"En una economía capitalista, los medios de producción,
la industria, al igual que la tierra, las materias primas y los
productos elaborados, en resumen, la riqueza financiera se concentra en
manos privadas.
La alternativa a ésta es una economía social, en el que
la propiedad de los bienes, en todo o en parte, se desplace a la
sociedad en su conjunto. La intención es crear una sociedad alternativa,
que ponga la vida económica directamente en manos de los hombres y las
mujeres que están vitalmente involucrados en dicho sistema social.
Dicho
sistema alternativo sería uno que tiene el deseo y la capacidad de
reducir o eliminar los beneficios de una élite social y que construye
unas instituciones en favor de los valores humanos. Como señaló Murray
Bookchin, una economía social puede tomar varias formas.
COOPERATIVAS
Las cooperativas son empresas a pequeña escala que son de propiedad colectiva y operadas por la colectividad. Pueden constituirse como cooperativas de productores o pueden constituirse como empresas autogestionadas que a su vez están colectivizadas. Tal estructura es defendida por los anarcosindicalistas. Sus estructuras internas de reparto favorecen la participación de la sociedad en general.
En la década de 1970, muchos radicales americanos
formaron cooperativas, las cuales esperaban constituir una alternativa a
las grandes corporaciones y en última instancia a reemplazarlas.
Bookchin dio la bienvenida a este desarrollo, pero a medida que la
década avanzaba, se dio cuenta de que cada vez más esas unidades
económicas, antes radicales, fueron absorbidas por la economía
capitalista.
Mientras que las estructuras internas de las cooperativas
se mantuvieron admirablemente, pensó que en el mercado pasarían a
convertirse simplemente en otro tipo de pequeña empresa con sus propios
intereses particulares, compitiendo con otras empresas, incluso con
otras cooperativas.
De hecho, desde hace dos siglos, las cooperativas han
sido a menudo obligadas a ajustarse a los dictados del mercado,
independientemente de las intenciones de sus promotores y fundadores. En
primer lugar, una cooperativa se enreda en la red de intercambios y
contratos típicos. Luego descubre que sus rivales comerciales están
ofreciendo los mismos productos, pero a precios más bajos.
Como
cualquier empresa, la cooperativa pretende permanecer y está obligada a
competir bajando sus precios para ganar clientes, o no perderlos. Una
manera de bajar los precios es crecer en tamaño, con el fin de
beneficiarse de las economías de escala. Así, el crecimiento se hace
necesario para la cooperativa, es decir, debe “expandirse o morir”.
Incluso una cooperativa muy motivada con sus ideales tendría que mal
vender sus productos para no ser absorbida por sus competidores, la otra
opción es cerrar. Esto significa que tendría que buscar beneficios para
poder subsistir a costa de los valores humanos.
Los imperativos de la
competencia remodelarían gradualmente a la cooperativa hasta convertirla
en una empresa de corte capitalista, aunque siga siendo una propiedad
colectiva y social. Si bien la cooperación es una parte necesaria de una
economía alternativa, las cooperativas por sí mismas son insuficientes
para cuestionar al sistema capitalista.
De hecho, Bookchin argumenta que cualquier unidad
económica de propiedad privada, si se gestiona de forma cooperativa o
por los ejecutivos de la misma, ya sea propiedad de los trabajadores o
de sus accionistas, es susceptible de ser asimilada, quieran o no sus
miembros.
Mientras exista el capitalismo, la competencia siempre
requerirá que las empresas busquen menores costes (incluyendo el coste
de la mano de obra), buscar más mercados y obtener ventajas sobre sus
rivales con el fin de maximizar sus beneficios, puesto que tienden cada
vez más a valorar a los seres humanos por su nivel de productividad y
consumo, sobre cualquier otro criterio
PROPIEDAD PÚBLICA
Una economía alternativa socializada sería una en la
que tendrían que estar restringidas la búsqueda de los beneficios para
una élite, o mejor eliminados. Dado que las unidades económicas son
incapaces de contener su propia búsqueda de ganancias desde dentro,
deben ser sometidas a restricciones desde fuera.
Las unidades económicas
deberían estar integradas en una comunidad más grande que tiene el
poder no sólo para frenar la búsqueda de una empresa con fines de lucro,
sino para controlar la vida económica en general. No obstante los
imperativos expansionistas del capitalismo siempre tratarán de anular
los controles externos.
El Estado-nación expropia la propiedad privada y se convierte en su propietario. La propiedad estatal, sin embargo, ha conducido en numerosas ocasiones a la tiranía, a la mala gestión, y a la corrupción, a todo excepto a una economía cooperativa.
El concepto “propiedad
pública” implica que la propiedad es de las personas, pero la propiedad
estatal no es pública porque el Estado es una estructura de élite
dirigida por personas pertenecientes a una élite estatal.
La
nacionalización de la propiedad no da a la gente el control sobre su
vida económica; no hace sino reforzar el poder del Estado con el poder
económico. Vemos un ejemplo en el Estado soviético que se hizo cargo de
los medios de producción y los utilizó para aumentar su poder, pero dejó
las estructuras jerárquicas de autoridad intactas. La mayor parte de la
población tenía poco o nada que ver con la toma de decisiones sobre su
vida económica.
MUNICIPALISMO
Eso fue precisamente lo que Bookchin propuso como
alternativa: una forma de propiedad pública. La economía no es de
propiedad privada, ni se rompe en pequeños colectivos ni se nacionaliza,
más bien se sitúa a nivel municipal, bajo la propiedad y el control de
la comunidad.
La municipalización de la economía significa que la
propiedad y la gestión de la economía pasa a ser de los ciudadanos. Las
propiedades serían expropiadas a las clases poseedoras a través de
asambleas y confederaciones que actúan como un poder dual, en beneficio
de todos los ciudadanos.
Los ciudadanos se convertirían en los “dueños”
colectivos de los recursos económicos de su comunidad.
Los ciudadanos tendrían que formular y aprobar las
políticas económicas adecuadas para su comunidad. Ellos tomarían
decisiones acerca de la vida económica, independientemente de su
ocupación o su lugar de trabajo. Los que trabajaban en una fábrica
podría participar en la formulación de políticas no sólo para la fábrica
donde trabajan, sino para el resto de las fábricas y de las granjas
productivas.
Ellos participarían en esta toma de decisiones no como
trabajadores, agricultores, técnicos, ingenieros, o profesionales, sino
como ciudadanos. Su toma de decisiones sería guiada no por las
necesidades de una empresa, profesión u oficio específico, sino por las
necesidades de la comunidad en su conjunto.
Las asambleas serían determinarían racional y
moralmente cada nivel de necesidad. Ellos distribuirían los medios
materiales para la vida con el fin de cumplir con la máxima de los
primeros movimientos comunales:, “Cada cual según su capacidad y cada
uno según las necesidades.”
Y todos los ciudadanos que forman parte de
dicha comunidad tendrán acceso a los medios de vida, independientemente
del trabajo que sean capaces de realizar.
Por otra parte, Bookchin describió, como las asambleas
ciudadanas se asegurarían que las empresas individuales no compitieran
entre sí; en cambio se necesitaría que todas las entidades económicas se
adhirieran a los preceptos éticos de cooperación e intercambio.
Sobre las áreas geográficas más amplias, las asambleas tomarían decisiones de política económica a través de sus confederaciones. La riqueza expropiada a las clases poseedoras se redistribuiría no sólo dentro de un municipio, sino entre todos los municipios de la región. Si un municipio tratara de absorber a costa de los demás, sus aliados tendrían el derecho de impedir que lo hiciera.
Como Bookchin explicó, en una economía municipalizada,
“la economía deja de ser meramente una economía en el sentido estricto
de la palabra, ya sea como “negocio”, “mercado”, “empresas controladas
por los trabajadores” y pasa a convertirse en una verdadera economía
política”.
La economía de la polis o la comuna “se convertiría en una
economía moral, guiada por normas racionales y ecológicas”. Una ética de
la responsabilidad pública evitaría una adquisición derrochadora,
exclusiva, e irresponsable de los bienes, así como la destrucción
ecológica y laviolación de los derechos humanos.
De hecho, la comunidad
valoraría a las personas, no por su capacidad de producción y consumo
sino por su contribución positiva a la vida comunitaria." ( Janet Biehl , El Viejo Topo, 21/04/17)
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