"(...) ¿Qué coste tendría para la Generalitat la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía?
S.G:
El coste ahora mismo no lo puede decir nadie, ni tan solo el mismo
Govern de la Generalitat porque no hay datos para calcularlo. No hay
datos fiables desde el 2012.
J.A: Hicimos
unas proyecciones de cálculo fundamentadas en los últimos datos
conocidos. Se necesitan más datos para poder calcular la Renta con
garantías. El cálculo de lo que supondría la RGC es complejo, ya que
tiene en cuenta toda una serie de indicadores para poder acceder a ella.
Con los datos existentes en el 2012, el coste de una Renta de este tipo
sería de unos 2027 millones de euros, con poco más de 640.000
beneficiarios.
S.G: En la actualidad, se podrían hacer cómputos similares para llegar a una conclusión parecida.
¿Qué indicadores se tendrían en cuenta para poderse beneficiar de esta renta básica?
S.G:
Para acceder a la RGC, deberíamos saber quién tiene derecho a la
prestación y qué datos públicos tenemos al alcance para poder
calcularla. En el primer caso, tendrían derecho todos los mayores de 18
años, sin límite alguno de edad.
Además, sería individual, lo que
implica introducir un elemento de complejidad, ya que a la prestación podría acceder más de una persona en el mismo núcleo familiar
de convivencia. Esta Renta tendría también un carácter suplementario.
Es decir, se accedería, una vez agotadas las anteriores prestaciones a
las que se tuviese derecho y garantizaría 664 euros al mes.
Funcionaría como un último freno.
S.G:
Un ejemplo claro para entender esto sería el caso de una mujer que
recibe únicamente una pensión de viudedad de 440 euros. Con la
aplicación de la RGC tendría derecho a percibir una cantidad
suplementaria que le permitiese alcanzar este nivel fijado en los 664
euros al mes.
En el caso de las prestaciones, nos
podemos encontrar, por ejemplo, que si uno no recibe ningún tipo de
prestación, no puede acceder a los descuentos que ofrece el transporte
público en Barcelona, y si se cobra el paro, sí.
J.A: Es una auténtica locura y no se acaban de entender los requisitos que se imponen para alcanzar cualquier tipo de prestaciones.
S.G:
Este carácter suplementario del que hablamos tiene diversas funciones.
Una de las más importantes es dar respuesta a la dispersión de
competencias que se da entre el gobierno central y los autonómicos. Si
Catalunya establece esta Renta, a la que se podría acceder renunciando a
rentas del Estado inferiores a esos 664 euros, automáticamente en
Catalunya cualquier persona empadronada podría acceder a estos derechos
de forma más fácil.
Aparte de estar empadronado, ¿qué otros requisitos contempláis como necesarios para cobrar la RGC?
Estar
empadronado y, en el caso de los extranjeros, tener la residencia. En
nuestra propuesta, si en el núcleo familiar se dan más beneficiarios,
serían 664 euros más el 70% de esta RGC sí son dos, un 40% más que se
sumaría por un tercer miembro, etc. Cuantas más personas formen parte de
la unidad familiar más irían disminuyendo las ayudas individuales.
El
discurso de los recortes ha puesto el énfasis muchas veces en el
carácter desincentivador de las ayudas, que son vistas casi como un
regalo del Estado por no trabajar.
J.A: El acceso a la RGC incluye obligaciones. Estaría vinculada a la búsqueda de empleo, pero no estaría condicionada a compromisos de inserción socio-laboral o formación.
Tampoco estaría sujeto a disponibilidades presupuestarias, pues
pensamos que es un derecho básico. Es el discurso oficial y habitual.
Que cada uno se ponga en esa situación. Con esos 664 euros. ¿No buscaría
trabajo? ¿No querría mejorar su situación?
S.G:
La Renta incluye la obligación de aceptar una oferta de trabajo
adecuada, que es un concepto ya regulado en la Unión Europea, y que
significa que durante el primer año es adecuada cualquier oferta de un trabajo similar
al desempeñado hasta la pérdida del anterior puesto laboral. A partir
del segundo año, cualquier trabajo, pero que no suponga una movilidad
obligada y con respeto a la dignidad.
¿La aprobación por el Parlament de Catalunya de una medida de este tipo serviría de estímulo económico?
J.A:
Primero, y esto es lo principal, ayudaría a disminuir la pobreza. Estos
664 euros no son una cifra caprichosa, son los que marcan el indicador
de suficiencia económica, que además hace cuatro años que no se toca.
Una persona es considerada pobre en Catalunya si sus ingresos están por
debajo de este umbral.
Lo que decimos es que si se aprueba esta
iniciativa, no habría pobres, en el sentido legal,
evidentemente. Si elegimos otros indicadores, la cosa puede cambiar
mucho. La Unión Europea usa el 60% de la mediana nacional de los
ingresos por unidad de consumo -que son los ingresos totales del hogar
entre el número de miembros-.
S.G: En este
terreno hay una doble vertiente. ¿Es rentable? Y, ¿por qué? El Govern de
la Generalitat no debe pagar los 2.000 millones que hablábamos, sino
las 12 pagas. Ayudaría primero a subsistir, lo que quiere decir,
consumir.
Sin ingresos, poco consumo puede haber...
S.G:Seguir como estamos. Irse a vivir de la pensión de los abuelos. Es una opción...
¿Son aún reversibles las consecuencias de la crisis económica?
J.A:
Creemos que con la aplicación de la RGC se paliaría una parte. Se
podría generar un consumo, por pequeño que fuese, que acabaría
revirtiendo, vía IVA, impuestos, etc, en las mismas arcas del Estado.
Cualquier política de recuperación económica en un momento de crisis
pasa por incentivar el consumo.
El Gobierno de Rajoy parece que ha optado por otro camino.
S.G:
Y el de la Generalitat también. Este movimiento a favor de la Renta, la
campaña de la ILP por llevarla al Parlament, nace en julio de 2011,
cuando se decide liquidar el PIRMI. Había 90.000 familias que lo
cobraban.
J.A: Y ésta era la campaña de
limpieza, vinculada a la lucha contra el fraude, y de paso, contra la
inmigración. Este era el discurso publicitario de la Generalitat. Su
excusa. Si leemos el preámbulo del decreto que suprime el PIRMI, dice
claramente que como cada vez habrá más parados y más solicitudes para
cobrarlo, si no paramos ahora, no podremos pagar en el futuro.
Son
palabras textuales. Es su justificación. Y pasan la pelota al gobierno
central. Es un discurso sobre todo que incide en los presuntos excesos
de los inmigrantes, y en especial, de las mujeres.
¿La pobreza le sale cara al Estado?
S.G:
Sí, es evidente. Es un factor muy estudiado. En ayuntamientos como el
de Terrassa desde 2008 y hasta 2013 el incremento del gasto municipal en
becas-comedor, ayudas a niños, etc, ha sido del 300%. Es un gasto que
sirve para que las familias puedan comer o acceder al transporte
público. Sin el PIRMI, han sido los ayuntamientos los que han tenido que
asumir ese gasto y poner el dinero. (...)" (Entrevista a Sixte Garganté, y Jordi Arcarons, Público 21/03/2014)
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