2/3/11

"¿Debería la UE plantear una intervención militar internacional (en Libia) que protegiera a las potenciales víctimas civiles?"

"Pero lo más positivo de estas semanas es que, aprendida la lección con inusitada rapidez y en correspondencia con las demandas ciudadanas, la Unión Europea y Estados Unidos han sido capaces de estar a la altura de sus responsabilidades al conseguir que el Consejo de Seguridad de la ONU se haya pronunciado con contundencia sobre Libia, adoptando por unanimidad acuerdos importantísimos e iniciando una dinámica que, más allá del caso particular, debería marcar un antes y un después en la respuesta de las democracias a las violaciones de la libertad y los derechos humanos.

Para que eso sea así, tenemos que debatir sobre qué hacer para contribuir a acabar con las dictaduras, conformando un nuevo consenso internacional (del que la UE debería ser promotora principal) que impida a quienes las encabezan pensar que todo lo que sucede hoy es un sarampión que pasará mientras ellos permanecen. (...)

Empezando por el derecho de injerencia humanitaria, que la realidad ha situado de nuevo en escena. Ante actuaciones armadas como la de Gadafi contra su propio pueblo,

¿debería la UE plantear una intervención militar internacional que protegiera a las potenciales víctimas civiles?

¿Tendría que elevar esa propuesta al Consejo de Seguridad de la ONU y, aunque no la amparara, llevarla a cabo, con o sin aliados?

¿Sería eso compatible con el derecho internacional y la soberanía nacional y, aunque no lo fuera, prevalecería un imperativo moral que obligase por encima de otra consideración?

Mi respuesta es que ya lo hicimos en Kosovo y deberíamoshaberlo hecho en Ruanda. El derecho (o, si se quiere, la obligación) de injerencia humanitaria, ejercido con tanta prudencia como compromiso, debe estar siempre presente entre los instrumentos para impedir crímenes contra la humanidad.

Siguiendo por los acuerdos con terceros.

¿Tiene la UE que establecer nítidamente unos estándares de democracia y derechos humanos por debajo de los cuales no suscribiría ningún acuerdo o rompería los existentes?

¿Ha de limitarse a incluir una cláusula democrática que, a diferencia de la actual, se activaría unilateralmente a partir de una mayoría absoluta del Parlamento Europeo o de una cualificada del Consejo, compuesto por los Gobiernos?

¿Tales estándares han de ser efectivos en todo tipo de acuerdos, incluyendo los comerciales?

Mi opinión: aplicar el principio de solo hay acuerdo con libertades y activación de la cláusula democrática a través de las citadas decisiones por mayoría. Con un corolario: hacer más exigente y efectivo el Código de Exportación de Armas en vigor.

Continuando por las sanciones contra los dirigentes de los regímenes autoritarios.

¿Ha de apoyar la UE de forma mucho más activa la persecución penal de los criminales contra la humanidad?

¿Tiene que elaborar la UE una lista de los que considera que pueden ser acusados de serlo y de otros dictadores, con o sin decisión de la ONU, de forma que no les conceda visados y les confisque sus bienes, acordando con otros Estados hacer lo propio (incluyendo Estados Unidos o Suiza) o enfrentándose políticamente con quienes no sigan esa línea?

Mi parecer: sí.

Terminando por las relaciones diplomáticas de la UE (y sus miembros).

¿Se pueden mantener con regímenes autoritarios, aplicando la doctrina de que se tienen relaciones con Estados, no con Gobiernos?

¿Debe reconocerse a la oposición democrática un estatus público y notorio que favorezca su credibilidad y su visibilidad?

Mi criterio: sí a aquella doctrina para poder influir y consideración de la oposición como interlocutor oficial.

En la práctica, lo que está pasando en el Mediterráneo nos permite y, al tiempo, nos obliga a retomar una discusión viva sobre la prevención de conflictos en la década de los noventa, a partir del genocidio en Ruanda y de la guerra en Bosnia, que la invasión de Irak promovida por George Bush en 2003 contribuyó a hacer desaparecer. (CARLOS CARNERO: Con la democracia, a calzón quitad. El País, 01/03, 2011, p. 27)

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