Qué es el Trabajo Garantizado, y por qué es mejor que la Renta Básica de Ciudadanía

"La propuesta del Trabajo Garantizado [TG], ofrecer empleos a los ciudadanos desde el Estado, se ha convertido en uno de los puntos estelares del proyecto económico de Izquierda Unida. Malacitano pero nacido en Logroño, Eduardo Garzón (1988) es de los economistas que mayor y mejor defensa pública están haciendo de la medida. 

A pesar de su juventud, integra el equipo de análisis de la Fundación Europa de los Ciudadanos, tutelada por Izquierda Unida —donde milita—, y forma parte del consejo científico de la organización altermundista ATTAC. 

«No me preocupa mucho cómo se me presente», indica. Y es que está centrado en desarrollar la idea del TG, con el que se podría «alcanzar el pleno empleo sin necesidad de tener desequilibrios macroeconómicos».

El artículo 35 de la Constitución habla del derecho al trabajo de los españoles. ¿Cómo se ha desarrollado esa idea desde 1978 hasta ahora?

El problema es que la Constitución recoge ese derecho, sí, pero no con la categoría de fundamental, que es la que ostentan los artículos inmediatamente anteriores al 35. Entonces, nos encontramos con que el derecho al trabajo es de carácter orientativo o de guía. Por lo tanto, el ciudadano no tiene posibilidad frente al Estado para, por ejemplo, llevarlo a juicio por no garantizarle un trabajo. 

La idea del Trabajo Garantizado [TG] es, precisamente, darle la vuelta: hacer que el derecho al trabajo sea de carácter positivo; siguiendo con el ejemplo, que el ciudadano tenga la garantía de poder denunciar al Estado si éste no le garantiza un empleo. ¿La evolución desde el 78? Desde el punto de vista económico, hemos visto cómo ha ido pasando a un segundo plano. 

Pero ni siquiera por voluntad política, sino porque hoy en día vivimos en una etapa del capitalismo denominada neoliberalismo, donde aumenta la presión de fuerzas externas, la competencia con otras potencias económicas, se liberan los flujos de capital, etc. 

Por eso ha habido una transferencia del trabajo desde las potencias hegemónicas hacia otras economías que han ido emergiendo. Debido a los obstáculos que plantea este contexto neoliberal, hoy día es aún más difícil llegar al pleno empleo.

¿Habría que cambiar la Constitución para implementar el TG?

No. Tenemos un equipo de especialistas que aún está investigando la viabilidad jurídica de la propuesta. A pesar de que todavía no han terminado el trabajo, ya están en condiciones de asegurar que el TG encaja perfectamente con la legislación española. Por tanto, en este sentido no habría ninguna necesidad de cambio.

 Aunque desde nuestra postura, la de Izquierda Unida, creemos que es necesario realizar un proceso constituyente en el que la población tenga derecho a decidir. Pero bueno, no es necesario reformar la Constitución para el TG, sólo cambiar algunas leyes. El ejemplo que le comentaba, el de que un ciudadano pueda denunciar al Estado si no le garantiza un puesto de trabajo, es el horizonte final. 

Porque la idea no es llegar al pleno empleo en unos meses o unos años. La implementación inmediata no tendría esa garantía, sería algo a construir poco a poco.

La idea del TG proviene del postkeynesianismo. No es una medida puramente comunista, ¿no?

El postkeynesianismo es una vertiente que intenta recoger lo mejor del keynesianismo, pero también lo mejor del marxismo: bebe directamente no sólo de [Karl] Marx sino, asimismo, de algunos de sus seguidores, como Joan Robinson, entre otros. 

Los economistas defensores del TG señalan que esta medida se inserta de forma bastante coherente con la dinámica capitalista y, por tanto, no rompe con el sistema actual. Lo que intenta es conseguir el pleno empleo con estabilidad de precios. 

Esto es algo que en las Facultades de Economía te enseñan que es imposible, te dicen que habría mucha inflación; sin embargo, estos economistas de la escuela postkeynesiana demuestran que, incluso dentro del marco del capitalismo, se puede alcanzar el pleno empleo sin necesidad de tener desequilibrios macroeconómicos como el de la inflación.

¿Se ha implementado esta medida o alguna similar en otros países?

Similares sí, pero nunca se ha desarrollado un TG universal. En ningún país ni en ningún momento de la historia. Me refiero a experiencias como el New Deal de Estados Unidos en los años 30 u otras posteriores en Nueva Zelanda, Australia, la India…, incluso en Francia y en Suecia. La más reciente es la de Argentina, en el año 2002. 

Y en Grecia, el gobierno de Syriza tiene ya un plan sobre TG para crear cerca de 700.000 puestos de trabajo desde el sector público. Pero claro, esto entra en contradicción con la política neoliberal de la Unión Europea y por eso, su propuesta está y se encontrará con problemas.

 La idea es que nunca ha habido un TG de carácter universal, sino orientado a un público determinado. En Argentina, por ejemplo, se destinaba a cabezas de familia con hijos menores a su cargo y sin ningún tipo de ingreso. Así consiguieron crear 2,5 millones de puestos de trabajo en 3 meses.

En el caso de Grecia, ¿sería de carácter universal?

No, tampoco. Grecia cuenta con el handicap de no tener una moneda propia. Por ello, no tiene tanto margen de maniobra fiscal como en el caso que hablábamos de Argentina, por ejemplo, que sí controla la moneda. En Grecia hay actualmente en torno a 1,6 millones de parados, mientras que el plan que tiene recogido la Secretaria de Estado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contempla la creación de 700 mil puestos directos. 

Por lo tanto, aunque sería una cantidad considerable, no es un TG universal. Además, que sepamos, no tienen planificado aumentar la cuantía en un segundo año.

El Estado buscaría lo que ustedes llaman «rentabilidad social» con el TG. El proyecto, ¿es sostenible en el tiempo a pesar de despreciar la rentabilidad económica?

Sí lo es. Hay que cambiar la lógica del planteamiento que siempre usamos para analizar la creación de empleo. En España, 1 de cada 10 puestos de trabajo es público. Esto no se debe a la rentabilidad privada; porque en Suecia, por ejemplo, son 4 de cada 10. 

Nosotros mantenemos que hay que romper con eso que siempre nos cuentan de que «la economía es únicamente aquello de producir bienes y servicios para luego ponerlos a la venta en el mercado y obtener una rentabilidad, un beneficio que, a través de las transferencias sociales y del Estado, pueda generar creación de puestos de trabajo públicos». 

Es fácil pensar una sociedad que sea diferente y, además, no hace falta imaginar demasiado. En la Historia ya hemos tenido determinadas experiencias en las cuales una economía entera y de grandes dimensiones se ha organizado sin necesidad de que haya una rentabilidad económica privada. Me refiero a la Unión Soviética. Sin hablar de que sea un ejemplo a seguir: simplemente, nos demuestra que la economía se puede organizar de forma distinta. 

Cuando se producen un portátil o un teléfono móvil es economía. Porque nos da utilidad y nos permite vivir mejor, sí. Pero también es economía que nos cuiden a nuestros niños, que nos reciten una obra de poesía o que nos ofrezcan una representación artística. Porque estas cosas nos dan utilidad y nos permiten vivir mejor.

Apuntando sobre esto, ¿qué tipos de empleo son los que ofrecería el Estado?

Como sabemos que hay gente que quiere trabajar y tiene los conocimientos específicos para hacerlo, el TG consistiría en algo tan simple como vincular a estas personas con las necesidades y ponerlos, efectivamente, a trabajar. Dividimos los posibles empleos en cuatro apartados:

• Servicios sociales: educación, sanidad, apoyo psicológico, cuidado de niños y ancianos… Son necesidades que hoy en día no están cubiertas.
• Respeto medioambiental: cuidado de la fauna y de la flora, de espacios verdes, retirada de residuos, servicios de reciclaje, reparación de productos, rehabilitación de edificios para hacerlos más sostenibles…
• Infraestructuras urbanas. Hay muchos barrios abandonados en nuestras ciudades y ahí hay muchos trabajos que realizar: pavimentos muy desgastados, fachadas en mal estado… Además, también pensamos en el desarrollo de empleos con la idea de reconfigurar la urbanización de nuestras ciudades, para que no estén tan orientadas a esa lógica capitalista consistente en favorecer que las empresas puedan obtener beneficios. Repensarlas, desde el diseño urbanístico, como espacio público para las necesidades de la gente. Se me ocurren, por ejemplo, las grandes zonas comerciales, que no están planteadas para satisfacer las necesidades sociales, sino sólo los intereses económicos de las empresas.
• Servicios recreativos y de entretenimiento. Se trata de cubrir necesidades que no son primordiales, no las necesitamos para sobrevivir, pero sí para vivir con dignidad y de una forma mucho más beneficiosa para nuestra salud. Me refiero a acontecimientos deportivos, pintura, conciertos, teatro, espectáculos de magia… Aquí encontramos diversas actividades que redundan en un beneficio social, porque nos hacen vivir mejor, ser más felices. Insisto en que todo esto también es economía. Tenemos muchas personas que se han dedicado a este tipo de oficios y que son, precisamente, quienes más problemas tienen para encontrar trabajo en esta sociedad capitalista. No encuentran su sitio a pesar de que podrían realizar una labor con mucho beneficio social. ¿Por qué no aprovecharlo?

Me da que algunos de los trabajos que me ha enunciado son más vocacionales que otros. ¿Cómo se haría la selección?

El TG es una medida financiada por el Estado —debido a que es la entidad territorial con mayor poder fiscal—, pero la gestión sería llevada a cabo por la sociedad civil. ¿Qué significa esto? Habría canales de participación democrática para que cualquier vecino, asociación u ONG pudiera decidir las necesidades de la localidad y qué trabajos, por tanto, crear.

 Es cierto que a la hora de decidir la selección de trabajadores hay muchos criterios que se podrían tener en cuenta. Nosotros no tenemos ninguna propuesta cerrada aún, recuerde que éste es un proyecto sobre el que todavía se está trabajando. Es cierto que hay ocupaciones más agradables que otras. 

Este problema siempre nos lo encontraremos en una sociedad y la solución nunca va a ser perfecta, jamás vamos a tener a todo el mundo empleado en lo que le gusta. Pero debemos circunscribirnos a que el TG es una medida de emergencia, para sacar lo antes posible a la gente de la pobreza al mismo tiempo que satisfacemos una serie de necesidades sociales y ecológicas.

 Aunque sea importante, lo primordial no es encontrar un puesto donde estés feliz. Eso es algo que habría que ir conquistando a lo largo del tiempo.

Su hermano Alberto [Garzón] y usted mismo ya han explicado que sería posible emplear a un millón de personas en el primer año con el TG en marcha. Como parados hay más, ¿quiénes serían los primeros en recibir este derecho?

Sí, tenemos un debate en torno a ese asunto. Hay varias interpretaciones. Una de ellas es que se priorice a las personas sin ningún tipo de ingreso. Es razonable, pero entra en contradicción con el hecho de que esta población no está distribuida de forma homogénea en el territorio, y habría que reducir el paro en todas las comunidades de forma relativamente parecida.

 Otro criterio es el de fomentar las actividades más acuciantes, como el cuidado de niños o ancianos o, incluso, el cuidado medioambiental. Dejar las categorías recreativas y cuidado de espacios urbanos para un segundo lugar. Como le digo, aún estamos debatiendo sobre esto. Mi punto de vista es que, en lo económico, la urgencia debe primar y, por ello, debería prevalecer la situación de quienes no tienen ningún ingreso. 

Según las estadísticas oficiales, son 2,1 millones de personas. Por ello, desde Izquierda Unida también se propone —y desde hace muchísimo tiempo— que, acompañando al Trabajo Garantizado [TG], debería implementarse una renta básica condicionada, para que nadie se quede, en ningún momento, sin ingresar un euro.

¿Sería necesario cambiar el sistema recaudatorio?

La recaudación impositiva tendría que modificarse, sí. Le haré un puntualización: si tuviéramos moneda propia o un Banco Central Europeo que respaldase este tipo de políticas, no haría falta ninguna reforma fiscal. Lo que ocurre es que eso no sucede y, por tanto, no nos queda más remedio que obtener los ingresos de otra forma, que es fundamentalmente a través de la vía impositiva. 

Por otra parte, en Izquierda Unida somos partidarios de la reforma fiscal no sólo para ingresar dinero en las arcas públicas, sino también para mitigar la desigualdad social que existe en el territorio. Sabemos perfectamente, tal y como revelan todas las estadísticas, que las grandes empresas y las grandes fortunas son las que menos impuestos pagan, las que más defraudan a Hacienda e incluso, cuando abonan, son cantidades inferiores a lo que marca la ley.

 Para combatir esto hay dos caminos a seguir: perseguir el fraude fiscal al que me acabo de referir y la realización de una reforma fiscal progresiva, consistente en crear impuestos a las transferencias financieras, a la riqueza, etc.

Esta reforma, ¿sería indispensable para poner en marcha el TG?

En realidad, no: siempre nos cabe la última posibilidad. Pensemos en el primer año en el que introducimos esta reforma fiscal. Sus efectos, claro, tardan un tiempo: se necesita que se complete el curso fiscal, que todos los contribuyentes paguen sus impuestos, etc. 

Tenemos la opción de acudir a préstamos, si se nos dejase, del Banco Central Europeo. Hay un atajo por el que entendemos que sí se nos permitiría: ya en el año 2012 Mariano Rajoy utilizó el Instituto de Crédito Oficial [ICO] para poder financiar a ayuntamientos y comunidades porque precisamente, en aquella época, debido a la prima de riesgo, era muy caro financiarse mediante mercados privados. 

Y por último, si la reforma fiscal tardase en tener efecto, siempre nos queda la posibilidad de endeudarnos en los mercados financieros. Si lo hemos hecho para rescatar bancos y autopistas, ¿por qué no para generar puestos de trabajo? Al fin y al cabo, esto nos dará una rentabilidad no sólo económica, sino también social y ecológica.

¿Cuánto tiempo se tardaría en conseguir el objetivo del pleno empleo?

Bueno…, no queremos poner ningún límite. Fundamentalmente, porque no somos adivinos. Esto no es algo que vayas controlando. En el primer año, creas 1 millón de puestos en el sector público con el TG. A la par, impulsas el sector privado: la gente utiliza el dinero para ir a comprar, lo que reactiva la economía. Multitud de indicadores económicos revelan que actualmente, el principal problemas de empresas y autónomos es la falta de clientes. 

El TG ayudaría a resolverlo. Nosotros estimamos que, con ese primer millón de empleos creados, vendría aparejado el aumento de entre 200 mil y 300 mil puestos de trabajo en el sector privado; gracias a la reactivación de la economía provocada por el aumento de la demanda.

 Es importante tener en cuenta que el TG no consiste en darle un trabajo a cada uno de los 5,5 millones de desempleados que hay, sino que se trata de implementarlo progresivamente para reactivar la economía y que se generen también en las empresas privadas. Así, ese objetivo deseado del pleno empleo no vendría sólo de la mano del TG, sino también con la buena dinámica del sector privado.

En la charla que mantuvimos con el presidente de la Red Renta Básica, Daniel Raventós, nos dijo que “ningún economista serio puede defender la consecución del pleno empleo en menos de 20 años”. ¿Qué opina?

Sí, nos conocemos. Él parte de una consideración que es sólo la del sector privado. Claro, dejando la economía tal y como está hoy día, el pleno empleo no se va a conseguir ni en 20 ni en 30 años. Porque tenemos un 23% de paro y, de hecho, las previsiones más optimistas nos dicen que en el 2020 estaríamos en torno al 20%. Si dejamos la economía tal y como está, nunca llegaremos al pleno empleo.

 Hay que darle la vuelta a la cosa e introducir nuevos elementos, nuevas estrategias, como la del TG, que consiste precisamente en intervenir en la economía para generar puestos de trabajo. 

Quién puede negarse a hacerlo, si actualmente hay tantas personas deseando un empleo y, al mismo tiempo, tantas necesidades que cubrir. Es una propuesta imposible de refutar, ¿por qué no vincular esas necesidades sociales con la gente que quiere trabajar?

De hecho, dentro de la izquierda hay un debate muy interesante entre renta básica universal y TG. ¿Ambas medidas son incompatibles?

No creo que sean necesariamente incompatibles, pero habría que bajar al detalle de cada proyecto y ver de qué cuantía y de qué tiempo de implementación hablamos. Una renta básica universal como la que propone mi compañero Raventós, de 650 euros para cada persona, me parece que se nos va de las manos…, en términos macroeconómicos y en términos políticos y culturales. 

La gente no concibe eso. Imaginemos a un pensionista que haya cotizado y que, por ello, esté cobrando en torno a 600-700 euros. No entendería que se le esté dando esa cantidad a todo el mundo sin haber trabajado. Hay otras muchas limitaciones sobre las que no tiene sentido que me detenga ahora. Desde mi punto de vista, la renta básica tiene otro problema: si aseguramos 650 euros a todo el mundo, los empresarios lo sabrían y dirían: «Oye, si yo te pago 1.000 euros y ya tienes garantizados 650, ¿para qué necesitas que te aumente el salario?».

Entonces, el empresario concluiría, «pues te lo bajo a 800 euros. Sumados a los 650 de la renta, cobras más». Así, estaríamos hablando de una especie de subvención a las empresas privadas. Le pongo un ejemplo muy sencillo: en el municipio de La Vall d’Uxó, en Castellón, se le daban 200 euros públicos a cada persona que alquilaba. ¿Qué ocurrió?

 Los arrendadores aumentaron el precio de los alquileres en 100 euros. Dijeron: «100 para ti y 100 para mí». Me parece que la renta básica tiene ese tipo de inconvenientes que no son menores. Eso la convierte en inferior al Trabajo Garantizado [TG] que, al fin y al cabo, lo que hace es asignar eficientemente los recursos. 

Aunque la idea de ambas propuestas es la misma: asegurar la existencia material y física de toda la población. De cualquier manera, sí que creo que en un futuro no muy lejano se podrían implementar conjuntamente. Es lo ideal, lo que todos deberíamos perseguir: una economía donde todo el mundo tenga asegurado un ingreso mínimo y además, la posibilidad de trabajar si lo desea. Pero me parece que, en las circunstancias actuales, esto es prácticamente imposible y hay que elegir. Yo me quedo con el TG.

Me decía que los trabajos a realizar se establecerían desde la sociedad civil. Pero, ¿qué institución es la que reparte el dinero?

El dinero vendría del Estado. Habría que canalizarlo a través de instituciones que ya están creadas para, precisamente, un objetivo muy parecido al que estamos buscando con el TG. Me refiero al Servicio Público de Empleo Estatal [SEPE], el antiguo INEM, que tiene las sucursales, los datos de los desempleados y todas las infraestructuras necesarias para realizar esta gestión de vincular las necesidades propuestas desde la sociedad civil y las personas que buscan trabajo.

El diario El Mundo publicó una grabación del año 2012 en la que aparecía la entonces Delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén, Irene Sabalete, diciéndoles a trabajadores públicos que no tenían la categoría de funcionarios que, si no hacían campaña por el PSOE, perderían su puesto. Dentro del plan del TG, ¿hay alguna medida para evitar que se formen este tipo de redes clientelares?

Si se fija, la idea de TG resuelve algo de este problema. Porque, si todo el mundo tiene asegurado un trabajo, no hay posibilidad de que nadie te vaya a chantajear con el despido. En cuanto a la corrupción, la ventaja está en la idea de que el Estado sea el que financie. 

Cualquier persona empleada mediante el TG tendría un número de la Seguridad Social asignado a su número de cuenta bancaria. Con lo cual, cada vez que realizase su trabajo, el Estado le ingresaría la cantidad correspondiente. Así se evita que haya gobernantes intermediarios, de municipios o comunidades, que pudieran hacer uso de ese dinero.

 Pero sí, no le negaré que hay un riesgo muy importante a la hora de repartir puestos de trabajo. Ya comentábamos que algunos son más apetecibles que otros. Podría darse la posibilidad de que alguien lo aprovechase en beneficio propio o de allegados.

Al final, creo yo, la posibilidad de aquel chantaje se daba porque hablamos de trabajadores públicos que no tienen la categoría de funcionarios…

Claro, claro. Pero eso no cambia lo que le he dicho: si todos tenemos garantizado el trabajo, nadie se va a encontrar con la amenaza de que lo dejen en la calle.

Pero el TG de carácter universal es a largo plazo. Si en el primer año hablamos de un millón de personas, muchísima gente se quedará fuera.

Por eso no dudo de que habría un riesgo importante. No sólo de este tipo, también un montón más a tener en cuenta. Pero el motivo de que esta mujer chantajease a esos trabajadores no es que exista empleo público, eso lo tenemos que tener muy claro. 

Aparte de que tenga mucha cara y esté vulnerando la ley, lo que hay que establecer es mecanismos de supervisión y control de la forma más democrática y transparente posible. Y también mecanismos fuertes de sanción para aquellos que vulneren la legalidad.

 Pero esto no es algo, como mucha gente dice, propio del sector público. Ocurre en cualquier empresa. Hace no mucho, una consultoría famosa publicó un estudio en el que decía que la corrupción en la empresa privada era desorbitada. Manejaba unas cantidades de dinero que no nos podíamos imaginar, llegaban a puntos porcentuales del PIB.

 Los que más robaban eran los directivos, que son quienes tienen más poder y mayor acceso al dinero. En ese sentido, el problema está ahí. Pero es de la naturaleza humana, de la naturaleza social, no del empleo público. 

Lo que se trata es de ejercer mecanismos de control, supervisión y penalización, que para eso están ideados en nuestra democracia. Bueno, esa democracia tan imperfecta que tenemos y que debemos ir mejorando paralelamente al establecimiento del TG.

De llevarse a cabo, ¿mejoraría la calidad del empleo en la empresa privada?

Sí. Mejorarían los puestos del sector privado que tengan condiciones inferiores a las establecidas desde el público. Si hay una persona trabajando por menos dinero, va a tener el poder de decirle al empresario que, o le aumenta el salario, o se va al TG. Y no sólo eso, también otras condiciones laborales como vacaciones, horas extraordinarias, etc. 

Aquí hay otro riesgo: el TG debe ofrecer un sueldo que no sea desorbitado para no desestructurar los empleos privados. Si pagas 1.500 euros, por decir una cantidad, dejarías muchos empleos del sector privado por debajo. Tiene que ser una cuantía razonable. 

Digna, pero no elevada. Porque al crear empleos desde el Estado, puede darse que compitas con el sector privado. Ya hay empresas dedicadas al cuidado de ancianos. Si el sector público crea puestos de trabajo en ese ámbito, directamente le hace la competencia. Entonces, es obligatorio tener en cuenta el proceso de diseño de las actividades a realizar mediante el TG que le comenté: debe provenir desde la sociedad civil. 

En una localidad donde ya exista una empresa dedicada al cuidado de mayores, ésta tendrá derecho a participar en los organismos de decisión y argumentar para que no se cree ese TG allí, porque la necesidad está cubierta. Se forma así un equilibrio, porque las necesidades de una población no son las mismas que las de otra. De esta forma, mitigaríamos al máximo este tipo de problemas que, inevitablemente, se dan."                    (Entrevista a Eduardo Garzón, Neftalí Caballero, Bitácora, 30/03/2015)