"Las críticas que suele recibir la Renta Básica (RB) –tanto desde la
izquierda como de la derecha– suelen poner el foco en el ámbito
financiero (no es posible o tiene muchos inconvenientes financiar un
ingreso monetario para todo ciudadano y ciudadana) y en el ético (no es
justo que alguien que no trabaje reciba una renta que al fin y al cabo
proviene de alguien que sí trabaja).
Sin embargo, muy pocas críticas se
han centrado en los desequilibrios económicos que seguramente generaría
la implementación de una RB en cualquier economía de orden capitalista.
Es en esta última cuestión sobre la que girará el presente artículo, más
que nada porque se parte de la consideración de que las críticas de
carácter financiero no tienen ningún sustento científico y las de tipo
ético carecen de sentido cuando uno constata que si la gente no trabaja
es fundamentalmente porque no puede, no porque no quiera hacerlo.
Los defensores de la RB normalmente destacan dos grandes
consecuencias económicas que tendría la aplicación de la medida:
1) Todo
trabajador y toda trabajadora ganaría poder de negociación frente a su
empleador o empleadora, al disponer siempre de un ingreso mínimo que le
daría la suficiente libertad para poder rechazar cualquier puesto de
trabajo indigno.
2) Al desvincular el trabajo del ingreso, se sientan
las bases para una economía muy diferente a la capitalista, en la cual
al mismo tiempo que la extrema explotación se elimina, las relaciones
entre agentes económicos se transforman. Muchos han apuntado que ello
podría ser el germen que acabe con el sistema económico capitalista.
No obstante, el primer punto es una burda simplificación que oculta
los complejos cambios que produciría una RB en el poder de negociación
de los trabajadores y trabajadoras, mientras que el segundo, siendo en
esencia cierto, podría venir aparejado de importantes problemas que
empeorarían más la situación en vez de mejorarla. Pasemos a argumentar
estas afirmaciones.
Partamos de la premisa de que la RB se financiaría tal y como sugieren Arcarons, Domènech, Raventós y Torrens[1]:
con una reforma fiscal del IRPF, tipo impositivo nominal único del 50% y
una asignación mensual en concepto de RB de 625 euros. Si lo comparamos
con la presión fiscal del IRPF vigente en 2015[2],
nos encontramos con que a todos aquellos contribuyentes que ingresen
menos de 1.700 euros brutos mensuales (unos 1.500 euros netos) se verían
beneficiados por la implementación de la RB, mientras que aquellos que
ingresen 1700 o más dinero se verían perjudicados (ver Tabla 1).
Es evidente que para aquellas personas que no ingresan absolutamente
nada la RB tiene un efecto enormemente positivo: en vez de recibir 0
euros pasarían a recibir 625 euros cada mes. Además, puesto que estas
personas no trabajan, no se produce ninguna alteración en el mercado
laboral. En consecuencia, una RB para aquellos que no ingresan nada sólo
depara efectos positivos.
Ahora bien, con las personas que reciben un salario o un ingreso por
su trabajo no ocurre lo mismo. De momento ignoraremos los ingresos que
no se deriven del trabajo (alquileres, dividendos, intereses, etc) y nos
centraremos únicamente en los que emanan del trabajo (asalariados y
autónomos, fundamentalmente).
Como es obvio, al recibir un ingreso fijo
independientemente de que se trabaje o no, uno podrá decidir si le
merece la pena seguir trabajando o si, por el contrario, le es
preferible abandonar ese empleo. Se trata de una decisión personal que
tiene un carácter enormemente subjetivo: las situaciones en las que se
encuentran los trabajadores y trabajadoras son enormemente diversas,
amén de que las personas tienen preferencias muy diferentes entre sí, y
lo que haría un individuo en concreto no tiene por qué ser lo mismo que
lo que haría otro en la misma situación.
Es decir, no tenemos forma
humana de estimar con precisión qué harían estas personas una vez
recibiesen la RB. Pero sí podemos hacernos una idea aproximada: cabe
esperar que la decisión de abandonar o no el puesto de trabajo dependa
de tres variables que están muy interrelacionadas:
1) la satisfacción
personal que otorgue la realización de las actividades asociadas al
empleo en cuestión,
2) el margen y predisposición que tenga el empleador
de aumentar la remuneración con el objetivo de que el trabajador no
abandone el empleo, y
3) cuánto dinero se perdería con la renuncia al
puesto de trabajo.
Si la actividad es desagradable y/o sufrida, la persona en cuestión
tendrá interés en abandonar el empleo a no ser que la remuneración se
eleve tanto que compense llevarla a cabo a pesar de los inconvenientes.
Pero, si tenemos en cuenta que la alternativa de no trabajar te
garantiza un ingreso mínimo de 625 euros mensuales, y que además te
otorga la posibilidad de dedicarte a cualquier otra cosa más agradable
(ya sea estudiar, investigar, realizar actividades artísticas, buscar
otro empleo, etc), ¿a partir de qué cuantía monetaria una persona
aceptaría realizar una actividad que no le satisface y/o costosa?
¿Por
cuánto dinero extra estaría la gente dispuesta a seguir en un empleo que
te obliga a madrugar mucho, trabajar durante numerosas horas diarias,
soportar condiciones adversas, realizar un esfuerzo físico y/o
psicológico importante, y que no te depara apenas ninguna satisfacción?
Es difícil adivinarlo, pero no parece descabellado pensar que
prácticamente la única forma de compensar ese esfuerzo en la mayoría de
los casos sería si se recibiese al menos el doble de 625: unos 1250
euros mensuales netos aproximadamente, lo cual le supondría al empleador
pagar unos 1400 euros[1].
En este caso es probable que el trabajador aceptase seguir realizando
el mismo trabajo que no le agrada. Esto no quiere decir que muchas
personas continuarían con sus empleos a pesar de recibir menos dinero,
ni que otras lo abandonarían incluso aunque cobraran más de esa
cantidad, pero al menos nos sirve para hacernos una idea aproximada.
Pero… ¿Todos los empleadores pueden permitirse el lujo de elevar
salarios hasta aproximadamente 1400 euros mensuales? Es evidente que no.
Algunos sí podrán, especialmente los pertenecientes a grandes empresas,
como por ejemplo las de telecomunicaciones (podrían pagar más a los
teleoperadores, por ejemplo[2])
o las grandes superficies (en el caso de cajeros/as, reponedores, etc).
Pero no ocurriría lo mismo con empresas y negocios más pequeños y menos
rentables: establecimientos comerciales, hostelería, explotaciones
agrícolas y ganaderas, personal doméstico, transporte, servicios
profesionales, servicios de mantenimiento inmobiliario, etc.
Es de sobra conocido que, por ejemplo, hay autónomos y pequeños
empresarios que realizan jornadas maratonianas (y que seguiremos
considerando no agradables) en sus negocios para terminar ingresando
menos de 1250 euros mensuales. ¿Qué pasaría con todos estos negocios si
se implantara una RB de 625 euros al mes?
No parece descabellado
imaginar que muchísimos autónomos y asalariados dejarían de realizar sus
actividades. No podemos perder de vista que la cantidad de trabajadores
que ingresan menos de esa cantidad es muy importante: según la Encuesta
de Estructura Salarial que realiza el Instituto Nacional de
Estadística, el 44,36% de todos los asalariados ingresaron menos de 1266
euros mensuales en el año 2010. Si buena parte de estas personas
decidiesen abandonar sus actividades, ello tendría consecuencias muy
importantes, no sólo de forma directa sino también indirecta: esos
negocios hoy día compran muchos productos y servicios a otras empresas
(provisión de mercancías, contrato de servicios profesionales –fiscales,
jurídicos…- etc), de forma que disminuirían también los ingresos y
beneficios de todas esas empresas que tenían vínculos con los negocios
que desaparecerían por el efecto de la RB, produciéndose así un efecto
dominó que acabaría afectando a una buena parte de la estructura
empresarial y productiva de la economía española.
Se ofertarían menos
bienes y servicios, y se produciría menos renta y riqueza. Una renta y
riqueza que, por cierto, es el origen y la base que financia la RB, ya
que el dinero de la RB proviene de los impuestos de las rentas de los
que sí trabajan.
Pero hay más. Cuando la oferta de bienes y servicios disminuye (por
el efecto recién mencionado) y la capacidad adquisitiva de la población
no lo hace sino que incluso aumenta (por el efecto de la RB en las capas
de menos recursos), se crean todas las condiciones para que se generen
tensiones inflacionistas.
Es decir, por la ley de la oferta y la
demanda, más dinero -o el mismo- que antes dedicado a comprar menos
productos y menos servicios que antes tiende a provocar que los
vendedores de esos bienes y servicios se vean tentados a aumentar los
precios para aprovecharse de esa nueva situación en la que tienen menos
competidores. Y no sólo eso: puesto que la reducción en la oferta de
esos bienes y servicios se produce únicamente en el territorio español,
la única posibilidad de satisfacer toda la demanda será a través de
mayores compras de productos extranjeros, lo cual tendría como
consecuencia un aumento del déficit comercial y por lo tanto un
incremento en el endeudamiento exterior de la economía española.
En
resumen: la aplicación de una RB provocaría muy probablemente un
incremento en el ritmo de la inflación y en el –ya elevadísimo–
endeudamiento exterior de la economía.
Ahora exploremos qué ocurriría con los puestos de trabajo que no son
desagradables y que por lo tanto no serían rechazados por sus ocupantes.
Con respecto a aquellos en los cuales la nueva remuneración debido a la
RB sería inferior a la actual (a partir de los 1.700 euros brutos
mensuales; es decir, los que saldrían perdiendo con una RB), cabe
esperar que no ocurriría nada relevante, ya que el aumento en la presión
fiscal no sería elevado (en vez de cobrar 1488 euros se pasaría a
ingresar 1475; en vez de 2426 se pasaría a ingresar 2125; en vez de
5033, sería 4375, etc; ver Tabla 1).
Es decir, nada muy diferente a lo
que ha ocurrido en muchas ocasiones cuando se han aumentado los tipos
del IRPF. En cambio, para aquellas personas que ingresan menos de 1.700
euros brutos mensuales la cosa cambia.
Imaginemos el caso en el que un trabajador o trabajadora, sin
intención de abandonar su empleo (ya sea porque está satisfecho/a, o
porque le repara perspectiva profesional, o porque no quiere dedicarse a
otra cosa, etc), tenga un salario de 900 euros brutos mensuales. En la
actualidad, su ingreso limpio sería de 900 euros, y con la RB pasaría a
ingresar 1075 euros netos (175 euros más).
En este caso, el empleador
tendría incentivos a pagar menos por salario, ya que aunque le pagase
800 euros en vez de 900, el ingreso final del trabajador sería 1025
gracias a la RB, superior a los 900 que ingresaba antes, de forma que
ganaría tanto el empleador como el empleado. Incluso podría bajarle el
salario a 600 euros, pues la persona asalariada todavía seguiría
recibiendo más dinero que en el caso de no haberse aplicado la RB: 925
euros. Lo mismo puede ocurrir para alguien que cobre más dinero, como
1.300 euros brutos mensuales, ya que aunque el empleador redujese el
salario a 1.100, el trabajador acabaría recibiendo más de lo que
ingresaba sin la aplicación de la RB (ver Tabla 1).
Es decir, en este tipo de situaciones en las cuales el empleado no
tiene interés en abandonar el puesto de trabajo, se corre el riesgo de
que los empresarios aprovechen la existencia de la RB para pagar menos
por salarios. El dinero que recibe el trabajador ya no sólo sería pagado
por el empresario, sino también por el sector público. La consecuencia
que esto tendría es que el Estado estaría dando ayudas públicas a estas
empresas a través de la RB.
Y si bien es cierto que sería conveniente
que algunas empresas recibiesen ayudas públicas, también es cierto que
no ocurre lo mismo con todas. Las subvenciones públicas a empresas
deberían darse de forma diferenciada, atendiendo a las particularidades
de cada una, y no de forma descontrolada como ocurriría en estos casos
debido a la RB.
En resumen, en este tipo de situaciones no sólo el
trabajador no ganaría poder de negociación frente a su empleador, sino
que éste acabaría desembolsando menos dinero en concepto de salarios. Es
decir, ocurriría precisamente lo contrario de lo que defienden los
defensores de la RB.
Que no se le escape al lector que en estos casos los empleadores
salen ganando. Y no sólo por el efecto de pagar menos salarios, sino
también por el efecto de la RB en el supuesto de que ingresen menos de
1700 euros brutos.
En consecuencia, y teniendo en cuenta los dos efectos mencionados
(abandono de los puestos de trabajo desagradables y/o de menor
productividad, y ayudas públicas a determinadas empresas) tenemos como
resultado final algo que seguramente no busca ningún defensor de la RB:
las empresas que no pudiesen incrementar de forma suficiente los
salarios desaparecerían (ni que decir tiene que mayoritariamente serían
negocios de reducida dimensión) mientras que otras (de las cuales muchas
seguramente sí podrían pagar más salarios) serían subvencionadas por el
Estado.
Perjuicio para algunas pequeñas empresas; ayudas para otras que
quizás no las necesitan ni merecen. A lo que habría que sumar el
negativo impacto macroeconómico sobre la estructura productiva que
tendría la desaparición de muchos negocios: menor producción, efecto
recesivo, tensiones inflacionistas, déficit comercial, endeudamiento
externo, etc.
En efecto, tal y como prevén muchos defensores de la RB, la
implementación de la medida cambiaría notablemente las relaciones de los
agentes económicos. Pero lo que se ha querido poner de manifiesto aquí
es que esos cambios tendrían más efectos perniciosos que beneficiosos
sobre la estructura empresarial y productiva de la economía al generar
importantes desequilibrios económicos.
Porque es importante hacerlo
notar: la RB se ajusta bastante bien para personas que no reciben
ingresos pero muy mal para aquellos trabajadores y trabajadoras que se
sitúan en el extremo inferior del mercado laboral al alterar
directamente el conflicto capital-trabajo, que es el núcleo de cualquier
economía capitalista.
[1]
Es importante tener en cuenta que al supuesto de abandonar el puesto de
trabajo y pasar a ingresar 625 euros mensuales hay que sumarle la
jugosa posibilidad de tener ingresos extra y ocultos al fisco. Es decir,
la economía sumergida se plantea como una alternativa muy atractiva
cuando ya se parte con una renta suelo de 625 euros a la cual con
sumarle unas cantidades no muy elevadas se logra ingresar un volumen de
dinero considerable. Se fomentarían así las rentas del alquiler,
servicios profesionales y personales de pequeña dimensión, contratos
irregulares, etc, que no se declaran a Hacienda con el objetivo de no
pagar impuestos. En consecuencia, la RB estaría estimulando el fraude
fiscal.
[2]
Aunque precisamente en este tipo de empleos, por sus características
particulares, se pueden y suelen contratar a personas no residentes en
el territorio español porque cobran menos, de forma que si la RB no
llegara a estas personas (es de suponer que no), la totalidad de estos
empleos serían absorbidos por trabajadores de otros países y por lo
tanto los empleadores no aumentarían los salarios.
[1]
Arcarons, J., Domènech, A., Raventós, D. y Torrens, L. (2014): “Un
modelo de financiación de la Renta Básica para el conjunto del Reino de
España: sí, se puede y es racional”, en Sinpermiso, disponible en http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7535
[2] Suponiendo en todo momento que el o la contribuyente es soltero o soltera y sin cargas familiares para homogeneizar el cálculo.
(Artículo publicado en el número 140 de la Revista Viento Sur de junio de 2015, Eduardo Garzón
, Saque de esquina, 27 August, 2015)
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