"En su momento trabajar en Uralita era un chollo”, recuerda Rosa
Pérez, hija de un empleado de la fábrica de Getafe que falleció en el
año 2008, diez meses después de que le diagnosticaran un cáncer en la
pleura, conocido como mesotelioma, causado por el amianto.
“La empresa respetaba el horario, trabajaban ocho horas y libraban los
fines de semana. Además, daban una ayuda económica para que los niños
estudiasen y el día de Reyes nos daban unos regalos”, señala.
Durante la década de los 60 el trabajo en el campo comenzó a escasear
y muchos hombres jóvenes extremeños o castellanomanchegos abandonaron
su pueblo para empezar una nueva vida laboral en este municipio
madrileño.
Conforme ha pasado el tiempo, Rosa Pérez ha ido
experimentando cómo ese sentimiento de gratitud hacia la empresa se
convertía en rabia, tras ir conociendo los riesgos a los que su padre y
todos los miembros de su familia han estado expuestos.
“En los primeros años la gente comía encima de los sacos del amianto,
estaban apilados en la fábrica y se tomaban allí los bocadillos”,
recuerda Julio Arroyo, trabajador de Uralita. Procedente de Valdeverdeja
(Toledo), llegó con 20 años a Getafe para hacer la mili en esta ciudad
dormitorio y al terminar fue contratado en la empresa para trabajar en
la recuperadora: “Nos encargábamos de serrar los tubos de amianto”.
A sus 87 años, Arroyo ha visto morir a muchos de sus compañeros de
trabajo, pero nunca se pudo imaginar que su mujer se iba a contaminar
estando él limpio de amianto. Esperanza Alonso se encargaba de lavar
semanalmente el mono de su marido, los buzos que utilizaban los
trabajadores de Uralita llegaban cubiertos de polvo y, antes de meterlo en la lavadora, las amas de casa los solían sacudir con empeño en la cocina. Además, tenían bolsillos y por esa vía se almacenaban fácilmente restos de este material cancerígeno.
Varias décadas después de jubilarse, en el año 2007, la neumóloga del
Hospital de Getafe detectó que la fatiga que sufría Esperanza cada vez
que salía a la calle estaba relacionada con Uralita, tenía la pleura
contaminada por amianto y falleció seis meses después de que le
diagnosticasen la enfermedad. “Fue la Antonia la que lo descubrió”,
cuenta este octogenario en alusión a María Antonia Juretschke, la jefa
de neumología del centro sanitario.
Según los datos planteados por el estudio Mortalidad por cáncer pleural en España entre 2006 y 2011 en España,
fallecieron 1.120 personas debido a un mesotelioma pleural, provocado
por el amianto.
“Las estimaciones para el periodo 2016-2020 señalan que
se producirán 965 fallecimientos por esta causa y aseguran que en España
continuará habiendo muertes debidas a la exposición al amianto hasta el
año 2040”, aseguran los investigadores del Instituto de Salud Carlos
III, el Consorcio de Investigación Biomédica de Epidemiología y Salud
Pública y el Ministerio de Sanidad.
Entre 1906 y 2002 se importaron en nuestro país más de dos millones
de toneladas de este material cancerígeno. En España, la empresa
Uralita, participada por la familia March, fue la que más utilizó el
amianto y varias sentencias judiciales han dictaminado que no adoptaron
medidas de prevención para evitar que sus trabajadores se contaminasen.
“Hemos demostrado que la empresa sabía que el material era nocivo
y a pesar de ello se estuvieron lucrando. En la década de los 50 hubo
un congreso de neumología en Madrid y ya se habló de los efectos
adversos del amianto.
Además, Uralita estuvo en un lobby europeo de
empresas que trabajaban con amianto, ahí se sabía”, asegura Juan Carlos
Paúl, presidente de la asociación AVIDA Madrid. En el año 2002 se
prohibió la comercialización de este producto en España en cumplimiento
de una directiva europea que buscaba proteger a los empleados.
Primeras denuncias
Segunda Esteban “lloró como una magdalena” al ver que Salvados dedicaba
un programa a informar sobre el amianto. “Mi padre fue delegado
sindical de la empresa y cuando comenzaron a denunciar los problemas que
conlleva el amianto, el resto de trabajadores se enfrentaron a ellos
por miedo al cierre de la fábrica”, señala.
Ella recuerda cómo ayudaba a su madre, Saturnina Pingarrón, junto a
sus hermanas a limpiar en casa el mono de trabajo de su padre. Pasados
los años, los médicos detectaron que tanto su padre como su madre tenían
amianto en los pulmones. Él falleció hace años por un cáncer en el
peritoneo, su madre sigue viva con problemas de respiración: “De momento
se encuentra bien, la enfermedad todavía no le avanzado”.
Las familias de estas dos mujeres iniciaron en 2007 un proceso
judicial para pedir responsabilidades a Uralita. En diciembre del año
pasado el Tribunal Supremo puso punto final a su caso, y al de otra ama de casa más.
El alto tribunal no aceptó el recurso presentado por Uralita y mantuvo
las indemnizaciones dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid en
2013, 80.000 euros para Julio Arroyo y 9.000 euros para cada uno de sus
tres hijos.
En el caso de Pingarrón, el tribunal le dio la razón pero no
recibirá una cantidad económica para intentar paliar los daños causados
por la empresa porque “la acción ha prescrito”, al no haber respetado
los plazos en el momento de denunciar.
El presidente de la asociación, Juan Carlos Paúl, considera que esta
decisión supone un “hito” judicial en los casos de amianto: “Es la
primera vez que el Supremo dicta a favor de personas que no han
trabajado con este material pero sí que tienen enfermedades relacionadas
con él”.
Sin embargo, este dictamen no ha traído buenas noticias para los
trabajadores de la fábrica getafense que presentaron denuncia junto a
estas mujeres.
Tras nueve años de procedimiento, con una sentencia de la
Audiencia Provincial a su favor y las indemnizaciones ya cobradas, la
Sala de lo Civil del Supremo se ha declarado incompetente para tomar una
decisión ante el recurso presentado por Uralita contra los empleados.
Un proceso inacabado
Aunque el tribunal no quita la razón a los afectados ya que “entiende
que la empresa ha actuado de manera negligente, amparada en una
legislación excesivamente permisiva”, en su fallo señala que debe ser la
jurisdicción social la que resuelva sobre este tema.
Por lo tanto
obliga a los trabajadores y a los familiares de los ya fallecidos a
iniciar de nuevo el procedimiento ante la vía social. De la treintena de
afectados que presentaron la primera denuncia, entre ellos el padre de
Rosa Pérez y de Segunda Esteban, sólo quedan cuatro personas vivas.
“Es muy triste que los pocos trabajadores que quedan vivos no vayan a ver una sentencia definitiva que condene a Uralita.
A ellos les han jodido la vida trabajando y a otros nos la han
destrozado compartiendo su sufrimiento”, explica Pérez, que rememora las
últimas semanas de vida de su padre, sedado en una cama.
“Las
enfermedades provocadas por el amianto son muy agónicas, en el caso de
los mesoteliomas se les encharca la pleura y produce un dolor en la
espalda muy fuerte”, cuenta el presidente de la asociación.
La directiva de AVIDA está preocupada por aquellas familias que se
gastaron la indemnización que cobraron hace años y que ahora, si Uralita
así lo requiere, el Supremo puede pedir de vuelta.
“Algunas familias
las utilizaron para comprar oxígeno, por los problemas respiratorios que
sufren, o para cambiarse a una casa con ascensor”, añade Paúl. La
asociación ya ha presentado un recurso ante el Constitucional y han
iniciado el proceso judicial por la vía social, quieren conseguir a toda
costa que los dos enfermos que quedan vivos puedan ver “que la justicia
les ha dado la razón”. (La Marea, 03/03/16)
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