La emigración es una violenta catástrofe social para los pobres y un gran negocio para los ricos. ¿Por qué no hay niños costarricenses, nicaragüenses y panameños huyendo al norte?

"La prolongada crisis social y de seguridad de Guatemala, Honduras y El Salvador ya se convirtió en una emergencia humanitaria sin precedentes. Decenas de miles de niños están huyendo al norte por una ruta de 3.000 kilómetros plagada de peligros. 

La causa fundamental de esta crisis reside en las economías brutalmente extractivas que dominan a estos países. Seis millones de migrantes que constituyen el 12% de los guatemaltecos, el 14% de los hondureños y casi el 40% de los salvadoreños viven en Estados Unidos. 

En los últimos veinte años estos centroamericanos han enviado a sus países la fabulosa suma de ciento veinticuatro mil millones de dólares en remesas. Exportar pobres se ha convertido en el más lucrativo negocio de los oligarcas locales.

El debate sobre esta crisis se está colocando sobre las consecuencias y no sobre la causa. Se habla de las responsabilidades de México por las amenazas en la ruta o del retraso en la Reforma Migratoria en Estados Unidos e incluso del crimen organizado que genera la cocaína colombiana. 

El problema es que las remesas han fortalecido el modelo extractivo creando una economía de consumo artificialmente financiada cuyas ganancias van a parar a las familias dominantes de cada país. 

Al igual que la renta petrolera, que permite ser rico con poco esfuerzo, la renta de las remesas está deformando las economías, acabando con los incentivos para producir, multiplicando la riqueza de los oligarcas, creando una desigualdad de proporciones trágicas, destruyendo familias y comunidades y generando violencia social y criminal a gran escala.

El Salvador importa alrededor de 8.500 millones de dólares anuales y la mitad de estas importaciones las paga con remesas. Se multiplicaron los grandes centros comerciales, la agricultura fue abandonada, la economía lleva veinte años sin crecer, el desempleo se volvió crónico, la población emigra masivamente, los coyotes son el motor de la economía y las pandillas gobiernan los barrios pobres.

 Honduras y Guatemala se han sumado a este modelo. Los ricos captan las remesas supliendo el consumo, sacan el dinero de sus países y se transforman en empresarios regionales o globales.

Las familias pudientes de estos países tienen inversiones en la Florida, Panamá, República Dominicana, Colombia, Nicaragua y Costa Rica. Sólo uno de ellos invirtió 250 millones de dólares en un complejo turístico en República Dominicana.

 No hay razones objetivas para que los ricos de Guatemala, Honduras y El Salvador inviertan en sus países y se esfuercen en reducir la emigración. Los peligros de la ruta y las deportaciones masivas de emigrantes son para ellos riesgos de transportación y devolución de mercadería. Las remesas los volvieron mucho más ricos que cuando eran sólo terratenientes.

De acuerdo con los datos de la consultora Wealth-X, en Guatemala, Honduras y El Salvador existen 610 ultra-ricos que poseen 80.000 millones de dólares y éstos captan la mayor parte de los 12.000 millones de dólares que cada año llegan de Estados Unidos. Frente a tanta riqueza de los oligarcas, lucen absurdos los 3.700 millones de dólares que el presidente Obama piensa utilizar para atender la emergencia.

Guatemala, El Salvador y Honduras están cayendo en un círculo vicioso que conecta las remesas con la violencia. A más emigración, más remesas, a más remesas menos productividad, a menos productividad más desempleo, a más desempleo más violencia y a más violencia más emigración. Las pandillas resultan de la multiplicación exponencial de las familias disfuncionales y de la destrucción del tejido social familiar y comunitario que deja la emigración. 

Las pandillas dominan barrios y comunidades afectando prácticamente sólo a los pobres con extorsiones que pagan hasta los vendedores de periódicos. Conforme a datos de la gremial de pequeños empresarios de El Salvador, el 90% de las microempresas pagan extorsión. En la capital de Honduras 1.600 pequeños comercios cerraron por la violencia sólo en el 2012. La emigración es una violenta catástrofe social para los pobres y un gran negocio para los ricos.

A los ricos de los tres países no les importa la seguridad pública, ellos se protegen con seguridad privada, los policías son mal pagados y pocos. En Guatemala se ha creado una ciudad privada para ricos llamada Paseo Cayalá. Es un espacio de catorce hectáreas, cerrado por muros, que cuenta con todos los servicios en su interior, creando un mundo alejado del crimen y la inseguridad.

 La seguridad privada en Guatemala cuenta con 125.000 efectivos mientras la policía sólo son 22,000. Es al mismo tiempo el país de Latinoamérica donde, en proporción a sus habitantes, se venden más vehículos blindados. Tiene registrados 406 aviones y 142 helicópteros de uso privado, una de las mayores flotas áreas en manos de particulares del continente.

Los ricos de Guatemala, Honduras y El Salvador se han vuelto totalmente insensibles a la realidad que les rodea. Se protegen con sus propios guardias, pagan salarios de hambre, no invierten en sus países y se resisten a pagar impuestos.

 Son fanáticos de la idea de Estados raquíticos a los cuales la inversión externa les resuelva los problemas. Honduras creó en el 2011 un programa llamado Honduras abierta a los negocios que supone regalar espacios del territorio a cambio de que otros se hagan cargo del país. 

A tres años de iniciado el programa no han llegado inversionistas porque Honduras es el país más violento del mundo. Los empresarios salvadoreños quieren ahora copiar este fracaso.

No se puede culpar a Estados Unidos, México o a la cocaína por esta crisis. ¿Por qué no hay niños costarricenses, nicaragüenses y panameños huyendo al norte?

 Muy a pesar de que presentan problemas de desigualdad la realidad es que la revolucionaria Nicaragua, la keynesiana Costa Rica y la Panamá que fundó Torrijos con la recuperación del Canal, mantienen sus economías creciendo, atraen turistas e inversión externa, no tienen crisis de seguridad a gran escala y, en los casos de Panamá y Costa Rica, no expulsan trabajadores, sino que los demandan. Panamá recibe remesas por valor de 214 millones de dólares y envía 374 millones.  (...)"         (El País | Joaquín Villalobos,12/07/2014)