“Una utopía hacia la paz”. Este es el lema que esgrime el escudo de Marinaleda. Un pueblo sevillano de 2.700 habitantes, cuyo alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha aparecido en todos los medios después de participar en una “expropiación” a un supermercado para suministrar alimentos a un comedor social.
El caso de este pueblo, un “oasis comunista”, como lo definió en el año 2009 el New York Times, es actualmente lo más parecido a los falansterios ideados por Charles Fourier en el siglo XIX.
No hay paro en Marinaleda. La mayoría de habitantes trabajan en una
cooperativa agrícola (propiedad de los trabajadores) 35 horas a la
semana por un sueldo aproximado de 1200 euros. Todos los trabajadores
públicos cobran lo mismo en el pueblo. Desde el administrativo del
Ayuntamiento hasta el que trabaja en el campo. Las decisiones (empleo,
vivienda, impuestos…) se toman en asamblea.
“La gente no debe votar cada
cuatro años, sino cada vez que algo le afecta”, dice Gordillo en un vídeo para la televisión belga. En Marinaleda tampoco hay policías ni multas.
El camino de este municipio hacia “la utopía” se inició en el año
1979 con la elección de Sánchez Gordillo como alcalde por el CUT
(Colectivo de Unidad de Trabajadores), partido integrado en Izquierda
Unida. Por aquel entonces, Marinaleda era un pueblo de jornaleros muy
pobres, sin apenas ingresos ni perspectivas de futuro.
En los años 60
prácticamente la mitad del pueblo emigró a Barcelona y otras ciudades
europeas para sobrevivir. “Hemos pasado mucha hambre”, reconoce Rosario
Sánchez, una vecina del pueblo, en el documental Marinaleda, el sueño de la tierra.
El pueblo emprendió entonces una serie de protestas para reclamar la
propiedad de las tierras que rodeaban el municipio, explotadas por
grandes terratenientes que abusaban de la población local. Huelgas de
hambre, ocupaciones de fincas, aeropuertos (Sevilla y Málaga),
estaciones de AVE e incluso el Banco de España.
A mediados de los 80
ocuparon el cortijo de El Humoso, un terreno agrícola de 1.200 hectáreas
propiedad del Duque del Infantado donde establecieron la cooperativa.
La propiedad del terreno fue reconocida a los habitantes de Marinaleda
en 1991.
En las tierras de El Humoso trabajan unas 400 personas, otros cientos
trabajan en la cooperativa que se formó a raíz de la primera, una
planta de transformación de los productos agrarios.
El resto de
habitantes que no trabajan para el sector público también vive
indirectamente de las cooperativas: son estas las que proporcionan los
sueldos que luego se gastan en los bares, tiendas y demás comercios del
municipio.
La gestión de la vivienda en la localidad también ha despertado el
interés de los medios internacionales. En una época en la que la
especulación urbanística ha llevado a España a una situación límite, con
un gran número de ciudadanos ahogados por hipotecas inalcanzables, los
habitantes del pueblo pagan sólo 15 euros al mes por su domicilio.
El Ayuntamiento proporciona los terrenos, los albañiles y el
arquitecto. La Junta de Andalucía los materiales y el ciudadano su
trabajo. Así, en Marinaleda una vivienda cuesta 400 días de trabajo, la
renta de 15 euros al mes sirve para cubrir los materiales aportados
inicialmente por la Junta. Una vez construida la casa, se puede
transmitir de generación en generación, pero nunca venderla. En el
pueblo no se permite la especulación.
CRÍTICAS AL MODELO
El modelo implantado en este pueblo andaluz no ha quedado exento de
crítica, incluso por parte de alguno de sus habitantes. Hay gente que
considera que el pueblo se ha estancado, pero sobre todo critican el
populismo y caciquismo de Sánchez Gordillo, que lleva 30 años como
alcade.
El jefe del consistorio, además, tiene un programa en el canal
local, donde cada sábado y durante una hora adoctrina a la población al
más puro estilo Chávez.
“Ahora el mayor terrateniente de Marinaleda es el alcalde” dijo Hipólito Aries, concejal en el pueblo por el PSOE al New York Times. Sánchez
Gordillo, sin embargo, dice no ser propietario de nada más que su casa y
se defiende en el hecho de que la gente le vota. “Si obtengo la mayoría
absoluta en todas las elecciones, será por algo”.
También se critica que el pueblo depende en exceso de la subvenciones
estatales -recibe 325.000 euros anuales del PER- y autonómicas. A su
vez, se cuestiona la focalización de toda la economía en el campo, un
sector que muchos consideran anacrónico y sin futuro el día que se
acaben las subvenciones." (Attac Madrid, 18/08/2012, Pol Pareja
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