedad social y la capacidad de decidir que intenta superar los déficits detectados en los modelos participativos vigentes. Por un lado, esa síntesis diluye la confrontación entre un modelo puramente cooperativo (una persona, un voto) y uno puramente propietarista (una acción, un voto). Por otro lado, al abandonar la idea de la propiedad estatal (o pública) como principal referente del socialismo, remarca un camino de socialización de la propiedad en el que se incentiva la presencia de propietarios realmente involucrados en el futuro de la empresa y en su gobierno, particularmente sus trabajadores. Por último, pretende ir más allá de la cogestión, al conectarla con la propiedad social, un paso imprescindible para reequilibrar el actual reparto de “valor añadido” entre beneficios y salarios.
Conviene que nos detengamos en los pasos que propone para desarrollar lo que denomina un régimen de “propiedad social”.
Se trata de superar el principio básico del capitalismo por el que la propiedad se convierte en el origen exclusivo del dominio, es decir, la que concede al propietario todas las facultades que pueden ejercerse sobre los bienes y derechos. Romper ese vínculo supone disociar la conexión entre la propiedad accionarial y el poder de decisión en las empresas y, para ello, propone como solución un escenario que haga compatible la libertad para que un inversor aumente sus cuotas como accionista, mientras restringe su capacidad de influir en el gobierno fijando un tope máximo, (por ejemplo, del 10%) a los derechos políticos. Es decir que, consiste en limitar los derechos de voto y el poder de decisión de los accionistas más importantes.
El segundo paso, siguiendo la lógica de la cogestión, busca abrir la participación a los asalariados (o sus representantes), hasta “la mitad de los derechos de voto en los consejos de administración o de dirección de todas las empresas privadas, incluyendo las más pequeñas”, objetivo que se ubica entre los planteamientos más ambiciosos de las experiencias de codecisión socialdemócratas del siglo pasado.
La lógica de la propiedad social podría reforzarse mediante el desarrollo de “accionistas asalariados” para facilitar mayorías con capacidad de influir en las decisiones, añadiendo su representación en tanto que accionistas a la que ya dispongan como asalariados.
Como ejemplo más ambicioso de propiedad social, cita y recupera el “sistema 2x+y” propuesto por el laborismo en la época de Harold Wilson (1977/78). Concede al capital y a los representantes de los trabajadores un mismo nivel de participación en el gobierno corporativo (que son “las 2x” de la formulación) pero reserva el resto de participación (el “y”) para un representante público que defiende el interés general en representación de los bienes y servicios públicos aportados a la generación de valor.
Fiscalidad para gravar el patrimonio ocioso (o cómo financiar una “herencia ciudadana” universal).
Esa síntesis entre propiedad social y capacidad de decidir se complementaría con un impulso a la que denomina “propiedad temporal” que la asocia a un impulso a la circulación del capital. Quiere evitar, con ello, las consecuencias indeseadas de la concentración de riqueza en las grandes fortunas convertidas en un patrimonio ocioso que apenas genera utilidades materiales a la sociedad.
En su esencia, propone recuperar la lógica de las desamortizaciones del siglo XVIII que evite que la riqueza se concentre en “manos muertas” e improductivas (antes, el clero y los aristócratas; ahora, las grandes fortunas) y circule hacia otros grupos sociales más dinámicos.
Esencialmente consiste en un impuesto anual sobre los patrimonios (cuya base imponible incluiría todo tipo de activos) y sobre su transmisión hereditaria, con el objetivo de favorecer la circulación permanente de la riqueza. Como reconoce las fuertes resistencias psicológicas que genera la penalización fiscal de las herencias se decanta por gravar el patrimonio con unos tipos fuertemente progresivos (ya comentados), que supondrían, incluso con tipos menos ambiciosos, un vuelco revolucionario.
Una de las novedades de su propuesta es
que los recursos así alcanzados tendrían un destino finalista: financiar
un fondo suficiente para dotar a cualquier individuo, a los veinticinco
años de edad, de una herencia básica ciudadana de alrededor de 120.000 € en los estados centrales del capitalismo. De alguna forma, esa idea[1]
convierte en derecho el recibir un patrimonio privado que podría
dedicarse tanto a comprar una vivienda que a impulsar una propuesta
emprendedora. De alguna forma, sustituye a la de “renta básica”,
asociada a un derecho universal de ciudadania y garantía de
subsistencia, e incorpora una nueva perspectiva propietarista a la igualdad de oportunidades. A su favor, la evidencia de ser, además, más barata de financiar.
Conclusiones
Piketty cierra con ello un camino reformista que ofrece una salida inclusiva al capitalismo excluyente. Sorprende que no aborde las posibilidades que ofrece el momento histórico presente, marcado por las transiciones tecnológicas, medioambientales y demográficas. Y en particular la coincidencia entre el creciente peso del capitalismo cognitivo y de activos intangibles con un momento demográfico que convierte en dominantes las organizaciones con plantillas adultas y maduras, que pueden aportar un cambio en los consensos empresariales y en la misma creación de valor.[2]
Su enfoque académico se nota en el convencimiento aparente de que las buenas ideas se acaban imponiendo, cosa que solo ocurre cuando fortalecen el discurso social y se convierten en fuerzas materiales (apoyos sociales, fondos económicos, votos). Lo esencial, por tanto, es que sus propuestas aporten solvencia a un relato que facilite nuevos equilibrios políticos y sociales muy diferente al actual o que se reconozcan como solución ante un abismo de tal magnitud que pusiera en crisis evidente la supervivencia del sistema."
(Ignacio Muro Benayas, Miembro de Economistas Frente a la Crisis, Plataforma por la Democracia económica, 08/07/22)
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