"Aunque hace mucho tiempo que se propuso la renta básica universal
como medida para garantizar el bienestar de toda la ciudadanía, no ha
sido hasta hace poco que ha cobrado importancia en los debates
académicos e incluso en la agenda política y mediática.
Esta propuesta
consiste en que el Estado conceda a todo ciudadano, independientemente
de su situación particular, un ingreso fijo que le permita cubrir sus
necesidades vitales. De esta forma nadie se vería obligado a encontrar cualquier tipo de trabajo o ingreso para poder sobrevivir con un mínimo de dignidad.
No se trata de una medida ajena a nuestras sociedades desarrolladas; al
fin y al cabo, derechos como la educación o sanidad públicas conforman
una especie de renta básica universal, sólo que en vez de que el Estado
ofrezca una renta monetaria sin contraprestación ofrece un servicio
básico no monetario.
Tampoco se trata de una medida utópica ni disparatada: vivimos en
economías que generan suficiente riqueza y renta como para que nos
podamos permitir una renta básica universal.
Así lo demuestran numerosos
estudios científicos que prueban la viabilidad de esta política siempre
que existan los mecanismos redistributivos adecuados, y así lo
demuestran casos reales aunque muy limitados como el de Alaska, el de
Irán, el de la ciudad de México, o el que se pretende aprobar en Suiza. La renta básica universal no es un problema de recursos; se puede aplicar si hay voluntad política.
Sin embargo, se trata de una propuesta que se puede mejorar en su
concepción. Si bien es cierto que hoy día en nuestras sociedades hay
muchísimas personas que no están trabajando y nuestro deber como
sociedad es evitar que por culpa de ello pasen penurias, también es
cierto que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades.
No
tiene sentido que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean
trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos no están
cubiertas.
En la actualidad necesitamos que cuiden de nuestros
mayores, de nuestros hijos y de nuestros enfermos, que aumenten los
servicios de ocio y cultura, que se cuiden las infraestructuras,
pavimento y fachadas de muchos barrios de nuestras ciudades, que se
reforesten enormes extensiones de terreno, que se cuide la fauna y la
flora de nuestro entorno, que aumenten y mejoren los servicios
sanitarios, que se defienda a los grupos discriminados y a los más
vulnerables, etc…
Por lo tanto, mucho mejor que otorgarle un ingreso fijo a todos los ciudadanos es otorgarle el derecho a trabajar si así lo desean (si
no lo desean o no pueden, entonces que reciban una renta básica).
El
Estado podría financiar y planificar esta garantía empleo a través de
programas concretos, aunque en última instancia podrían ser las
organizaciones no gubernamentales, las cooperativas o cualquier otro
tipo de organización las que gestionaran las actividades en cuestión
debido a que son las que tienen la experiencia sobre el terreno.
La
remuneración del trabajo debería ser fija por número de horas; por
ejemplo, 10 euros la hora. De esta forma se establecería un ancla de
precios para evitar tensiones inflacionistas. Al mismo tiempo, se
lograría que ninguna persona trabajase en el sector privado por menos de
10 euros la hora, ya que de ser así siempre podrían abandonar su
trabajo para formar parte del programa de garantía de empleo.
Los beneficios para la sociedad serían notables porque se cubrirían muchas más necesidades no cubiertas, pero al mismo tiempo los beneficios para las personas inscritas en la garantía de empleo también serían importantes, y no sólo de carácter económico.
Estas personas pasarían de estar inactivas (sin hacer otra cosa que
esperar sentados en el sofá a encontrar trabajo como ocurre en la
actualidad) a formar parte de un grupo que realizaría una función
social. Conocerían a más personas, se socializarían, aprenderían las
habilidades y conocimientos intrínsecos a sus nuevas tareas (pudiendo
luego crear su propio negocio al margen de la garantía de empleo si así
se lo propusiesen), se enriquecerían con las opiniones y puntos de vista
de sus compañeros, se divertirían, etc.
Además, el propio diseño de la garantía de empleo, al estar dirigida a
aquellos sectores de la población que no tienen ingresos o que tienen
muy pocos, minimiza notablemente el riesgo de inflación.
Cuando se
intenta hoy día inyectar dinero en la economía para aumentar los
ingresos de la ciudadanía y por lo tanto la actividad económica, siempre
se hace a través de programas de gasto público o reducción de impuestos
que afectan a la mayor parte de la población y sin discriminar
demasiado entre niveles de renta.
Cuando esto ocurre, se está regando
masivamente la economía con dinero y por eso las tensiones
inflacionistas pueden aparecer con mayor probabilidad.
Sin embargo, la aplicación de la garantía de empleo vendría a transferir dinero sólo a las capas más bajas de la población,
de forma que al mismo tiempo que estas personas salen de la pobreza se
estaría irrigando la economía mediante una especie de riego por goteo,
disminuyendo el riesgo de inflación.
En resumen, las ventajas de una garantía de empleo son superiores a
las de un programa de renta básica toda vez que minimiza los riesgos
inherentes al aumento convencional del gasto público." (Eduardo Garzón, 10/04/2014)
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